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Por Víctor M Aviña Alva Tijuana BC 24 de agosto del 2026.- Seguramente te ha pasado que intentas ver una película en alta definición mientras alguien más descarga un juego pesado o está en una videollamada, y la pantalla se queda congelada cargando. Durante años, hemos visto evolucionar nuestras conexiones domésticas con cada generación de wifi, agregando más velocidad, pero manteniendo problemas de saturación cuando se conectan muchos teléfonos, televisores y computadoras al mismo tiempo. Por fortuna, la industria de las telecomunicaciones ha presentado el estándar oficial conocido como Wi-Fi 7 o 802.11be. En este artículo, platicaremos de forma cercana sobre esta guía definitiva para entender el wifi 7 sin ser un experto, descubriendo cómo esta tecnología soluciona las interrupciones para ofrecerte una conexión sumamente rápida, estable y amigable en todos tus dispositivos. Autopistas digitales de tres bandas: Cómo funciona la superconexión inalámbrica Para que logres visualizar el salto tecnológico de forma muy sencilla, imagina que las generaciones anteriores de wifi enviaban la información por una sola avenida con carriles reducidos. Funcionamiento: El wifi 7 introduce la tecnología de operación multienlace o MLO por sus siglas en inglés, la cual permite que tu teléfono o computadora se conecte simultáneamente a tres bandas de frecuencia diferentes de forma automática. Si una vía se congestiona con tráfico digital, la información salta de inmediato a otra banda sin interrumpir tu navegación. A esta flexibilidad se suma la ampliación de los canales de transmisión al doble de ancho que la generación previa. Ventaja: La red es capaz de transportar volúmenes de datos colosales a velocidades insospechadas, reduciendo las interferencias con las redes de tus vecinos. Ya no tendrás que preocuparte por ubicarte cerca del módem para tener buena señal, pues la cobertura se vuelve uniforme, robusta y amigable para soportar decenas de aparatos conectados al mismo tiempo en tu casa. El impacto de la conectividad ultrarrápida: Cifras de un mercado en expansión Si te genera curiosidad saber qué tan rápida es la adopción de este nuevo estándar de conectividad a nivel mundial, las cifras confirman un despliegue acelerado en la electrónica de consumo. De acuerdo con el reporte de la consultora internacional Grand View Research (2025), se estima que el mercado global de dispositivos y routers compatibles con wifi 7 alcanzará una valoración de 31,000 millones de dólares para el año 2030: Este impulso está motivado por la adopción masiva de visores de realidad virtual, transmisión en resolución ocho K y casas inteligentes (Grand View Research, 2025). Por otra parte, las mejoras operativas en velocidad y reducción de demoras son absolutamente contundentes. Según las estadísticas publicadas por la plataforma Statista (2026), las redes equipadas con wifi 7 logran reducir la latencia de conexión en un 75% en comparación con la tecnología wifi 6: Esta disminución elimina cualquier retraso en juegos en línea o transmisiones en directo (Statista, 2026). Asimismo, una investigación del Global Wireless Technology Institute (2025) destaca que esta nueva generación incrementa la velocidad máxima teórica de transmisión en un 48%, probando que la fluidez digital es la prioridad de la conectividad moderna (GWTI, 2025). Finalizando En conclusión, tener esta guía definitiva para entender el wifi 7 sin ser un experto nos demuestra que la tecnología inalámbrica avanza para volvernos la vida más fácil y libre de frustraciones. Al combinar múltiples bandas de transmisión, mayor ancho de banda y respuestas instantáneas de manera transparente, este estándar elimina los puntos ciegos y la lentitud de nuestras redes del hogar. Es verdaderamente emocionante saber que muy pronto podrás conectar todos los dispositivos que desees en tu casa sin notar caídas en el rendimiento. Al final del día, la innovación más maravillosa es aquella que funciona sin que te des cuenta de su presencia, recordándote que disfrutar de internet de alta velocidad debe ser una experiencia fluida, sencilla y totalmente al alcance de tu mano.

Cicuta Jaime Flores Martínez Relegado Lunes 24 de agosto del 2026.- Atormentado porque está consciente que ya le dieron “una patada en el trasero”, el diputado federal morenista Fernando Castro Trenti mandó a sus zalameros a tronar contra el partido que —paradójicamente— lo rescató de la inopia política. ¡Quiere sacar algo de provecho! Ya el pasado lunes 3, el columnista se refirió a una reunión que convocó MORENA —el día último de julio— a los principales aspirantes a la “coordinación estatal para la defensa de la Transformación” (candidato a la gubernatura pues). En esa reunión, Castro Trenti (el Diablo) propuso a la senadora Julieta Ramírez Padilla como “candidata de unidad”. ¡Los demás pudieron calificarlo de “arrastrado”! Hasta el más atarantado entendió —en ese momento—que el Diablo ya sabía que MORENA lo había bateado y entonces decidió acordar con la senadora con licencia Julieta Ramírez “una posición cómoda” (en su posible gobierno) a cambio de proponerla. ¡Nada penitente! Se supone que desde ese día el señor Diablo se dedica a mover su perversa cola para conseguir un espacio que —ya lo adelantó Cicuta— podría ser una curul en la Cámara de Diputados en Baja California, donde ocuparía la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Para quienes consideran que este espacio pudiera ser “poca cosa” para el Diablo Castro, alguien debe subrayar que en el año 2030 los legisladores podrán reelegirse, lo cual le garantizaría su estancia en el Congreso hasta el año 2039. ¡El Diablo no da paso sin huarache! Respecto a los “zalameros” que mandó Castro Trenti a tronar contra MORENA, resulta que el martes 18 no asistió a la rueda de prensa que ofrecería. Sin embargo, asistieron militantes y sus lisonjeros quienes se dijeron traicionados por dirigentes del movimiento, pues —aseguran— le dan espacio a personajes que han incumplido con los propósitos fundamentales de MORENA. ¡Y el Diablo sí que tiene propósitos! Mientras que el morenista Rafael Leyva justificó la ausencia de Castro Trenti al subrayar que debió acudir a una reunión urgente a la Ciudad de México, otros tantos de chalequito guinda aprovecharon el momento para agarrar de “costal” a Ismael Burgueño Ruiz, alcalde morenista de Tijuana con licencia, a quien le endilgaron mil pecados. Castro Trenti debe saber que los jerarcas morenistas tienen claro que su ausencia a esa rueda de prensa fue una estrategia diseñada por él para golpear a Burgueño y desprestigiar a MORENA (como si lo necesitara). El asunto es que —aparentemente— mañana martes el partido guinda dará a conocer el resultado de su encuesta, aunque definitivamente este supuesto sondeo “servirá para 2 cosas”. Por lo pronto, lo más importante, servirá para —oficialmente— darle una patada en el trasero al Diablo, un priista disfrazado de morenista que intenta seguir pegado a la ubre del gobierno. Algo queda claro: don Diablo no tiene llenadera. Rocha Aunque las miradas se posaron en la osadía del sinaloense Rubén Rocha Moya, quien decidió “unilateralmente” el viernes retomar la gubernatura de aquella entidad, lo verdaderamente importante sería lo que se observa como “la ruptura” entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo indica que esta última se puso furiosa con Rocha Moya porque no la consultó y por eso el sábado solicitó nuevamente licencia al cargo. Da la impresión que AMLO fue quien ordenó a Rocha Moya que retomara la gubernatura y fue Sheinbaum quien le ordenó retirarse de nuevo. Sheinbaum pudo advertirle que solamente tendría que pronunciar la palabra “adelante” para entregárselo a Estados Unidos. La liga entre AMLO y Sheinbaum parece que ya se reventó. Positivo Qué bueno que el abogado mexicalense Marco Aurelio Gámez Servín, decidió a entrar a la contienda morenista por la alcaldía de la capital del Estado. Aunque MORENA no la tiene fácil para la elección del próximo año, el perfil de Gámez representa una bocanada de aire fresco para los guindas. Cierto que es muy temprano y Gámez es apenas un precandidato, aunque la gente lo reconoce por su seriedad, profesionalismo y capacidad. Cicuta News.com Cicuta.com.mx Twitter: @cicutabc Facebook: cicuta YouTube: jaime cicuta columna Instagram: jaime flores cicuta TikTok: cicuta.news

Redacción Tijuana, 22 de agosto de 2026.- Con el fin de blindar y proteger legalmente de fraudes, despojos, abusos y engaños a las personas adultas mayores, salvaguardando su patrimonio, la diputada Yolanda Gaona presentó una iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de tres leyes del Estado, en materia de protección patrimonial de dicho sector de la población. Con la reforma a la Ley del Notariado, al Código Civil y a la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores de Baja California; la legisladora pretende garantizarles certeza jurídica, así como una vejez digna. La legisladora explicó que este año en Mexicali, la Secretaría General de Gobierno, el Registro Civil del Estado y la Dirección del Archivo General de Notarías intervinieron de forma conjunta para frenar un intento de fraude inmobiliario en el que se utilizó un acta de defunción falsificada, con el propósito de iniciar de manera ilegal un juicio sucesorio. A ese caso se han sumado otras denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), varias de ellas vinculadas a irregularidades en la expedición de actas de defunción. Este tipo de despojo patrimonial contra personas adultas mayores se presenta con una frecuencia prácticamente diaria. Por ello, Gaona Medina argumentó que, ante el crecimiento de denuncias, sin que exista hoy una vía clara y expedita para atenderlas, es necesario que la Legislatura actúe con los instrumentos que están a su alcance. Hoy basta con presentar una copia del acta de defunción, sin que exista obligación alguna de confirmar con el Registro Civil que ese documento sea auténtico, criticó, y señaló que esa distancia entre presentar un papel y verificarlo es la puerta por la que se han colado buena parte de estos fraudes. Agregó que a esta problemática que suma otra de igual incidencia entre las familias bajacalifornianas: cuando una persona mayor dona su casa, con frecuencia la única propiedad que construyó en toda una vida, la ley actual no exige ninguna garantía de que pueda seguir viviendo ahí después de firmar, por lo que se han documentado numerosos casos de padres y madres que donaron su vivienda a un hijo o a un familiar cercano, confiando en que nada cambiaría, y que meses o años después terminaron sin un lugar en donde vivir. El patrimonio que una persona construye a lo largo de toda su vida laboral merece llegar intacto a su vejez. Cuando eso no ocurre, la afectación no se queda en lo económico, sino que golpea directamente la dignidad y la tranquilidad de quien lo pierde, y con frecuencia también la de su familia, aseveró. Baja California tiene la oportunidad de cerrar los puntos concretos donde hoy el sistema falla, dando a sus adultos mayores la certeza de que su patrimonio está protegido, sin necesidad de tratarlos como si ya no pudieran decidir por sí mismos, finalizó.

Redacción Tijuana, 22 de agosto de 2026.- Más de 7 millones y medio de pesos es la suma que el Gobierno de Baja California entregó a través de estímulos económicos a mil 539 bomberas y bomberos de toda la entidad, en reconocimiento a su valentía, entrega y vocación. Los estímulos, que este año suman 7 millones 695 mil pesos, son una forma de valorar el trabajo de las y los bomberos, mientras también se reconoce el esfuerzo de sus familias, buscando que el Bienestar Compartido llegue a quienes están presentes cuando más se les necesita, afirmó la gobernadora Marina Ávila. "Seguiremos haciendo esfuerzos para que su trabajo, su entrega, su compromiso con la ciudadanía se vean reflejados también en el salario y las prestaciones; vamos a seguir trabajando para reconocer su esfuerzo, su trabajo, su disciplina, su voluntad, su amor por los demás. Porque lo que ustedes hacen es un tema de entrega, de vocación y son inspiración para muchos", agregó durante el acto. Este reconocimiento forma parte de una política que, desde 2022, acompaña a quienes atienden incendios, emergencias y situaciones de riesgo en todo el Estado; hasta alcanzar un acumulado de 35 millones 540 mil pesos en estímulos económicos. Ávila Olmeda añadió que se continuará trabajando con los ayuntamientos para beneficiar también a las y los bomberos voluntarios, así como para fortalecer las prestaciones de quienes integran los cuerpos de bomberos de Baja California. Finalmente, señaló que reconocer a quienes protegen a Baja California también es cuidar a quienes todos los días cuidan de los demás, por lo que los estímulos representan un agradecimiento tangible a su entrega y una forma de hacer que el bienestar llegue también a las familias que acompañan y sostienen esta vocación de servicio.

Redacción Tijuana, 22 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este sábado "la ambición desnuda del poder por el poder", en el marco del polémico regreso al cargo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Sin aludir directamente al mandatario sinaloense, Sheinbaum Pardo compartió en sus redes sociales un mensaje en el que asevera que "Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. Porque el poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso; y el poder que olvida al pueblo, termina enfrentándose a la historia". La jefa del Ejecutivo federal, agregó que el país "merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna. El Pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza. Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la Nación". La mandataria reapareció en público este sábado para inaugurar en la Ciudad de México el Archivo General Agrario y el Centro Nacional de Atención Agraria, tras ausentarse un día de su conferencia matutina por un resfriado, y aunque descartó comentar sobre la reincorporación de Rocha Moya al Gobierno estatal afirmando que el lunes lo tratará en su "mañanera", indicó que se enteró a través de redes sociales de su decisión de volver y no han sostenido comunicación.

Redacción Tijuana, 22 de agosto de 2026.- El XXV Ayuntamiento, a través de la Dirección Municipal de Atención a la Persona Migrante y en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), participó en la localización de un hombre que llevaba años desaparecido y que finalmente pudo establecer contacto con sus familiares. Estas acciones representan un avance significativo en el acompañamiento que brinda el Gobierno Municipal a las personas en contexto de movilidad, tanto nacionales como extranjeras, y destaca la importancia de mantener una red permanente de colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos especializados y organizaciones de la sociedad civil, informó la Dirección. Por su parte, su titular, Diana Ortiz Villacorta, indicó que cada vinculación institucional puede representar una oportunidad para transformar la vida de una persona y su familia, y destacó que la administración municipal mantiene "una atención cercana y generar los vínculos necesarios para que ninguna persona se quede sin orientación o acompañamiento. Este caso nos demuestra que, cuando las instituciones trabajan de manera coordinada, podemos generar resultados que impactan directamente en las familias". La funcionaria municipal aseguró que la dependencia a su cargo continuará fortaleciendo la comunicación y colaboración con instituciones y organizaciones para atender casos relacionados con documentación, identidad, protección, salud, empleo, reunificación familiar y búsqueda de personas. "Celebramos que una persona que llevaba años desaparecida pudo volver a tener contacto con sus familiares. Detrás de cada caso hay personas que esperan respuestas, y nuestro compromiso es seguir construyendo puentes que permitan encontrar soluciones y acercar a las familias", agregó Ortiz Villacorta Ramírez.

Redacción Tijuana, 22 de agosto de 2026.- Las diez carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió contra funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya, continúan abiertas, informó la Secretaría de Gobernación, que a través de un breve comunicado evitó respaldar la determinación del mandatario de reasumir sus funciones tras tres meses de licencia, que solicitó luego de ser acusado por Estados Unidos de sostener vínculos con el crimen organizado. Pese a que el titular del Ejecutivo estatal de Sinaloa argumentó, al anunciar su regreso, que la FGR lo había deslindado, la instancia federal descartó el cierre de las investigaciones en su contra, tras los señalamientos del Departamento de Justicia estadounidense (DOJ). Asimismo, el partido MORENA, así como sus gobernadores en funciones y sus grupos parlamentarios, negaron su respaldo a Rocha Moya y llamaron a "la madurez y la responsabilidad", mientras criticaron que su regreso fue determinado de forma unilateral. Por otra parte, a su regreso a Palacio de Gobierno, Rocha Moya recibió al legislador Enrique Inzunza, quien fuera su secretario de Gobierno hasta 2024 cuando se separó del cargo para irse al Senado, y quien también aparece en las acusaciones del DOJ. Aunque ninguno de los dos funcionarios comentó ni informó sobre el encuentro, Inzunza Cázarez fue visto por la prensa local retirándose del estacionamiento de la sede del Gobierno estatal a bordo de una camioneta de modelo reciente, negándose a hacer declaraciones.

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México 22 Agosto 2026.- Estados Unidos está deportando a miles de mexicanos a Guatemala y Honduras en lugar de enviarlos directamente a México, una estrategia que Washington reconoce tiene un objetivo concreto: impedir que los connacionales regresen a la frontera norte e intenten nuevamente ingresar a territorio estadounidense. La medida ya provocó el rechazo de la Cancillería mexicana y abre un nuevo frente de tensión en la relación bilateral. Al menos 2 mil 400 mexicanos han sido trasladados a Guatemala en lo que va de 2026, mientras Honduras ha recibido otros 282. Son más de 2 mil 600 connacionales que, después de ser expulsados de Estados Unidos, están siendo enviados primero a un tercer país para posteriormente regresar a México por vía terrestre. No es un asunto de logística. Es una política de disuasión. Funcionarios del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos han reconocido, bajo condición de anonimato, que el propósito de enviar a los mexicanos a Centroamérica es precisamente dificultar su regreso a la frontera estadounidense. El Instituto Nacional de Migración de México confirmó que esa es la explicación proporcionada por sus contrapartes estadounidenses. La decisión resulta particularmente cuestionable porque esos mexicanos no tienen por qué ser enviados a otro país. Son ciudadanos mexicanos y tienen derecho a regresar directamente a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores ya expresó su desacuerdo y recordó a Washington ese principio básico. Pero el problema va mucho más allá de una diferencia diplomática: lo que está en juego es si Estados Unidos puede decidir unilateralmente utilizar el territorio de terceros países para hacer más difícil el retorno de ciudadanos mexicanos a su propio país. El episodio más reciente exhibe la dimensión de esta nueva práctica. Un avión procedente de Texas aterrizó en Guatemala con 42 mexicanos y 80 guatemaltecos deportados. Después de ser separados, registrados y atendidos en el centro de recepción migratoria, los mexicanos fueron trasladados en autobús durante unas siete horas hasta la frontera con México. Es decir: fueron expulsados de Estados Unidos, enviados a Guatemala y desde ahí obligados a recorrer el camino de regreso a su propio país. La pregunta es tan sencilla como incómoda: ¿por qué un mexicano deportado de Estados Unidos tiene que pasar por Guatemala para volver a México? La respuesta de Washington es la disuasión. Y precisamente por eso México no debería aceptar que esta práctica se convierta en la nueva normalidad. Sígueme en mis redes sociales: @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542

Redacción Tijuana, 21 de agosto de 2026.- Más de 240 mil personas serán beneficiadas con la instalación, a lo largo de más de 300 metros lineales, de las 42 lámparas solares que componen el Sendero Seguro más recientemente inaugurado por parte del Gobierno municipal, en las inmediaciones del Centro Comunitario de Terrazas del Valle, en la delegación Presa Este. "Estamos contentos de trabajar por la ciudadanía tijuanense. Nos alineamos a la política de la presidenta Claudia Sheinbaum con la instalación de Senderos Seguros que brindan tranquilidad; por eso es importante sumar esfuerzos e impulsar este tipo de obras", afirmó el presidente municipal Abdiel Gutiérrez, durante un recorrido de supervisión por el corredor. Por su parte, la secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, Virginia Vargas, destacó que las acciones de la administración municipal buscan "brindar paz y armonía en los entornos de las comunidades", objetivo al que se encuadra el programa de Senderos Seguros, y detalló que se destinaron más de 2 millones de pesos de recursos federales a la instalación de estas luminarias. Finalmente, el secretario de Gobierno municipal, Ramón Vázquez, instó a la ciudadanía a no vandalizar esta infraestructura cuyo beneficio primordial es para las juventudes.

Jaime Flores Martínez Viernes 21 de agosto del 2026.- El gobierno de México decidió que hasta el teléfono celular necesita credencial y el argumento oficial es combatir el fraude, la extorsión y otros delitos cometidos desde líneas telefónicas anónimas. ¡Quieren adjudicar lo que debe ser su responsabilidad! Y aunque la idea suena impecable, alguien debe señalar que en México las buenas intenciones suelen venir acompañadas de una letra pequeña bastante incómoda. Resulta que —ahora— millones de ciudadanos tendrán que entregar sus datos personales a su compañía telefónica para conservar plenamente el servicio que ya pagan. Aquí el primer dato que conviene aclarar: el plazo general del pasado 30 de junio ya no es la fecha definitiva para todos. Ante la lentitud del avance (porque la mayoría de la gente está inconforme) la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) cambió el calendario. Hasta el 25 de junio se había registrado menos de la mitad de los usuarios. En ese momento había 63 millones de líneas vinculadas, frente a un universo de aproximadamente 144.6 millones. Lo anterior representaba alrededor de 43.6 por ciento del total, por lo que actualmente más de 81 millones de líneas permanecían pendientes. Luego ocurrió algo políticamente muy mexicano: primero se dijo que el plazo era el 30 de junio y que “no habría prórroga”. Al quedar claro que decenas de millones de líneas podían quedar fuera, apareció una prórroga aunque no cualquiera. En una gran idea, se repartió por el último dígito del número telefónico lo que se traducía en un nuevo calendario. Hubo quien dijo entonces que el teléfono también tiene un nuevo turno. Para las líneas de prepago que todavía no estaban vinculadas, la CRT estableció como límite estas fechas: * Terminación 0: 15 de agosto. * Terminación 1: 31 de agosto. * Terminación 2: 15 de septiembre. * Terminación 3: 30 de septiembre. * Terminación 4: 15 de octubre. * Terminación 5: 31 de octubre. * Terminación 6: 15 de noviembre. * Terminación 7: 30 de noviembre. * Terminación 8: 15 de diciembre. * Terminación 9: 31 de diciembre. La propia CRT mantiene este calendario en su portal oficial. Por tanto hoy, 21 de agosto, quienes tengan una línea de prepago que termine en 1 todavía tienen hasta el 31 de agosto para registrarla. Quienes tengan terminación 0 ya pasaron la fecha límite del 15 de agosto. Y aquí viene lo importante: el no acatar esta disposición no significa que el teléfono sea cancelado inmediatamente ni que el número desaparezca. ¿Van a suspender el servicio? Sí. ¿Van a perder el número? No necesariamente, aunque la respuesta corta sería sí. Sépase que las empresas telefónicas deben suspender el servicio de las líneas que no hayan sido vinculadas una vez vencido el plazo correspondiente, dentro de las siguientes 72 horas. La suspensión implica algo bastante serio: se bloquean llamadas, mensajes y datos móviles. Esa línea queda limitada a comunicaciones de emergencia, atención ciudadana, contacto con la propia compañía telefónica y alertas sísmicas, según confirmó el gobierno. Habrá que señalar que hay una diferencia fundamental entre suspender el servicio y perder definitivamente el número. La CRT establece que, una vez realizada la vinculación, la empresa debe restablecer los servicios. Es decir, para quien se quedó dormido, olvidó el trámite o simplemente decidió no hacerlo, todavía existe una puerta de regreso. El teléfono no muere; queda en una especie de limbo administrativo. ¿Cuántos se han registrado? El último dato público ampliamente reportado por la CRT antes de la aplicación del calendario escalonado señalaba 63 millones de líneas vinculadas al 25 de junio, aunque el proceso continuó. Para el 6 de agosto, la cifra había subido a 69 millones 666 mil 315 líneas, equivalentes a aproximadamente 48 por ciento del padrón de 144.6 millones de líneas. Dicho de otra manera: más de la mitad del universo todavía no aparecía vinculado en ese corte. El dato resulta políticamente incómodo porque revela que el supuesto entusiasmo ciudadano por entregar sus datos y no fue precisamente multitudinario. Hay que subrayar que el gobierno esperaba una respuesta mucho mayor. Los usuarios respondieron con la herramienta favorita del mexicano ante los trámites oficiales: la desconfianza.

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México 21 Agosto 2026.- Hay decisiones de gobierno que pueden discutirse desde la política, otras desde la eficiencia administrativa y algunas más desde el presupuesto. Pero cuando una decisión afecta directamente el derecho de un niño a defenderse frente a una posible deportación, el debate deja de ser meramente administrativo: entra de lleno en el terreno de la ética, la justicia y los derechos humanos. Ese es precisamente el problema que plantea la decisión de la administración de Donald Trump de cancelar el contrato con Acacia Center for Justice, organización que durante años coordinó una amplia red de abogados encargados de representar legalmente a menores migrantes no acompañados. La terminación del contrato, ocurrida el 31 de julio, dejó en riesgo la continuidad de la defensa de niños que enfrentan procesos migratorios y que, en muchos casos, llegan a Estados Unidos después de haber sufrido trata, abuso sexual, violencia, abandono o negligencia. El dato que debería provocar mayor preocupación es que la respuesta del gobierno no parece limitarse a sustituir a un proveedor por otro. Lo que está en juego es la naturaleza misma de la representación legal. El Departamento de Defensa ha buscado abogados militares en activo, retirados o próximos a jubilarse para asumir esta tarea, mientras la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sostiene que busca aprovechar su experiencia jurídica para continuar prestando un servicio público. Aquí aparece una pregunta incómoda, pero indispensable: ¿puede un abogado que forma parte del aparato gubernamental representar con plena independencia a un menor que enfrenta a ese mismo gobierno en un procedimiento de deportación? No basta con afirmar que se trata de abogados experimentados. La defensa de un niño migrante no es solamente una cuestión de conocimiento jurídico. Requiere especialización en derecho migratorio, experiencia con menores, comprensión de situaciones de trauma y, sobre todo, independencia profesional para anteponer el interés superior del niño a cualquier otra consideración. Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para la Justicia de los Inmigrantes, expresó justamente esa preocupación al cuestionar la ética de que un abogado del Gobierno represente a menores frente a otra rama del propio Gobierno. Y hay razones para tomar esa advertencia con absoluta seriedad. Acacia no era simplemente una organización que administraba recursos. Supervisaba una red de más de 800 abogados pertenecientes a unos 100 proveedores de servicios legales, encargados de representar a los menores ante tribunales migratorios y de ayudarlos en solicitudes de protección, incluida la destinada a víctimas de trata. Desmantelar una estructura de esa dimensión no es equivalente a cambiar el nombre que aparece en un contrato. Significa alterar una red especializada que conocía los casos, los procedimientos y, en muchos casos, las historias personales de los niños. Todavía más preocupante resulta el conflicto relacionado con la información confidencial. Acacia rechazó un contrato provisional porque, según denunció, la Administración pretendía que los proveedores entregaran información confidencial de sus clientes que podría ser utilizada para deportar a los mismos menores que tenían la obligación profesional de proteger. Si esta acusación es correcta, estamos ante algo mucho más grave que una disputa contractual. La confidencialidad entre abogado y cliente no puede convertirse en moneda de cambio para ejecutar una política migratoria. Los números también obligan a mirar el problema más allá de los casos individuales. Según datos citados en la información, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados compartió más de 460 mil pistas con ICE sobre menores no acompañados, sus patrocinadores y otros integrantes de sus hogares; Reuters reportó que las autoridades migratorias habían detenido a más de 12 mil personas sobre las que la ORR había proporcionado información desde enero de 2025. En ese contexto, la representación legal independiente adquiere una importancia todavía mayor. Porque estos no son expedientes impersonales. Son niños. Sígueme en mis redes sociales: @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542

Redacción Tijuana, 21 de agosto de 2026.- Ante el incremento en la participación de menores de edad en delitos de alto impacto en la entidad, fenómeno al que se refirió como preocupante y desmesurado, la diputada Norma Peñaloza exhortó "al Congreso de la Unión para que impulse un proceso de revisión legislativa integral que permita valorar la necesidad de fortalecer el marco jurídico vigente, frente a los nuevos desafíos que plantea la criminalidad de alto impacto". La legisladora indicó que esta problemática menoscaba cada día más la paz de los ciudadanos en Baja California, por lo que presentó un punto de acuerdo para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, el Congreso de la Unión realice las acciones necesarias para dar celeridad al debate de las iniciativas en la materia. Con ello, busca que se contemplen sanciones proporcionales a la gravedad de la conducta delictiva cometida por la persona adolescente, cuando esta represente una grave afectación a las víctimas y sus familias y constituya un delito de alto impacto. "Somos conscientes del arduo trabajo legislativo que han realizado las diputaciones en materia de justicia penal para adolescentes, a través de la presentación de diversas reformas constitucionales o extensas discusiones para modificar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes [...] y sabemos que existe un amplio debate ante la naturaleza del tema, sin embargo, resulta imposible negar la latente necesidad de acciones que brinden seguridad y transformen el panorama jurídico actual, para transitar a un nuevo modelo que responda a la realidad delictiva", afirmó. Por tales motivos, Peñaloza Escobedo propuso que la XXV Legislatura del Congreso de Baja California exhorte al Congreso de la Unión, a través de su presidenta, Kenia López, para que en el ámbito de sus facultades gire las instrucciones necesarias, con el fin de que se realice el análisis legislativo correspondiente. En su caso, promueva las reformas necesarias a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás ordenamientos aplicables, para fortalecer la respuesta institucional frente a los delitos de alto impacto cometidos por personas adolescentes, garantizando los principios constitucionales y el derecho internacional convencional. La propuesta fue aprobada por mayoría del Pleno, para ser remitida por la Legislatura local al Congreso de la Unión.