La soberanía pendiente de los migrantes mexicanos: Ulises Mejia Haro

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 18 de mayo 2026.- En Jerez, Zacatecas —tierra marcada por la migración, las remesas y la ausencia obligada de miles de familias— el diputado federal Ulises Mejía Haro salió a respaldar la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo bajo una narrativa conocida pero siempre vigente: soberanía, no intervención y autodeterminación. El mensaje parece sencillo, incluso lógico: México debe cooperar con Estados Unidos, sí, pero sin agachar la cabeza. Sin subordinación. Sin renunciar a su dignidad nacional.

El problema es que en México la soberanía suele pronunciarse con firmeza desde el discurso político, mientras la realidad cotidiana obliga a millones de mexicanos a negociar su supervivencia bajo condiciones de dependencia económica, migratoria y comercial profundamente desiguales. Ahí está la contradicción central que este posicionamiento intenta administrar: defender la independencia nacional mientras la economía mexicana sigue atada al mercado estadounidense y mientras millones de connacionales viven, trabajan y sostienen comunidades enteras desde el otro lado de la frontera.

No es casual que el pronunciamiento ocurra precisamente en Zacatecas. En regiones como Jerez, Nochistlán o Fresnillo, la política exterior no es un tema abstracto de cancillerías; se vive en las llamadas telefónicas desde California, en las remesas que mantienen negocios familiares, en las deportaciones, en las visas negadas y en el miedo constante de las redadas migratorias. Allí, hablar de soberanía también significa hablar de familias separadas y de comunidades que dependen económicamente de trabajadores que Estados Unidos necesita, pero rara vez reconoce con dignidad plena.

Por eso el discurso de “coordinación sin subordinación” encuentra eco político. Porque durante décadas México ha oscilado entre dos extremos igual de improductivos: el nacionalismo retórico que no cambia nada y la complacencia diplomática que termina aceptando presiones externas en temas de seguridad, migración y comercio. La actual narrativa del gobierno federal intenta colocarse en un punto intermedio: cooperación sí, sometimiento no.

Sin embargo, la contundencia del discurso enfrenta una prueba mucho más compleja que cualquier declaración pública. La verdadera soberanía no se mide en conferencias ni en asambleas informativas; se mide en la capacidad del Estado para proteger efectivamente a sus ciudadanos dentro y fuera del país. Y ahí es donde las palabras comienzan a quedarse cortas.

Las organizaciones migrantes mexicanas llevan años señalando esa distancia entre el simbolismo patriótico y la protección real. Colectivos binacionales como Nación Migrante han insistido en que la relación México-Estados Unidos no puede reducirse únicamente a tratados comerciales o acuerdos de contención migratoria. Han advertido que los mexicanos en el exterior no deben ser vistos solamente como generadores de remesas, sino como sujetos plenos de derechos políticos, laborales y humanos. En distintos posicionamientos públicos, activistas migrantes han reclamado una política exterior menos ceremonial y más combativa frente a abusos laborales, deportaciones arbitrarias y criminalización de la comunidad mexicana en territorio estadounidense.

Ese reclamo tiene fundamento. Porque mientras desde la política se habla de autodeterminación, miles de jornaleros migrantes siguen trabajando en condiciones precarias; mientras se invoca la dignidad nacional, familias enteras continúan enfrentando sistemas consulares lentos, burocráticos y muchas veces insuficientes; mientras se habla de respeto mutuo entre naciones, Estados Unidos mantiene intacta una lógica fronteriza donde la migración mexicana sigue tratándose como problema de seguridad antes que como fenómeno humano y económico compartido.

El reto, entonces, no consiste únicamente en sostener una postura diplomática firme frente a Washington. El verdadero desafío es evitar que la soberanía se convierta en un recurso discursivo de consumo interno mientras las condiciones estructurales permanecen intactas. Porque ninguna nación puede proclamarse plenamente soberana cuando amplias regiones dependen casi exclusivamente de las remesas enviadas por trabajadores obligados a migrar ante la falta de oportunidades locales.

Ahí aparece otro elemento incómodo que el discurso político rara vez aborda de frente: la migración no es solamente una historia de esfuerzo y orgullo comunitario; también es evidencia histórica del fracaso del desarrollo regional.

En ese contexto, el respaldo de Ulises Mejía Haro funciona más como una caja de resonancia política que como un cambio real en la relación bilateral. Sirve para reforzar territorialmente la narrativa presidencial y conectar emocionalmente con comunidades históricamente sensibles al tema migratorio. Pero la eficacia de esa postura no dependerá de su potencia retórica, sino de su capacidad para traducirse en resultados tangibles.

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