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Por Víctor M Aviña Alva Tijuana BC 19 de mayo de 2026.- Seguramente has sentido esa inquietud al ver imágenes de playas hermosas llenas de botellas de plástico o al enterarte que los microplásticos ya están prácticamente en todos lados. Es un problema gigantesco y es completamente normal que te preguntes si hay una solución real a la vista. Afortunadamente, la respuesta viene de la mano de la innovación. La ciencia y la ingeniería están uniendo fuerzas para crear bioplásticos, materiales que se ven y se sienten exactamente igual que el plástico tradicional, pero que provienen de fuentes naturales y renovables. En este artículo, quiero contarte de manera muy sencilla cómo la tecnología está impulsando este cambio, logrando que los residuos del mañana dejen de ser una carga y se conviertan en nutrientes para la Tierra. De la naturaleza al laboratorio: Cómo la biotecnología transforma la materia prima Para que comprendas la magia detrás de esto, imagina que podemos usar maíz, caña de azúcar, aceites vegetales o incluso algas marinas para fabricar la carcasa de tu teléfono o el empaque de tus alimentos. El secreto radica en la biotecnología avanzada: Los científicos utilizan microorganismos como bacterias modificadas en laboratorios para descomponer los azúcares de estas plantas y convertirlos en cadenas de polímeros. Proceso: Este avance tecnológico permite refinar los materiales a un nivel molecular, logrando que los bioplásticos tengan la misma resistencia y flexibilidad que los plásticos derivados del petróleo, pero con la gran ventaja de que pueden biodegradarse en cuestión de meses en lugar de siglos. Además, la ingeniería de procesos ha resuelto uno de los mayores dolores de cabeza de esta industria, que era el alto costo de producción. Actualmente, gracias al uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, las plantas de producción pueden optimizar las condiciones de fermentación en tiempo real. Eficiencia: Esto significa que la tecnología está logrando que producir plástico ecológico sea cada vez más barato y accesible para todas las empresas, abriendo las puertas a una era donde cuidar el planeta ya no sea un lujo, sino la norma en cualquier supermercado o tienda de tecnología. Cifras de una transformación necesaria: El crecimiento del mercado verde Si te preguntas si este esfuerzo realmente tiene la fuerza para sustituir al petróleo, los datos globales nos demuestran que estamos ante una transformación industrial imparable. La demanda por parte de consumidores conscientes como tú está obligando a las corporaciones más grandes a cambiar sus líneas de producción. De acuerdo con el informe de mercado publicado por la firma Grand View Research (2025), se estima que el mercado global de bioplásticos alcanzará una valoración de 29,000 millones de dólares para el año 2030: Este crecimiento acelerado se debe principalmente a la adopción masiva de empaques biodegradables en la industria de alimentos y bebidas (Grand View Research, 2025). Por otro lado, la capacidad de producción global está rompiendo récords gracias a las nuevas biorrefinerías automatizadas. Según los datos estadísticos compartidos por European Bioplastics (2025), la capacidad mundial de producción de bioplásticos superará los 7.4 millones de toneladas para finales de esta década: Esta cifra representa un avance enorme, especialmente si consideramos que estos materiales reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en hasta un 80% en comparación con los plásticos convencionales (European Bioplastics, 2025). Asimismo, un análisis detallado de Statista (2026) proyecta que el consumo de plásticos de origen biológico en el sector tecnológico y automotriz crecerá a una tasa anual del 14% durante los próximos tres años, lo que confirma que tu próximo gadget podría ser mucho más verde de lo que imaginas (Statista, 2026). Finalizando En conclusión, el desarrollo de los bioplásticos impulsado por la tecnología es una de las noticias más esperanzadoras en nuestra lucha por un planeta más limpio. Al combinar el poder de la naturaleza con la precisión de la biotecnología, estamos demostrando que es posible seguir disfrutando de las comodidades del mundo moderno sin destruir nuestro hogar en el proceso. Es verdaderamente emocionante saber que, gracias a la innovación, el futuro de la manufactura es circular y respetuoso con el medio ambiente. La próxima vez que tengas en tus manos un empaque compostable, recuerda que detrás de él hay miles de horas de ciencia y tecnología trabajando para que dejes una huella positiva en el mundo. El verdadero progreso no consiste en dejar de usar herramientas útiles, sino en rediseñarlas de manera inteligente para que convivan en perfecta armonía con la vida.

Redacción Tijuana, 18 de mayo de 2026.- Con el fin de fortalecer la prevención y proteger la vida de las personas en las vialidades de la entidad, el diputado Jorge Ramos propuso agravar las sanciones penales contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas desde la primera detección, así como tipificar la conducción a velocidades excesivas como delito autónomo de peligro. El legislador local aseveró que la magnitud de los siniestros viales es crítica, y refirió que, aunque el Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2022, reporta una reducción ligera en las muertes registradas entre 2016 y 2021, en 2022 el país sumó 14 mil 715 defunciones y más de 355 mil accidentes, mientras en Baja California se contabilizaron 264 muertes, 13 mil 749 siniestros y 3 mil 405 personas lesionadas, con una tasa de letalidad de 1.9 por cada 100 accidentes y una tasa de accidentalidad de 7.1 por cada mil vehículos, principalmente en Tijuana, Mexicali y Ensenada. "La seguridad vial no es solamente un problema de tránsito, es un problema de derechos humanos. Cada muerte en las vialidades de Baja California es una vulneración del derecho a la vida que el Estado tiene la obligación de prevenir con todos los instrumentos a su alcance, incluido el derecho penal", indicó Ramos Hernández. Su iniciativa plantea reformar el Código Penal de Baja California para que la primera detección sin daño ya tenga consecuencias penales, como la multa y suspensión temporal del derecho a conducir, en lugar de un simple apercibimiento administrativo. Además, incorpora parámetros cuantitativos de alcohol en sangre y aire espirado conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y amplía las hipótesis de agravación con penas más severas. Asimismo, se adiciona el artículo 255 Bis para tipificar la conducción a velocidad excesiva como delito autónomo, con sanciones que incluyen multa, suspensión del derecho a conducir y, en casos agravados, prisión. "No podemos seguir tolerando que la primera detección de un conductor bajo efectos de alcohol o drogas quede sin consecuencia penal. La evidencia demuestra que esa omisión cuesta vidas, y es nuestra responsabilidad cerrar esa laguna normativa para proteger a las familias de Baja California", finalizó.

Redacción Tijuana, 18 de mayo de 2026.- Más de 5 mil 100 asesorías en materia jurídica, entre ellas sobre asuntos como patria potestad y custodia, ha ofrecido el XXV Ayuntamiento de Tijuana, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Tijuana), principalmente a personas de los sectores más vulnerables, garantizando que el desconocimiento de la ley no sea un obstáculo para el bienestar familiar. La directora del DIF Tijuana, Paola Leyva, indicó que la administración municipal busca "fortalecer el acompañamiento a las familias, especialmente a quienes más lo necesitan. De las más de 5 mil asesorías brindadas, 3 mil 339 fueron dirigidas a mujeres, de las cuales el 23% corresponde a casos relacionados con patria potestad y custodia; mientras que el 77% restante se enfoca en orientación jurídica general. La funcionaria municipal destacó que la confianza ciudadana se refleja en el incremento de solicitudes de este servicio, ya que de 671 consultas registradas al cierre de 2024, aumentó a 3 mil 328 durante 2025 y, en lo que va de 2026, ya se contabilizan mil 139 atenciones. Leyva Izaguirre agregó que para acceder a este servicio, las y los interesados pueden acudir a las oficinas de DIF Municipal de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. El proceso inicia con el llenado de una ficha de registro, tras lo cual se brinda la atención correspondiente para definir la ruta legal a seguir o en su caso, canalizar a la instancia competente. Con estas acciones, el XXV Ayuntamiento de Tijuana reafirma que el acceso a la justicia y al acompañamiento legal no es un privilegio, sino un derecho al alcance de todas y todos, contribuyendo a la construcción de familias más seguras y protegidas.

Columna Horas Extras Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México, 18 de mayo 2026.- La informalidad laboral ya no vive únicamente en los márgenes. Ya no se esconde bajo lonas improvisadas en mercados ambulantes ni habita solamente en talleres clandestinos o changarros sin licencia. Hoy usa traje, trabaja frente a una computadora, firma contratos temporales, emite facturas, responde correos institucionales y asiste a juntas corporativas. La precariedad dejó de ser un accidente periférico: se convirtió en uno de sus mecanismos centrales de funcionamiento. La Organización Internacional del Trabajo va con un dato duros : casi 58 por ciento de las personas ocupadas en el mundo trabajan en condiciones de informalidad. No se trata de una anomalía pasajera ni de un rezago exclusivo de economías pobres. Es una transformación profunda del trabajo contemporáneo. Lo verdaderamente inquietante no es sólo la magnitud del fenómeno, sino su capacidad de infiltración. La informalidad cruzó las puertas de las empresas formales, penetró las instituciones públicas y alcanzó incluso a quienes dedicaron años a profesionalizarse bajo la promesa de movilidad social. Por décadas nos vendieron una narrativa tranquilizadora: estudiar garantizaría estabilidad; ingresar a una empresa consolidada equivaldría a seguridad; conseguir un puesto gubernamental sería sinónimo de derechos laborales protegidos. Ese pacto social hoy se derrumba frente a millones de trabajadores que, aun dentro de estructuras “formales”, viven sin certeza, sin prestaciones completas y sin futuro. Así también la economía presume sofisticación tecnológica mientras normaliza relaciones laborales cada vez más primitivas. El discurso empresarial habla de innovación, flexibilidad y competitividad global, pero en muchos casos esos conceptos son apenas eufemismos elegantes para justificar la transferencia total del riesgo hacia el trabajador. El empleado flexible es, en realidad, el empleado desprotegido. El colaborador independiente suele ser un subordinado sin derechos. El contrato temporal muchas veces es simplemente precariedad con lenguaje administrativo. Lo más alarmante es que esta mutación ha logrado legitimarse culturalmente. La inestabilidad ya no se presenta como un fracaso del sistema, sino como una virtud adaptativa. Se romantiza la incertidumbre. Se glorifica el “emprendimiento” incluso cuando detrás sólo existe ausencia de empleo digno. A generaciones enteras les enseñaron que vivir sin seguridad social, sin vacaciones pagadas y sin estabilidad no era explotación, sino libertad. La expansión de la informalidad dentro del sector público resulta todavía más evidente. Cuando incluso el Estado —que debería fungir como garante de derechos laborales— reproduce esquemas de contratación precaria. Ni las instituciones creen ya en la estabilidad que prometen. Gobiernos que hablan de justicia social mientras sostienen trabajadores eventuales, honorarios eternos y contratos frágiles exhiben una contradicción ética profunda. El Estado termina convirtiéndose no en regulador del deterioro laboral, sino en participante activo de él. La educación superior tampoco escapó a esta erosión. Durante mucho tiempo, el título universitario operó como una especie de salvoconducto hacia la estabilidad económica. Hoy, miles de profesionistas sobreviven enlazando proyectos temporales, trabajos freelance, consultorías mal pagadas o esquemas híbridos donde laboran como empleados permanentes sin reconocimiento formal. La sobrecalificación convive con la incertidumbre. Ingenieros, diseñadores, periodistas, abogados, académicos y especialistas viven atrapados en un mercado que exige excelencia, pero ofrece fragilidad. La gran ironía es que nunca hubo tantos trabajadores preparados y nunca fue tan difícil garantizarles condiciones dignas. Lo que está ocurriendo no es únicamente un deterioro económico. Es también una transformación moral. La informalidad masiva erosiona la idea misma de ciudadanía social. Un trabajador sin protección vive permanentemente expuesto al miedo: miedo a enfermarse, miedo a perder ingresos, miedo a envejecer, miedo a reclamar derechos, miedo a no poder detenerse jamás. La precariedad no sólo reduce salarios; reduce horizontes de vida. Y mientras tanto, los sistemas de seguridad social comienzan a crujir. Menos trabajadores plenamente formalizados implican menos aportaciones, menos cobertura y más presión financiera sobre estructuras públicas ya debilitadas. El resultado es un círculo perverso: empleos precarios producen sistemas sociales frágiles, y sistemas sociales frágiles producen sociedades todavía más vulnerables a la precarización. La informalidad dejó de ser una excepción para convertirse en la norma silenciosa del siglo XXI. Lo verdaderamente peligroso es acostumbrarse. Aceptar como inevitable que millones trabajen sin protección. Asumir que la estabilidad laboral pertenece al pasado. Creer que vivir permanentemente al borde del colapso económico es parte natural de la modernidad. Porque una sociedad donde incluso el empleo formal ya no garantiza dignidad es una sociedad que comenzó a vaciar de contenido el concepto mismo de trabajo. Y cuando el trabajo pierde su capacidad de ofrecer estabilidad, protección y futuro, no sólo se precariza la economía: se precariza la democracia, se fractura el tejido social y se normaliza una cultura de supervivencia permanente. La OIT no está describiendo simplemente un problema estadístico. Está documentando el agotamiento de un modelo laboral global que prometió progreso mientras multiplicaba incertidumbre. Y quizá la pregunta más incómoda no sea cuántos trabajadores viven en la informalidad, sino cuántos sistemas económicos dependen ya de ella para seguir funcionando.

Redacción Tijuana, 18 de mayo de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló de forma preventiva las cuentas del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad acusados por el Gobierno de Estados Unidos de sostener vínculos con el Cártel de Sinaloa (CDS), confirmó este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La dependencia emitió un comunicado en el que explica que el bloqueo se realizó de forma preventiva, y aclara que la medida no constituye la confirmación de los cargos que el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) hizo públicos contra los 10 servidores públicos, entre los que también se encuentra el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez. Aunque no nombra directamente a los acusados, el documento indica que la medida deriva de "reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano", a su vez generados por "señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas". Asimismo, explica que la inmovilización tiene "el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional", sin que esto constituya "una determinación definitiva ni [...] la acreditación de responsabilidad" de los sujetos señalados, sino "acciones preventivas de carácter administrativo".

Redacción Tijuana, 18 de mayo de 2026.- "No hay ningún riesgo" por las posibles declaraciones ante Estados Unidos de los dos excolaboradores de Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, que recientemente se entregaron a las autoridades del país vecino, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre los riesgos que ve tras la entrega de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivos exsecretarios de Seguridad y de Administración en el gobierno de Rocha Moya, descartando que sus eventuales declaraciones representen algún riesgo para el país. Asimismo, aclaró que los reiterados señalamientos que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha realizado respecto a que México es gobernado por los cárteles, no se los ha hecho directamente y en privado a ella. "El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos, no me lo dice a mí. Ha dicho que en México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la Presidenta. Y además siempre le he dicho 'no es cierto, Presidente'", agregó.

Por Víctor M Aviña Alva Tijuana BC 18 de mayo de 2026.- Seguramente has sentido alguna vez el cansancio de caminar por una gran avenida llena de tráfico, respirando el humo de los autos y envuelto en ese ruido constante que parece no apagarse nunca. Vivir en la ciudad tiene muchísimas ventajas, pero la contaminación es ese precio invisible, y a veces muy alto, que todos terminamos pagando. Por suerte, quiero contarte que la forma en que habitamos los espacios urbanos está cambiando por completo gracias a la tecnología. Ya no estamos hablando de una idea futurista sacada de los libros, sino de una realidad que hoy conocemos como ciudades inteligentes o smart cities. En este artículo, vamos a platicar sobre cómo el uso inteligente de los datos y la conectividad está logrando limpiar el aire que respiras y transformar nuestras calles en lugares mucho más saludables y amigables para vivir. Ciudades que respiran: Sensores inteligentes y movilidad eficiente Para que logres visualizar este cambio, imagina que la ciudad se convierte en un organismo vivo capaz de sentir dónde le duele. Esto es posible gracias al internet de las cosas, que consiste en colocar miles de pequeños sensores en semáforos, postes de luz y edificios públicos. Su función es muy clara: Medir en tiempo real la calidad del aire, los niveles de ruido y el flujo de los autos. Al tener esta información al instante, los centros de control pueden tomar decisiones inmediatas, como cambiar la sincronización de los semáforos para evitar los molestos embotellamientos que hacen que los vehículos pasen horas encendidos liberando gases nocivos a la atmósfera. Pero la optimización del tráfico es sólo el principio. Las ciudades inteligentes también aplican la tecnología a la gestión de los recursos cotidianos, como la recolección de basura. Al instalar sensores de llenado en los contenedores públicos, los camiones recolectores ya no tienen que dar vueltas innecesarias por toda la ciudad gastando combustible: Ellos planifican sus rutas basándose únicamente en los botes que ya están llenos. El beneficio directo: Menos vehículos pesados congestionando las calles y una reducción notable en la contaminación acústica y ambiental de tu vecindario, logrando que el entorno urbano se vuelva mucho más ligero y limpio de una forma totalmente automatizada. La transformación en cifras: Datos de un cambio necesario Si te preguntas qué tan efectivos están siendo estos sistemas en la vida real, los números actuales demuestran que la inversión en infraestructura inteligente es la estrategia más sólida para salvar el medio ambiente urbano. Los gobiernos del mundo están acelerando la adopción de estas tecnologías porque los resultados son medibles y muy alentadores. De acuerdo con un informe de la consultora Grand View Research (2025), se estima que el mercado global de tecnologías para ciudades inteligentes alcanzará una valoración de 2.5 billones de dólares para el año 2030: Este crecimiento acelerado está impulsado por la urgencia de reducir la huella de carbono en los centros urbanos más poblados (Grand View Research, 2025). Por otro lado, el impacto directo en las emisiones de gases contaminantes es sumamente evidente en las ciudades que ya adoptaron estos modelos. Según los datos estadísticos publicados por Statista (2026), los sistemas avanzados de gestión de tráfico inteligente han logrado reducir las emisiones de dióxido de carbono en hasta un 22% en las zonas metropolitanas donde se han implementado: Este dato nos demuestra que optimizar el movimiento de los autos es una de las herramientas más potentes que tenemos para limpiar el cielo (Statista, 2026). Asimismo, un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (2025) destaca que la integración de redes eléctricas inteligentes y sistemas de iluminación led automatizados en espacios públicos reduce el consumo de energía de las ciudades en un 30%, disminuyendo de forma indirecta la quema de combustibles fósiles a gran escala (Naciones Unidas, 2025). Finalizando En conclusión, el impacto de las smart cities en la reducción de la contaminación urbana nos demuestra que la tecnología tiene un propósito profundamente humano. Al transformar los datos en acciones ecológicas concretas, estamos construyendo un futuro donde el progreso no tiene que ser sinónimo de cielos grises y enfermedades respiratorias. Es muy emocionante saber que, gracias a la innovación digital, las ciudades del mañana están siendo diseñadas para cuidarte y ofrecerte una calidad de vida mucho más elevada. La tecnología no viene a alejarnos de la naturaleza, sino a brindarnos las herramientas necesarias para convivir con ella de una manera mucho más respetuosa y equilibrada. Al final del día, una ciudad inteligente es, sobre todo, una ciudad que elige respirar mejor.

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México, 18 de mayo 2026.- En Jerez, Zacatecas —tierra marcada por la migración, las remesas y la ausencia obligada de miles de familias— el diputado federal Ulises Mejía Haro salió a respaldar la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo bajo una narrativa conocida pero siempre vigente: soberanía, no intervención y autodeterminación. El mensaje parece sencillo, incluso lógico: México debe cooperar con Estados Unidos, sí, pero sin agachar la cabeza. Sin subordinación. Sin renunciar a su dignidad nacional. El problema es que en México la soberanía suele pronunciarse con firmeza desde el discurso político, mientras la realidad cotidiana obliga a millones de mexicanos a negociar su supervivencia bajo condiciones de dependencia económica, migratoria y comercial profundamente desiguales. Ahí está la contradicción central que este posicionamiento intenta administrar: defender la independencia nacional mientras la economía mexicana sigue atada al mercado estadounidense y mientras millones de connacionales viven, trabajan y sostienen comunidades enteras desde el otro lado de la frontera. No es casual que el pronunciamiento ocurra precisamente en Zacatecas. En regiones como Jerez, Nochistlán o Fresnillo, la política exterior no es un tema abstracto de cancillerías; se vive en las llamadas telefónicas desde California, en las remesas que mantienen negocios familiares, en las deportaciones, en las visas negadas y en el miedo constante de las redadas migratorias. Allí, hablar de soberanía también significa hablar de familias separadas y de comunidades que dependen económicamente de trabajadores que Estados Unidos necesita, pero rara vez reconoce con dignidad plena. Por eso el discurso de “coordinación sin subordinación” encuentra eco político. Porque durante décadas México ha oscilado entre dos extremos igual de improductivos: el nacionalismo retórico que no cambia nada y la complacencia diplomática que termina aceptando presiones externas en temas de seguridad, migración y comercio. La actual narrativa del gobierno federal intenta colocarse en un punto intermedio: cooperación sí, sometimiento no. Sin embargo, la contundencia del discurso enfrenta una prueba mucho más compleja que cualquier declaración pública. La verdadera soberanía no se mide en conferencias ni en asambleas informativas; se mide en la capacidad del Estado para proteger efectivamente a sus ciudadanos dentro y fuera del país. Y ahí es donde las palabras comienzan a quedarse cortas. Las organizaciones migrantes mexicanas llevan años señalando esa distancia entre el simbolismo patriótico y la protección real. Colectivos binacionales como Nación Migrante han insistido en que la relación México-Estados Unidos no puede reducirse únicamente a tratados comerciales o acuerdos de contención migratoria. Han advertido que los mexicanos en el exterior no deben ser vistos solamente como generadores de remesas, sino como sujetos plenos de derechos políticos, laborales y humanos. En distintos posicionamientos públicos, activistas migrantes han reclamado una política exterior menos ceremonial y más combativa frente a abusos laborales, deportaciones arbitrarias y criminalización de la comunidad mexicana en territorio estadounidense. Ese reclamo tiene fundamento. Porque mientras desde la política se habla de autodeterminación, miles de jornaleros migrantes siguen trabajando en condiciones precarias; mientras se invoca la dignidad nacional, familias enteras continúan enfrentando sistemas consulares lentos, burocráticos y muchas veces insuficientes; mientras se habla de respeto mutuo entre naciones, Estados Unidos mantiene intacta una lógica fronteriza donde la migración mexicana sigue tratándose como problema de seguridad antes que como fenómeno humano y económico compartido. El reto, entonces, no consiste únicamente en sostener una postura diplomática firme frente a Washington. El verdadero desafío es evitar que la soberanía se convierta en un recurso discursivo de consumo interno mientras las condiciones estructurales permanecen intactas. Porque ninguna nación puede proclamarse plenamente soberana cuando amplias regiones dependen casi exclusivamente de las remesas enviadas por trabajadores obligados a migrar ante la falta de oportunidades locales. Ahí aparece otro elemento incómodo que el discurso político rara vez aborda de frente: la migración no es solamente una historia de esfuerzo y orgullo comunitario; también es evidencia histórica del fracaso del desarrollo regional. En ese contexto, el respaldo de Ulises Mejía Haro funciona más como una caja de resonancia política que como un cambio real en la relación bilateral. Sirve para reforzar territorialmente la narrativa presidencial y conectar emocionalmente con comunidades históricamente sensibles al tema migratorio. Pero la eficacia de esa postura no dependerá de su potencia retórica, sino de su capacidad para traducirse en resultados tangibles. Sígueme en mis redes sociales: @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542

Cicuta Jaime Flores Martínez Heterogéneo Lunes 18 de mayo del 2026.- Reputado en la rancia práctica del libertinaje, el exdelegado de Programas Federales en Baja California Alejandro Ruiz Uribe transitará —a partir de hoy— en lo más escabroso de su intención de obtener la candidatura de MORENA a la gubernatura del Estado. ¡Su fama de promiscuo lo persigue! Y no se trata de satanizar su intermitente práctica de infidelidad marital, sino subrayar que en la actualidad la reputación de “don Juan” representa un enorme riesgo en la política electoral. Al referir el término “escabroso” el columnista busca dejar en claro que sus competidores maniobran paralelamente para ellos mismos y también en detrimento de quienes se observan en la competencia. Cicuta precisa que no forma parte de esa “guerra sucia” entre los aspirantes y además subraya que resulta imposible pasar por alto que detrás de los ataques mediáticos —sobre uno u otro suspirante— se encuentra la mano negra de alguno de ellos. El asunto viene a cuento porque el pasado miércoles en las redes sociales se viralizó el mensaje de una supuesta ex empleada de Ruiz Uribe, donde —entre otras cosas— lo califica de viejo inútil y arrogante, aunque lo destacable es que subraya que su costumbre es establecer relaciones extramaritales. Y aunque la mujer en cuestión, que supuestamente es la autora de ese breve texto, lo destacable es que aborda un tema que persigue a Ruiz Uribe. Sus propios colaboradores lo ubican como un personaje “ojo alegre” que no repara en las circunstancias para implementar estrategias de seducción. Al margen de su “naturaleza” como individuo, Ruiz Uribe (el Cachorro) goza también de inteligencia e intuición. Sabe la verdadera intención de sus detractores y percibe de dónde vienen los golpes bajos. El cronómetro deja saber que el tiempo se acorta. La ruta es ahora más difícil. Su fama de catrín es la espada más filosa que usarán sus competidores en la búsqueda de la candidatura. Diablo Por cierto, en la recta final de la competencia entre morenistas que aspiran convertirse en el candidato de MORENA a la gubernatura de Baja California también destaca Fernando Castro Trenti, apodado el Diablo, un personaje que despide un tufo a azufre, aunque eso no le quita tener el colmillo retorcido. Desde que pidió licencia en el Congreso de la Unión, Castro Trenti se dedica a abrirse paso a través de una estrategia mediática. Ya el columnista refirió que el Diablo disfrazó su mote para sacarle provecho. Ahora destaca su apelativo para proyectar capacidad. Este señor no quiere que lo ubiquen como “perverso” y maldito. Su intención es que lo identifiquen como un hombre capaz, al que sus adversarios buscan debilitar. Los dos personajes referidos en el presente texto tienen algo en común: ambos son extraordinariamente ambiciosos y muy probablemente los 2 queden fuera. Ah, también ambos practican la guerra sucia. Positivo Qué bueno que el gobierno de Baja California apoya económicamente a las familias al entrar la temporada de calor. La semana pasada la gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció la entrega de vales de 1,500 pesos para que las familias mexicalenses paguen su recibo de energía eléctrica que en esta temporada aumenta considerablemente. Los recibos de luz tienen un incremento que se entiende con el aumento de las temperaturas y las familias de toda la entidad requieren ese tipo de apoyo. Cicuta News.com Cicuta.com.mx X: @cicutabc Facebook: cicuta YouTube: jaime cicuta columna Instagram: jaime flores cicuta TikTok: cicuta.news

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México 17 de mayo 2026.- El gobierno de Donald Trump puso en marcha una nueva ofensiva migratoria que ya no sólo apunta contra personas indocumentadas, sino también contra residentes legales permanentes en Estados Unidos. De acuerdo con información obtenida por The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional creó una unidad especial para revisar miles de casos de titulares de la green card y buscar posibles causas de deportación. Hasta el pasado 7 de mayo, alrededor de 2 mil 890 residentes permanentes habían sido evaluados o estaban bajo revisión. Sin embargo, documentos internos revelan que el 80 por ciento de los casos no requirió ninguna acción adicional y apenas cerca del 2 por ciento fue considerado potencialmente deportable. La estrategia forma parte de una nueva división denominada “Operaciones Tácticas”, integrada por áreas de desnaturalización, revisión de refugiados y expulsión de residentes legales permanentes. Según documentos citados por el diario estadounidense, unos 40 funcionarios migratorios trabajan actualmente en investigar antecedentes penales, posibles fraudes y omisiones en solicitudes migratorias ya aprobadas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) defendió la medida argumentando que busca fortalecer los controles de seguridad nacional y detectar casos de fraude migratorio. Entre los expedientes revisados figuran personas con antecedentes por delitos graves, violencia doméstica, manejo bajo influencia de alcohol o drogas y supuestos vínculos con organizaciones investigadas por actividades ilícitas. No obstante, especialistas y exfuncionarios estadounidenses han cuestionado la eficacia y el alcance de esta política. Sarah Pierce, exanalista del USCIS y actual integrante del centro de estudios Third Way, advirtió que la agencia enfrenta un rezago superior a los 11 millones de trámites migratorios pendientes, por lo que destinar recursos a revisiones masivas podría agravar aún más el colapso administrativo. Además, organizaciones binacionales de defensa migrante, como #NaciónMigrante, alertaron que esta política genera incertidumbre entre millones de familias que durante años consideraron la residencia permanente como una garantía de estabilidad legal. El colectivo señaló que el endurecimiento migratorio impulsado por Trump profundiza la criminalización de las comunidades migrantes y amplía la persecución más allá de personas sin documentos. La nueva ofensiva representa un cambio importante en la política migratoria estadounidense. Tradicionalmente, las revisiones a titulares de green card ocurrían sólo cuando existían delitos graves o durante procesos específicos como renovaciones o solicitudes de ciudadanía. Ahora, el gobierno federal busca revisar de manera proactiva expedientes de residentes legales para detectar posibles causas de deportación. Aunque la deportación de residentes permanentes no es inmediata y requiere la intervención de jueces migratorios, abogados y organizaciones civiles advierten que la medida fortalece un clima de temor entre comunidades migrantes, particularmente entre mexicanos y latinos que han vivido durante décadas en Estados Unidos bajo estatus legal. Para críticos de la estrategia, el mensaje político es claro: incluso quienes cumplieron con todos los requisitos legales podrían quedar bajo sospecha permanente en medio de una campaña migratoria cada vez más agresiva. Sígueme en mis redes sociales: @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542

Columna Horas Extras Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México, 15 de mayo 2026.- El relevo en la dirección general de Petróleos Mexicanos no ocurre en un momento cualquiera. Llega cuando la empresa más emblemática del Estado mexicano atraviesa una de sus etapas más frágiles, tensas y contradictorias de los últimos años: una petrolera que sigue siendo símbolo de soberanía nacional, pero que al mismo tiempo carga con un peso financiero y laboral que amenaza con paralizarla desde dentro. La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de remover a Víctor Rodríguez Padilla y colocar en su lugar a Juan Carlos Carpio Fragoso no parece una simple transición administrativa. Es, en realidad, un movimiento de contención. Un intento por colocar a un perfil financiero en el centro de una crisis que ya dejó de ser exclusivamente energética para convertirse en un problema estructural de viabilidad económica, operación industrial y gobernabilidad laboral. Carpio Fragoso llega con números alarmantes sobre la mesa. El pasivo laboral de Pemex alcanzó al cierre de 2025 los 1.47 billones de pesos y, apenas iniciado 2026, ya ronda los 1.49 billones. La cifra no solo es escandalosa por su tamaño; lo es porque revela una verdad incómoda: Pemex se ha convertido en una empresa que destina una parte creciente de sus recursos no a producir más petróleo, innovar o modernizar infraestructura, sino a sostener una pesada maquinaria de obligaciones laborales y jubilaciones acumuladas durante décadas. El problema es que detrás de cada cifra existe una dimensión política. Reducir costos laborales en Pemex nunca ha sido únicamente una decisión financiera; es tocar uno de los centros históricos de poder del país. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana sigue siendo un actor determinante en la estabilidad interna de la empresa. El reciente acuerdo salarial de 4.5% para más de 90 mil trabajadores sindicalizados demuestra que el sindicato mantiene capacidad de negociación incluso en medio de la peor presión presupuestal de la petrolera. Pero el verdadero riesgo quizá no esté en el sindicato tradicional, sino en el creciente malestar silencioso de técnicos, profesionistas y personal de confianza. Ahí se está incubando otro conflicto: trabajadores especializados que denuncian exclusión salarial, incertidumbre laboral y una reorganización interna que, bajo el discurso de eficiencia, parece traducirse en más carga de trabajo y menos garantías. Pemex vive hoy una paradoja brutal. Mientras busca adelgazar estructuras y contener gastos, necesita al mismo tiempo elevar productividad, reforzar seguridad industrial y recuperar producción petrolera. Sin embargo, las señales apuntan en sentido contrario. La empresa registró durante 2025 su peor nivel de producción de crudo en más de una década y continúa bajo presión pública por incidentes operativos que exhiben desgaste en instalaciones, mantenimiento insuficiente y riesgos crecientes para los trabajadores. La pregunta de fondo no es solamente si Juan Carlos Carpio podrá sanear las finanzas de Pemex. La verdadera interrogante es si todavía existe margen político y operativo para rescatar un modelo de empresa que durante años fue utilizado como instrumento fiscal, botín político y símbolo ideológico, pero que quedó rezagado frente a las exigencias técnicas y económicas de la industria energética contemporánea. Porque el problema de Pemex ya no puede explicarse únicamente por la corrupción del pasado ni por las reformas energéticas anteriores, como suele hacerse desde el discurso oficial. Tampoco basta con apelar al nacionalismo petrolero para ocultar que la empresa enfrenta una crisis de productividad, deuda, inversión y confianza interna. El nuevo director tendrá que resolver una ecuación prácticamente imposible: reducir costos sin provocar una rebelión sindical, reorganizar personal sin destruir capacidad técnica, contener el pasivo laboral sin golpear derechos adquiridos y aumentar producción en medio de restricciones presupuestales severas. Todo ello bajo la presión permanente del gobierno federal, los mercados financieros y una opinión pública cada vez más escéptica sobre el futuro de la petrolera. El relevo en la dirección de Pemex no representa, por ahora, una renovación profunda. Parece más bien una maniobra de emergencia dentro de una empresa que continúa administrando sus crisis sin terminar de resolverlas. Y quizá ese sea el dato más preocupante: México sigue dependiendo estratégicamente de una petrolera cuya principal batalla ya no está en los pozos ni en las refinerías, sino en su propia supervivencia financiera y laboral.

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México, 16 de mayo 2026.- Estimado lector, partamos de esto: Ningún ser humano es ilegal. Sin embargo, en Estados Unidos, la democracia pierde legitimidad cuando millones de personas sostienen esa nación con su trabajo, pero no tienen voz para defender sus derechos. Ahí radica la importancia del voto migrante: no como un gesto simbólico ni como una concesión política, sino como una herramienta de resistencia frente a un sistema que necesita a los migrantes para producir riqueza, pero que al mismo tiempo los criminaliza para ganar votos. Nuestro vecino país del Norte vive una contradicción muy cara. Sus campos agrícolas, sus carreteras, fábricas, hoteles y sus cocinas funcionan gracias a millones de trabajadores migrantes. Sin ellos, buena parte de la economía simplemente se detendría. Empero, el discurso político dominante insiste en presentar la migración como amenaza, invasión o problema de seguridad nacional. Se persigue a quienes levantan edificios, cosechan alimentos y mantienen viva la maquinaria económica. Se les exige productividad, pero se les niega dignidad. Frente a esta realidad, asociaciones de migrantes mexicanos y organizaciones binacionales comenzaron a asumir una postura cada vez más firme. Colectivos de defensa comunitaria, federaciones de clubes migrantes y redes civiles como #NaciónMigrante han advertido que el endurecimiento del discurso antimigrante no solo amenaza derechos humanos fundamentales, sino también la estabilidad social y económica de millones de familias transnacionales. Su posicionamiento es claro: los migrantes no son una carga ni una estadística electoral; son sujetos políticos, ciudadanos organizados y una fuerza social capaz de influir tanto en Estados Unidos como en México. La exigencia ya no es únicamente detener deportaciones arbitrarias, sino construir una agenda binacional basada en representación política, regularización y respeto pleno a la dignidad humana. La nueva estrategia del ICE confirma que la política migratoria estadounidense ha dejado de centrarse en seres humanos para convertirse en un espectáculo de control. Ya no se habla de familias, sino de “objetivos”; no de derechos, sino de “operativos estratégicos”. La tragedia humana queda reducida a estadísticas y expedientes burocráticos. Detrás de cada deportación hay una historia de violencia, pobreza o abandono estatal. Nadie abandona su tierra por capricho; se migra cuando quedarse significa sobrevivir entre el miedo o la miseria. Por eso el voto migrante incomoda tanto: porque rompe el silencio impuesto. Porque transforma a quienes históricamente fueron tratados como mano de obra desechable en actores políticos capaces de castigar gobiernos, modificar agendas y exigir políticas más humanas. El voto migrante no solo defiende a quienes cruzaron una frontera; también cuestiona la hipocresía de un sistema que presume democracia mientras administra el miedo como estrategia electoral. Cuando un país convierte la migración en una guerra permanente, termina erosionando algo más profundo que los derechos de los extranjeros: destruye su propia credibilidad moral. Y una democracia que necesita migrantes para sostener su economía, pero los persigue para sostener su política, revela una verdad incómoda: el problema nunca fue la migración, sino la deshumanización convertida en poder. Bueno... Así las cosas... Sígueme en mis redes sociales: @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542