Busca establecer sanciones penales inmediatas para conductores bajo el efecto de alcohol o drogas

Redacción

Tijuana, 18 de mayo de 2026.- Con el fin de fortalecer la prevención y proteger la vida de las personas en las vialidades de la entidad, el diputado Jorge Ramos propuso agravar las sanciones penales contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas desde la primera detección, así como tipificar la conducción a velocidades excesivas como delito autónomo de peligro.

El legislador local aseveró que la magnitud de los siniestros viales es crítica, y refirió que, aunque el Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2022, reporta una reducción ligera en las muertes registradas entre 2016 y 2021, en 2022 el país sumó 14 mil 715 defunciones y más de 355 mil accidentes, mientras en Baja California se contabilizaron 264 muertes, 13 mil 749 siniestros y 3 mil 405 personas lesionadas, con una tasa de letalidad de 1.9 por cada 100 accidentes y una tasa de accidentalidad de 7.1 por cada mil vehículos, principalmente en Tijuana, Mexicali y Ensenada. 

"La seguridad vial no es solamente un problema de tránsito, es un problema de derechos humanos. Cada muerte en las vialidades de Baja California es una vulneración del derecho a la vida que el Estado tiene la obligación de prevenir con todos los instrumentos a su alcance, incluido el derecho penal", indicó Ramos Hernández. 

Su iniciativa plantea reformar el Código Penal de Baja California para que la primera detección sin daño ya tenga consecuencias penales, como la multa y suspensión temporal del derecho a conducir, en lugar de un simple apercibimiento administrativo. Además, incorpora parámetros cuantitativos de alcohol en sangre y aire espirado conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y amplía las hipótesis de agravación con penas más severas. 

Asimismo, se adiciona el artículo 255 Bis para tipificar la conducción a velocidad excesiva como delito autónomo, con sanciones que incluyen multa, suspensión del derecho a conducir y, en casos agravados, prisión. 

"No podemos seguir tolerando que la primera detección de un conductor bajo efectos de alcohol o drogas quede sin consecuencia penal. La evidencia demuestra que esa omisión cuesta vidas, y es nuestra responsabilidad cerrar esa laguna normativa para proteger a las familias de Baja California", finalizó.