El IMSS: del orgullo nacional al saqueo institucional

Por: Dr. Juan Raúl Gil Frías

Tijuana, 13 de octubre de 2026.- Hubo un tiempo en que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) era motivo de orgullo nacional. Fundado en 1943, se convirtió en una de las grandes instituciones públicas de México y en una referencia para la organización de los servicios de salud. No solamente atendía enfermos: formaba médicos, preparaba especialistas y contribuía a la formación de profesionales de enfermería.

¿Qué queda de aquel orgullo? ¿En qué momento una institución creada para proteger la salud de los trabajadores y sus familias comenzó a mostrar, con tanta crudeza, las consecuencias del abandono, las deficiencias administrativas y las prácticas deshonestas que denuncian quienes han conocido sus entrañas?

El IMSS no es cualquier organismo burocrático. Es una estructura sanitaria de enorme complejidad, cuya operación exige conocimiento médico, capacidad administrativa, honestidad y, sobre todo, sensibilidad humana.

Su organización contempla tres niveles de atención. Las Unidades de Medicina Familiar constituyen la puerta de entrada al sistema; los hospitales generales atienden padecimientos de mayor complejidad, y los centros médicos de alta especialidad, como el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, y el Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, concentran servicios especializados y actividades de formación e investigación.

Sus hospitales escuela han sido espacios fundamentales para la preparación de médicos de pregrado y residentes de diversas especialidades. Sus escuelas de enfermería también han contribuido a formar profesionales indispensables para el funcionamiento de cualquier sistema de salud.

Una institución con semejante historia no debería conformarse con sobrevivir: tendría que garantizar atención digna, medicamentos disponibles y servicios seguros para sus derechohabientes.

La política no cura enfermos

Uno de los grandes problemas de las instituciones sanitarias comienza cuando los cargos de dirección se distribuyen con criterios políticos o administrativos, sin dar el peso que merecen la experiencia hospitalaria, la formación en gestión sanitaria y el conocimiento de las necesidades reales de los pacientes.

Dirigir un hospital no es administrar una oficina cualquiera. No basta con conocer presupuestos, dominar cifras o presentar informes. Hay que entender quirófanos, urgencias, infecciones hospitalarias, abasto de medicamentos, mantenimiento, enfermería, recursos humanos y, por encima de todo, las consecuencias que tiene cada decisión sobre la vida de una persona.

Un hospital no puede conducirse desde el escritorio como si sus pacientes fueran expedientes y sus insumos simples partidas presupuestales.

La dirección del IMSS exige preparación, independencia de criterio, honradez comprobable y vocación de servicio. Los cargos de esa magnitud no deberían ser premios políticos ni espacios para el aprendizaje improvisado a costa de los derechohabientes.

La salud pública necesita administradores capaces, pero jamás debe olvidar que detrás de cada cama hay un ser humano que merece respeto.

Hablo porque conozco el IMSS desde adentro

No escribo estas líneas como un espectador ajeno a la institución. Soy médico jubilado del IMSS, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y tuve el honor de dirigir una Unidad de Medicina Familiar.

Conozco el valor de su personal, las exigencias de su operación y la enorme responsabilidad que implica atender a la población. Precisamente por eso me duele señalar aquello que considero indigno de una institución de esta importancia.

Durante mi trayectoria conocí situaciones que jamás debieron normalizarse.

En el Hospital General Regional número 20 de Tijuana, por ejemplo, no me tocó ver las condiciones de dotación de ropa hospitalaria que los pacientes deberían recibir como parte de una atención digna. Recuerdo la ausencia de toallas para los enfermos y la falta de cobijas institucionales en las camas durante el invierno.

También observé sábanas utilizadas como cortinas. Y presencié situaciones en las que personal del propio instituto utilizaba toallas institucionales para lavar sus automóviles.

No me lo contaron. Son hechos que, según mi experiencia, observé personalmente.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede faltar material elemental para atender al paciente mientras algunos trabajadores parecen disponer de recursos institucionales para fines particulares?

Aquí aparece una verdad incómoda: ninguna institución puede funcionar correctamente si quienes tienen la obligación de cuidarla permiten, toleran o participan en el deterioro de sus propios recursos.

El enemigo de una institución no siempre está afuera. A veces se encuentra detrás del mismo escritorio, dentro del mismo almacén o protegido por la misma estructura que debería vigilarlo.

El saqueo que debe investigarse

Los recursos médicos no son propiedad de los funcionarios, de los médicos ni de los trabajadores. Los paga la sociedad mediante sus aportaciones y están destinados a proteger la salud de los derechohabientes.

Por eso, cualquier denuncia de sustracción de soluciones intravenosas, equipos de venoclisis, jeringas, medicamentos inyectables, sondas, catéteres o instrumental quirúrgico merece una investigación seria.

A lo largo de mi trayectoria conocí señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con medicamentos especializados, incluidos productos utilizados en oncología y nefrología. También tuve conocimiento de situaciones que involucraban material para recién nacidos y supuestas operaciones de compraventa de insumos institucionales.

Recuerdo, asimismo, un caso en el que denuncié presuntas irregularidades atribuidas al director de una Unidad de Medicina Familiar. Según lo que conocí de aquel asunto, hubo una intervención de las autoridades relacionada con la presunta venta de medicamentos a una farmacia particular y con operaciones de compraventa de otros materiales.

Esas situaciones deben examinarse con expedientes, inventarios, auditorías y resoluciones oficiales. Las responsabilidades individuales corresponden a las autoridades competentes; pero el deber de denunciar y exigir una investigación no desaparece por la dificultad del procedimiento.

No basta con cambiar a un funcionario de escritorio. Hay que seguir la ruta de los medicamentos, verificar las existencias, cotejar las recetas, revisar las compras y determinar quién autorizó, quién retiró, quién recibió y quién se benefició.

Si los medicamentos salen del almacén y no llegan al paciente, alguien debe explicar dónde terminaron.

Y si existen pruebas de que los recursos públicos fueron desviados, deben aplicarse las sanciones correspondientes, sin privilegios ni encubrimientos.

Cuando el negocio particular se antepone al derechohabiente

Hay otro asunto que merece atención: el uso de instalaciones, equipos y tiempo institucional para actividades ajenas a la atención pública.

He conocido señalamientos sobre la realización de procedimientos particulares dentro de instalaciones hospitalarias y sobre presuntas prácticas irregulares relacionadas con la programación de intervenciones quirúrgicas.

De confirmarse, semejantes conductas representarían una traición al principio fundamental del servicio público.

Un quirófano institucional existe para atender las necesidades médicas de la población conforme a criterios clínicos y de prioridad. No debe convertirse en un espacio para favorecer intereses privados mientras otros pacientes esperan una intervención que puede ser urgente.

En una ciudad como Tijuana, donde los servicios de urgencias pueden enfrentarse a pacientes con traumatismos graves, heridas por arma de fuego y abdomen agudo, la utilización indebida de recursos hospitalarios sería especialmente preocupante.

No se trata de afirmar que todo el personal sea corrupto. Sería injusto con miles de médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores que cumplen su deber en condiciones difíciles.

Se trata de exigir que quienes incurran en abusos respondan por ellos y que las autoridades dejen de mirar hacia otro lado.

La gallina de los huevos de oro

El IMSS es patrimonio social. No pertenece a sus directores, ni a sus delegados, ni a los administradores de turno, ni a los trabajadores que eventualmente pretendan aprovecharse de él.

Pertenece a una sociedad que necesita atención médica y que contribuye a sostenerlo.

Cuando faltan insumos, cuando se deterioran las instalaciones, cuando los medicamentos no llegan a su destino y cuando las denuncias no se investigan con seriedad, los perjudicados no son las estadísticas ni los informes administrativos.

Son los pacientes.

Es la madre que espera una consulta para su hijo. Es el adulto mayor que necesita su tratamiento. Es el enfermo renal que depende de una atención continua. Es el paciente con cáncer que no puede darse el lujo de perder tiempo. Es el trabajador que aportó durante décadas y que, al enfermar, espera recibir el servicio que le corresponde.

A ellos se les debe una explicación.

No escribo esto para destruir al IMSS. Escribo porque considero que una institución de esa trascendencia merece ser defendida de la corrupción, la negligencia y el abuso. Defenderla no significa ocultar sus fallas; significa señalarlas y exigir que se corrijan.

Mi experiencia como médico y exdirector de una unidad me obliga a decirlo con claridad: la administración de la salud pública no puede quedar reducida a cuotas políticas, estadísticas complacientes y discursos de ocasión.

Se requieren auditorías eficaces, inventarios transparentes, controles estrictos sobre los medicamentos, mecanismos seguros para denunciar irregularidades y sanciones cuando se acrediten responsabilidades.

Y se necesita algo que no aparece en ningún organigrama: honestidad.

Porque una institución sanitaria puede tener edificios, equipos modernos y presupuestos millonarios, pero si pierde la confianza de sus pacientes, comienza a perder aquello que le da sentido.

El IMSS no puede seguir siendo la gallina de los huevos de oro de quienes pretendan desplumarla desde adentro.

Los recursos públicos son sagrados porque representan la salud de millones de mexicanos. Quien los roba, los desvía o permite que se desperdicien debe responder ante la sociedad y ante la ley.

La pregunta final no es si el IMSS puede recuperar su grandeza. La pregunta es cuánto tiempo más tendrán que esperar los derechohabientes para que sus autoridades demuestren, con hechos y no con discursos, que su salud está por encima de cualquier interés particular.

La salud pública no es un botín. Es un derecho. Y el IMSS debe volver a honrarlo.