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Redacción Tijuana, 20 de enero de 2026.- Con un costo inicial de 3 mil 500 millones de pesos, el próximo 2 de marzo comenzará el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, con el que los ciudadanos mexicanos tendrán acceso a cualquier institución de salud, incluyendo el IMSS, ISSSTE, IMSS-BIENESTAR y servicios de salud de PEMEX y de las fuerzas armadas,  independientemente de su derechohabiencia, informaron autoridades federales este martes. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, indicó que para el registro se requerirá nombre completo, Clave Única de Registro de Población (CURP), sexo, lugar y fecha de nacimiento, así como nacionalidad de los solicitantes, a quienes además se les preguntará si acceden a la donación órganos.  Asimismo, el funcionario federal indicó que en la primera etapa se entregará una credencial física, que contará con un código QR para validar la derechohabiencia, y a partir de abril estará disponible una versión digital de la credencial, con la que se podrá tener acceso a servicios de salud sin necesidad de presentar la credencial física. Por su parte, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, detalló que a partir del 2 de marzo iniciará el proceso de credencialización en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, mientras el 23 de marzo el proceso comenzará en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz. Agregó que se instalarán 2 mil 478 módulos para registrar a 98.5 millones de ciudadanos que se integrarán en este Servicio Universal de Salud en los estados federalizados, y que se prevé extender el proceso hasta diciembre.

Por Víctor M Aviña Alva Tijuana BC 20 de enero 2026.- Imagina por un momento que decides alejarte del ruido de la ciudad para pasar unos días en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Todo es paz hasta que necesitas consultar un mapa, enviar un mensaje importante o realizar una videollamada de trabajo y te das cuenta de que la señal de tu móvil es casi inexistente. Esta situación, que para ti podría ser una anécdota de vacaciones, es la realidad diaria de millones de personas en todo el mundo. A este fenómeno lo llamamos brecha digital: La diferencia abismal que existe entre quienes tienen acceso a una conexión rápida y confiable y quienes quedan aislados tecnológicamente por vivir lejos de los grandes centros urbanos. Sin embargo, tengo buenas noticias para ti: Estamos viviendo un momento histórico donde la tecnología finalmente está encontrando formas ingeniosas de llegar a esos rincones donde antes parecía imposible. Cerrar esta brecha no es sólo una cuestión de entretenimiento o redes sociales. Se trata de permitir que un joven en una zona remota acceda a la misma educación que alguien en una capital, que un agricultor use sensores inteligentes para cuidar sus cultivos o que un médico pueda atender a un paciente mediante telemedicina. El futuro de la banda ancha móvil en el campo ya no depende únicamente de cables enterrados o torres altísimas, sino de una combinación de innovaciones que prometen conectar a los próximos mil millones de usuarios. Del aislamiento a la conexión total: El reto de la geografía Durante décadas, el mayor obstáculo para llevar internet al campo ha sido el costo y la física. Para las empresas de telecomunicaciones, instalar fibra óptica en terrenos accidentados o construir torres para pocos usuarios simplemente no era rentable. Además, las frecuencias de radio que usamos en las ciudades tienen dificultades para atravesar bosques o saltar colinas. Pero esto está cambiando gracias a la evolución de las bandas de frecuencia baja. Verás: Las nuevas redes están utilizando canales de radio que, aunque no son tan rápidos como los de un centro comercial lleno de gente, tienen una capacidad asombrosa para viajar largas distancias y superar obstáculos naturales. Esto permite que una sola antena pueda dar servicio a un área mucho más extensa que antes. Además, se están desarrollando las llamadas Estaciones de Plataforma de Gran Altitud (HAPS), que son básicamente globos o drones solares que flotan en la estratosfera actuando como torres de telefonía voladoras. Esta tecnología permite cubrir zonas gigantescas sin necesidad de cavar una sola zanja en la tierra, ofreciendo una solución flexible y rápida para comunidades que han esperado por una conexión durante años. Satélites y nuevas frecuencias: Las herramientas del cambio Si miramos hacia arriba, encontraremos la que quizás sea la mayor revolución para la banda ancha rural: Las constelaciones de satélites de órbita terrestre baja (LEO). A diferencia de los satélites antiguos que estaban lejísimos y hacían que internet fuera muy lento, estos nuevos dispositivos están mucho más cerca de nosotros. Esto reduce drásticamente el tiempo que tarda la información en ir y volver, permitiendo jugar en línea o trabajar en tiempo real desde cualquier lugar con vista al cielo. Empresas como Starlink y el Proyecto Kuiper de Amazon están liderando este despliegue que busca borrar las fronteras de la desconexión. Las cifras respaldan la urgencia de este despliegue. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), aunque la conectividad global ha mejorado, todavía existe una brecha significativa: Mientras que el 90% de las personas en zonas urbanas utilizan internet, en las zonas rurales de países en desarrollo esta cifra apenas alcanza el 39% (UIT, 2024). Esta disparidad frena el crecimiento económico y social de regiones enteras. Por otro lado, un estudio reciente de la GSMA estima que cerrar la brecha de conectividad móvil en el mundo rural podría aumentar el producto interno bruto (PIB) global en más de 1.5 billones de dólares para el año 2030, demostrando que el acceso a la red es un motor de prosperidad inigualable (GSMA, 2024). Finalizando: Un horizonte lleno de posibilidades En conclusión, el futuro de la conectividad rural es más brillante de lo que ha sido nunca. La combinación de satélites avanzados, nuevas frecuencias de largo alcance y plataformas aéreas está logrando que el código postal de una persona ya no determine sus oportunidades digitales. Estamos pasando de un mundo de islas conectadas a un tejido global donde la información fluye sin importar la altitud o la distancia. Superar la brecha digital es un acto de justicia social y una inversión en el talento humano que hoy permanece oculto por falta de un enlace a la red. El camino aún es largo, pero las herramientas ya están aquí.

Columna Horas Extras Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México 20 de enero 2026.- La aviación es, por definición, una industria donde el margen de error es mínimo y la seguridad lo es todo. Paradójicamente, durante décadas fue también un espacio donde la desigualdad de género se normalizó como parte del paisaje: cabinas de mando ocupadas casi exclusivamente por hombres, estructuras laborales poco sensibles a la maternidad y una cultura que exigía a las mujeres “demostrar el doble” para merecer el mismo lugar. Hoy, ese panorama empieza a cambiar, pero lo hace con avances desiguales, resistencias persistentes y retos que aún no terminan de aterrizar. En México, las mujeres piloto representan apenas el 7 por ciento del total, una cifra que, aunque superior al promedio mundial —estimado en 5 por ciento—, sigue siendo marginal. Detrás de ese porcentaje se esconden realidades contrastantes entre aerolíneas, sindicatos y tipos de operación. Aeroméxico, por ejemplo, cuenta con 164 mujeres piloto, mientras que en empresas de carga como Más de Carga apenas hay tres. La brecha no es sólo numérica: es también contractual, cultural y de derechos laborales. Uno de los avances más relevantes en la industria aérea mexicana es el convenio de embarazo firmado en Aeroméxico en 2019, considerado por especialistas y por la propia Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) como uno de los más progresistas a nivel nacional e internacional. Este acuerdo permite que una piloto deje de volar de inmediato al notificar su embarazo, sin perder su salario ni ser forzada a asumir funciones para las que no fue contratada. En una industria donde la fatiga, el estrés y la precisión son factores críticos para la seguridad operacional, este tipo de medidas no sólo son un acto de justicia laboral, sino una decisión sensata desde el punto de vista técnico. El contraste es contundente. En aerolíneas como Volaris o Viva, las mujeres piloto no cuentan con este respaldo, y en empresas de carga muchas deben seguir volando embarazadas o aceptar reasignaciones para no perder el ingreso. A nivel internacional, la situación tampoco es homogénea: en varias aerolíneas extranjeras se permite volar hasta el sexto mes de gestación, una práctica que abre el debate sobre hasta qué punto la flexibilidad puede entrar en tensión con la seguridad y el bienestar de las trabajadoras. Hoy, ese convenio pionero se encuentra en proceso de actualización para incorporar temas como la lactancia, buscando garantizar el pago de los seis meses recomendados por la Organización Mundial de la Salud. También se impulsa la posibilidad de vuelos radiales que permitan a las pilotos regresar a casa diariamente, no sólo durante el primer año de vida de sus hijos, sino hasta los dos años. Estas medidas reflejan un cambio de paradigma: entender la maternidad no como una “interrupción” de la carrera profesional, sino como una etapa que puede y debe ser acompañada sin castigos laborales. Sin embargo, reducir el debate de género en la aviación únicamente a la maternidad sería un error. Otro eje central es la atención a la violencia y el acoso laboral, un problema históricamente silenciado en sectores altamente jerarquizados. Los protocolos impulsados desde los sindicatos, que ofrecen acompañamiento psicológico y legal tanto a mujeres como a hombres, representan un avance significativo, aunque su eficacia dependerá de la confianza que generen y de la voluntad real de las empresas para aplicar sanciones cuando sea necesario. La experiencia de mujeres como Patricia Barroso, piloto comercial con más de 14 años de trayectoria, ilustra con claridad las capas invisibles de discriminación que aún persisten. Desde ser “la única mujer en el salón” durante su formación, hasta enfrentar cuestionamientos de pasajeros que dudaban de su capacidad por el simple hecho de ser mujer, su historia no es una excepción, sino un reflejo de una cultura que sigue asociando el liderazgo técnico con lo masculino. A ello se suma el llamado síndrome del impostor, una carga emocional que muchas mujeres arrastran en entornos donde sienten que deben justificar permanentemente su presencia. A nivel global, iniciativas como la campaña 25by2025 de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) buscaban incrementar en 25 por ciento la participación femenina en puestos de liderazgo y áreas operativas con baja representación. Si bien en algunos rubros se avanzó, el objetivo no se alcanzó en el caso de las pilotos, ni en México ni en América Latina ni en el mundo. Esto confirma una verdad incómoda: las buenas intenciones no bastan cuando no van acompañadas de cambios estructurales, incentivos claros y una revisión profunda de las prácticas de contratación, promoción y formación. El rezago es aún más evidente en los puestos directivos. En México, ninguna aerolínea ha sido encabezada por una mujer como directora general. La ausencia femenina en el máximo nivel de decisión revela que el llamado “techo de cristal” no se rompe únicamente con políticas de conciliación laboral, sino con una transformación cultural que reconozca el talento femenino como parte natural del liderazgo estratégico. La aviación, sin embargo, tiene el potencial de seguir marcando pauta para otros sectores. El manejo de la fatiga, la corresponsabilidad parental y los esquemas de descanso más amplios que los que marca la Ley Federal del Trabajo demuestran que es posible ir más allá del mínimo legal cuando la seguridad y el bienestar están en juego. Además, las alianzas comerciales internacionales obligan a las aerolíneas a homologar estándares de equidad y condiciones laborales, lo que puede convertirse en un motor de cambio si se aprovecha con visión. El reto, entonces, no es menor: pasar de los avances aislados a una política integral de género en la aviación mexicana. Una política que no dependa de la aerolínea “correcta” ni de la negociación sindical específica; que incluya licencias de paternidad robustas para fomentar la corresponsabilidad familiar; que erradique el acoso con mecanismos efectivos; y que abra, de una vez por todas, la puerta del liderazgo a las mujeres. Porque en una industria que presume volar alto, la igualdad no debería quedarse en tierra. Sígueme en mis redes sociales: https://www.facebook.com/daniel.lee.766372/

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México, 20 Enero 2026.- El Pentágono ordenó que mil 500 soldados del Ejército de Estados Unidos entren en estado de alerta ante un posible despliegue en Minneapolis, Minnesota, en un contexto de creciente tensión social derivada de operativos migratorios, protestas ciudadanas y disturbios recientes. La decisión, revelada este domingo por medios estadounidenses, marca un nuevo y preocupante escalón en la respuesta federal a la inconformidad social. La medida ocurre apenas días después de que el presidente Donald Trump amenazara con invocar la Ley de Insurrección, una figura legal extraordinaria que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas para contener lo que el gobierno considera “rebelión armada” o “violencia doméstica”. Aunque el mandatario afirmó el viernes que, por ahora, no ve necesario recurrir a este mecanismo, el simple hecho de poner tropas en alerta envía un mensaje inequívoco: la opción militar está sobre la mesa. De acuerdo con la cadena ABC, que citó a dos funcionarios del Departamento de Defensa, los mil 500 efectivos corresponden a paracaidistas del Ejército en servicio activo, actualmente desplegados en Alaska, quienes ya fueron notificados para un eventual traslado. Hasta el momento, ni el Pentágono ni la Casa Blanca han ofrecido explicaciones públicas, pese a solicitudes formales de la agencia AFP, lo que refuerza la opacidad con la que se están tomando decisiones de alto impacto interno. Las tensiones en Minnesota se dispararon tras el asesinato de un ciudadano estadounidense durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 7 de enero. El hecho detonó protestas masivas y enfrentamientos en Minneapolis, epicentro de una crisis que combina políticas migratorias agresivas, desconfianza institucional y una respuesta federal cada vez más coercitiva. El alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, fue contundente al rechazar la posibilidad de una intervención militar. “Esto no tiene que ver con seguridad. Se trata de llegar a nuestra ciudad por miles para aterrorizar a la gente simplemente por ser latinoamericanos o somalíes”, declaró en entrevista con CBS. Sus palabras reflejan el temor de que la narrativa de orden y seguridad esté siendo utilizada para justificar prácticas de intimidación colectiva contra comunidades migrantes y racializadas. KariEste endurecimiento ocurre en paralelo a una aceleración sin precedentes de la política migratoria interna. El ICE ha intensificado la contratación y despliegue de agentes con el objetivo explícito de aumentar detenciones y deportaciones dentro del territorio estadounidense, no en la frontera, sino en barrios, centros de trabajo y comunidades. La división Enforcement and Removal Operations (ERO), columna vertebral de los operativos migratorios en el interior del país, duplicó su tamaño en enero: pasó de 10 mil a 22 mil agentes en campo. Este crecimiento exponencial no tiene precedentes y confirma que la prioridad del gobierno federal es la persecución sistemática de personas indocumentadas. Las cifras acompañan la narrativa de fuerza. Actualmente, alrededor de 73 mil personas permanecen detenidas por autoridades migratorias, el número más alto jamás registrado en Estados Unidos, según datos filtrados a CBS News. Más que un indicador de control, la cifra revela una crisis humanitaria en expansión y un sistema de detención llevado al límite. En este escenario, la posibilidad de desplegar tropas del Ejército en una ciudad estadounidense no puede leerse como un hecho aislado. Es la expresión más clara de una política que ha decidido sustituir la gestión civil del conflicto social por la intimidación armada, y que convierte la migración en un asunto de seguridad nacional, con consecuencias profundas para las libertades civiles, la convivencia democrática y el Estado de derecho. Sígueme en mis redes sociales: https://www.facebook.com/daniel.lee.766372/

Redacción Tijuana, 19 de enero de 2026.- Lorena Huerta es la nueva titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (CESISPE), cargo en el que releva a Gabriel Gálvez. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó este lunes sobre el nombramiento, a través de una publicación en redes sociales, donde asegura que Huerta Salas, quien hasta ahora fungía como directora especializada en medidas para adolescentes, dará continuidad al trabajo realizado por Gálvez Beltrán, a quien agradeció su labor. De acuerdo con el Gobierno estatal, la nueva comisionada del Sistema Penitenciario es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y antes de incorporarse a la Comisión se desempeñó en el Poder Judicial del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, en la que laboró en el Centro de Internamiento para Adolescentes.

Redacción Tijuana, 19 de enero de 2026.- Con el fin de eliminar los puntos de riesgo en el Corredor 2000, los trabajos de modernización de la vialidad que conecta Tijuana y Rosarito incluirán nueve retornos, informó este lunes el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza. El funcionario estatal indicó que siguen avanzando las obras para transformar la movilidad en el corredor, uno de los más transitados en el Estado, con lo que se responde a una necesidad urgente de seguridad pública, pues entre los años 2021 y 2024 se han registrado más de mil 300 accidentes en este trayecto.  Espinoza Jaramillo señaló que la obra busca ordenar el flujo vehicular y eliminar los puntos de riesgo que históricamente han afectado a las familias bajacalifornianas, priorizando siempre la integridad de las y los conductores, y atendiendo las inquietudes sobre conectividad de la zona. Los nueve retornos estratégicos que se contemplan al finalizar la obra, son: Gaza Cimarrón - Retorno en caseta de Autopista Tijuana-Mexicali. Puente Altiplano, con la rehabilitación de gazas de integración y salida. Túnel del Bosque, con la rehabilitación de rampas existentes. Paso Superior Vehicular (P.S.V.) - Construcción de puente y retornos a nivel. Puente Casablanca, con retornos existentes. Puente Superior Vehicular 2 (P.S.V.) - Construcción de puente y retornos a nivel. Puente La Morita, con la rehabilitación de rampas existentes. Gaza El Florido - Construcción de gaza y cajón pluvial. Nodo Plaza Comercial, entronque con Carretera Libre Tijuana-Tecate. Estos puntos, afirmó el titular de la SIDURT, estarán diseñados bajo estrictas normas de ingeniería vial para ser totalmente seguros en su operación, sin poner en peligro a los usuarios, a diferencia de los accesos informales que existían anteriormente. Agregó que mantener una velocidad moderada es vital no solo para la seguridad de quienes conducen, sino también para proteger a las cuadrillas de trabajadores que se encuentran realizando maniobras con maquinaria pesada en el camellón central. En ese sentido, instó a la ciudadanía a transitar con mucha precaución en las zonas de trabajo, respetando el límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. Asimismo, aunque reconoció que las obras en proceso generan molestias temporales, la solución que propone la administración será de fondo, para reducir los tiempos de traslado mediante una infraestructura planeada y eficiente.

Redacción Tijuana, 19 de enero de 2026.- El plan de justicia para agricultores de San Quintín que impulsa el Gobierno federal busca garantizar que todos los jornaleros cuenten con seguro social, regulando los esquemas de contratación, así como acceso a vivienda, entre otros temas, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las condiciones laborales de dicho sector, sobre las que reconoció que ha habido algunas mejoras, aunque "sigue habiendo muchas empresas que no contratan de manera formal a los jornaleros; existen esquemas de contratación a destajo, digamos, por el número de fresas o dependiendo de lo que cultiven al día, y pueden llegar a trabajar incluso más de ocho horas". Explicó que su administración trabaja en un plan de justicia para San Quintín, que inició durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se enfoca en el bienestar de las y los jornaleros, con acciones que les provean de educación básica hasta media superior, atención médica, guarderías e incluso vivienda. Por otro lado, aunque no especificó la fecha, indicó que visitará la entidad antes de que finalice enero, en una gira de trabajo en la que también estará en Sonora y Baja California Sur.

Redacción Tijuana, 19 de enero de 2026.- El empresario Ricardo Salinas debe pagar esta semana los 51 mil millones de pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó este lunes Antonio Martínez, director de la dependencia. Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, Martínez Dagnino informó que los requerimientos de cobro se enviaron el pasado viernes 9 de enero, tras lo que el Salinas Pliego fue notificado el jueves 15.  "A partir del viernes ya surte efectos, y el código fiscal de la federación establece que a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días, que sería esta semana", explicó. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum añadió que en caso de que el empresario busque saldar el adeudo "podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales, dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser de hasta 39%" de acuerdo con la ley. "Esperemos que pague", afirmó.

Por Víctor M Aviña Alva Tijuana BC 19 de enero 2026.- Imagina que eres el capitán de un barco navegando por aguas desconocidas. En lugar de simplemente esperar a que aparezca un iceberg frente a ti para intentar esquivarlo en el último segundo, cuentas con un equipo de vigías avanzados, radares de última generación y reportes de otros capitanes que ya pasaron por allí. Estos te informan sobre el clima, las corrientes y la ubicación exacta de los peligros antes de que los veas. En el mundo de la tecnología, eso es exactamente la Inteligencia de amenazas o Threat Intelligence. No se trata sólo de reaccionar cuando algo sale mal, sino de recolectar, procesar y analizar información para entender quiénes son los atacantes, qué herramientas usan y, lo más importante, qué están planeando antes de que toquen a tu puerta digital. Durante mucho tiempo, la ciberseguridad se centró en construir muros muy altos, como los cortafuegos o los antivirus. Sin embargo, los delincuentes digitales son creativos y siempre encuentran una grieta. La inteligencia de amenazas cambia el juego: Te permite pasar de una postura defensiva y pasiva a una proactiva. Al conocer las tácticas de tus adversarios, dejas de dar palos de ciego y empiezas a reforzar los puntos exactos por donde ellos planean entrar. Es, en esencia, convertir la información cruda en conocimiento estratégico para proteger tu vida digital o la infraestructura de tu empresa. De datos sueltos a decisiones estratégicas: El ciclo del conocimiento Para que la inteligencia de amenazas sea útil, no basta con tener una lista interminable de direcciones IP sospechosas. El verdadero valor surge cuando esa información se pone en contexto. Este proceso sigue un camino circular muy interesante: Primero se definen los objetivos, luego se recolectan datos de foros en la web oscura, redes sociales o registros de ataques previos, y finalmente se analizan para encontrar patrones. Por ejemplo, si descubres que hay un grupo de hackers interesado en atacar aplicaciones de banca móvil en tu región, esa información te permite alertar a tus desarrolladores de inmediato. Existen tres niveles fundamentales en este proceso que debes conocer. El primero es el estratégico, que ayuda a los directivos a entender los riesgos globales y a decidir dónde invertir el presupuesto. El segundo es el táctico, que se enfoca en los métodos específicos que usan los atacantes, como un tipo de virus concreto. Por último, tenemos el nivel operacional, que es la información técnica en tiempo real que usan los sistemas automáticos para bloquear ataques mientras ocurren. Esta combinación de enfoques asegura que la protección no sea sólo un parche temporal, sino una estrategia a largo plazo capaz de evolucionar al mismo ritmo que las amenazas. El valor de la anticipación: Datos y cifras que marcan la diferencia La inversión en estas tecnologías no es una coincidencia, ya que los beneficios económicos son tangibles y fáciles de medir. Las organizaciones han comprendido que es mucho más barato prevenir una intrusión que lidiar con las consecuencias de un robo masivo de datos. Según el informe Cost of a Data Breach Report 2024 de IBM, las empresas que utilizan herramientas avanzadas de inteligencia de amenazas impulsadas por inteligencia artificial y automatización logran identificar y contener las brechas de seguridad hasta 98 días más rápido que aquellas que no las utilizan (IBM, 2024). Esta rapidez no sólo salva la reputación de la empresa, sino que también protege sus finanzas de forma directa. El mismo estudio señala que el uso de estas capacidades de detección proactiva permite ahorrar un promedio de 2.22 millones de dólares en los costos totales asociados a un ataque (IBM, 2024). Por otro lado, la relevancia de este sector es tan grande que se proyecta que el mercado global de inteligencia de amenazas crezca a un ritmo constante, alcanzando un valor de 21.3 mil millones de dólares para el año 2030: Esta cifra demuestra que el conocimiento del adversario se ha convertido en el pilar central de la seguridad moderna (Fuente: MarketsandMarkets, Threat Intelligence Market Forecast, 2024). Finalizando: Una ventaja competitiva en un mundo incierto En conclusión, la inteligencia de amenazas es el faro que ilumina el oscuro panorama de los ciberataques actuales. Ya no basta con ser fuerte; ahora es necesario ser inteligente y estar informado. Al adoptar esta disciplina, las empresas y los profesionales pueden anticipar los movimientos de los criminales, reduciendo drásticamente las probabilidades de éxito de cualquier intento de sabotaje o robo. Tener la capacidad de ver lo que otros ignoran te otorga una ventaja competitiva invaluable: La tranquilidad de saber que estás preparado para lo que viene. La seguridad perfecta no existe, pero estar bien informado es lo que más se le acerca.

Por Daniel Lee Vargas Fuerza Migrante impulsa agenda binacional para una inclusión plena de la comunidad mexicana en proyectos sociales y políticas Ciudad de México, 19 Enero 2026.- El Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (COLEFOM), que agrupa a más de 106 organizaciones de mexicanas y mexicanos en el exterior, fijó una postura clara y contundente a favor de una reforma electoral que garantice, de manera real y efectiva, los derechos políticos de la comunidad migrante. El COLEFOM subrayó que la discusión actual sobre la reforma electoral representa una oportunidad histórica para saldar una deuda democrática con millones de paisanos que, aun residiendo fuera del territorio nacional, mantienen vínculos económicos, sociales, culturales y políticos con México. Para el colectivo, reconocer formalmente a la diáspora como sujeto político activo es un paso indispensable hacia una democracia que trascienda las fronteras. En este contexto, hay que señalar que la organización binacional Fuerza Migrante que encabeza Don @JaimeLuceroC ha hecho peticiones concretas de reconocimiento del derecho al voto, ha participado directamente en espacios legislativos, por ejemplo ante congresos estatales, para exigir que se reconozca el derecho al voto de las y los migrantes residentes fuera del país, incluyendo la posibilidad de votar por autoridades locales desde el extranjero. Así también #Fuerza Migrante ha firmado convenios de colaboración —por ejemplo, con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato— para promover información y facilitar los trámites consulares que permitan a migrantes inscribirse en la Lista Nominal y ejercer sus derechos político-electorales desde fuera de México. Más allá de posiciones puntuales, la organización impulsa una agenda binacional que busca la integración e inclusión plena de la comunidad mexicana en el exterior en proyectos sociales y políticas públicas en ambos lados de la frontera, con énfasis en promover mayor participación cívica y fortalecer la comunicación y organización comunitaria. Ahora bien, las organizaciones que integran el COLEFOM hicieron este fin de semana un llamado a los distintos actores políticos e institucionales a asumir este debate con seriedad y responsabilidad, avanzando en medidas concretas que faciliten el ejercicio del voto desde el exterior y que no se limiten a mecanismos simbólicos o de baja incidencia. En ese sentido, el colectivo ha insistido en la necesidad de crear verdaderos esquemas de representación política para la diáspora mexicana, incluyendo la posibilidad de diputaciones, senadurías y otros cargos de elección popular, así como el acceso pleno a los instrumentos de democracia participativa. El COLEFOM destacó, además, la relevancia de las audiencias públicas realizadas en diversas ciudades de Estados Unidos —como Los Ángeles y Sacramento, California; Seattle, Washington; Chicago, Illinois; Dallas, Texas; Atlanta, Georgia y Washington, D.C.— así como en distintas entidades federativas de México y mediante plataformas digitales. Estos espacios permitieron que la comunidad migrante expresara directamente sus demandas, diagnósticos y propuestas, visibilizando problemáticas históricas y aportando soluciones desde la experiencia de quienes viven fuera del país. De acuerdo con el colectivo, estos ejercicios de diálogo demostraron que existe una base social organizada, informada y dispuesta a participar activamente en la vida pública nacional. También evidenciaron que la diáspora mexicana no solo exige derechos, sino que plantea propuestas viables y de largo alcance para fortalecer el sistema democrático. Como resultado de este proceso de consulta, el COLEFOM informó que ha sistematizado al menos 18 puntos estratégicos, construidos a partir del trabajo con sus federaciones y organizaciones afiliadas. Dichas propuestas serán presentadas ante las instancias responsables del proceso de reforma electoral, así como ante la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con el objetivo de que sean incorporadas de manera sustantiva en el nuevo marco legal. Para el COLEFOM, el reconocimiento político de las y los mexicanos en el exterior no es una concesión, sino un derecho. La reforma electoral, sostienen, debe reflejar la realidad de un país transnacional y asumir que la diáspora mexicana es parte integral del presente y del futuro democrático de México. Sígueme en mis redes sociales: https://www.facebook.com/daniel.lee.766372/

Cicuta Jaime Flores Martínez Atisbo   Lunes 19 de enero del 2026.- Decidido a controlar a todos los mexicanos, el gobierno de Claudia Sheinbaum echa mano de la llamada “Ley Espía” que es la obligatoriedad de registrar a su nombre la línea telefónica móvil que utiliza. Y aunque la autoridad descalifica a los opositores que advierten que la intención del gobierno es espiar cada movimiento (en tiempo real) que realiza cada ciudadano, la realidad es que —bajo este esquema— se podrá vigilar cada movimiento, cada llamada, la ubicación de cada persona y con quien se reúne. Más grave resulta imaginarse que un ciudadano de bien que registró en tiempo y forma su número telefónico, pierde (o le roban) su aparato celular. En el caso que ese teléfono caiga en manos de delincuentes y que hagan mal uso, entonces el culpable de los delitos cometidos será ese ciudadano de bien. ¡Que no digan que no ocurrirá! No hay ninguna duda que el Estado mexicano insiste en una vieja obsesión: vigilar a todos para atrapar a unos cuantos.  La llamada Ley Espía, que obliga a cada propietario de un teléfono móvil a registrar su línea a su nombre, “se vende públicamente” como arma contra el delito. En la práctica funciona como una trampa para el ciudadano común y un regalo para los criminales. La premisa oficial resulta seductora en el discurso y desastrosa en la realidad: Si cada línea tiene nombre y apellido, entonces los delincuentes quedarán expuestos. El problema aparece en cuanto el país real entra en escena. México no es Suiza. Aquí se roban teléfonos en el transporte público, en la calle, en un descuido mínimo. Se pierden equipos, se clonan chips, “el mercado negro de celulares” prospera a plena luz del día. Muy grave resulta saber que esta ley no prevé ese escenario cotidiano, o lo prevé y no le importa. El ciudadano de bien registra su línea, cumple con la norma, entrega datos personales y duerme tranquilo, pero un día pierde el teléfono o se lo arrebatan. A partir de ese momento, su nombre queda atado a lo que ocurra con esa línea, que puede resultar en extorsiones, amenazas, fraudes o secuestros virtuales, entre otros. El catálogo del delito telefónico en México no es corto ni teórico. Todo eso puede salir de un aparato que ya no controla, pero que el Estado aún asocia a su identidad. La carga de la prueba cambia de manos. El ciudadano debe demostrar que no fue él. ¡Y el delincuente se carcajea! Ese delincuente disfruta del anonimato operativo que la ley prometía eliminar. La autoridad investiga primero al propietario registrado, no al criminal real. La presunción de inocencia se diluye frente a un registro administrativo que funciona como sentencia preventiva. El argumento de la seguridad se vuelve frágil. Las bandas criminales no usan líneas a su nombre desde hace años. Utilizan chips desechables, identidades falsas, teléfonos robados. La ley no las detiene y solo amplía el archivo estatal de datos personales y multiplica el riesgo para quien, en todo caso, si cumple. El historial tampoco ayuda. México ya intentó padrones similares y fracasaron. Se filtraron datos. Se vendieron bases completas. No redujeron el delito. Lo único que creció fue el mercado ilegal de información. Insistir en el mismo modelo no es ingenuidad: es terquedad institucional. Debe subrayarse que la Ley Espía no ataca la raíz del problema. Resulta más fácil pedirle al ciudadano su CURP, su identificación y su huella digital que fortalecer ministerios públicos y las policías. El resultado es un Estado que vigila a quien paga impuestos y obedece la ley, mientras el criminal opera con la ventaja del robo ajeno. Un país donde perder un celular puede costar algo más que el aparato: la tranquilidad, la reputación, la libertad. La pregunta final incomoda al poder. ¿Quién queda más expuesto con esta ley? ¡El delincuente profesional ya conoce el atajo! El ciudadano honesto carga el riesgo, pues la seguridad no se construye con padrones masivos ni con sospecha generalizada: se construye con instituciones que funcionen. Todo lo demás es espionaje mal disfrazado. Ah El registro obligatorio entró en vigor el 9 de enero, concluirá el último día de junio y debe realizarse en las instalaciones de la empresa de telefonía móvil que presta el servicio. La advertencia oficial, es decir, “la amenaza” es que suspenderán las líneas telefónicas que no se registren en ese periodo y lanzan otra amenaza: “no habrá prórroga”. Un dato; en México hay unos 158 millones de líneas. Positivo Qué bueno que a mediados de este mes, los diputados bajacalifornianos avalaron reformas a la ley de fortalecimiento Municipal para que se regule la venta, almacenamiento y consumo público de bebidas embriagantes en el estado de Baja California. De esta manera, los gobiernos de cada ciudad se obligan a regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas, en teatros, cines y sitios de espectáculos públicos. No se trata de prohibir este tipo de medidas, si no respetar en todo sentido, las regulaciones para la venta, almacenamiento y consumo público de bebidas con graduación alcohólica. Cicuta News.com        Cicuta.com.mx         X: @cicutabc         Facebook: cicuta        YouTube: jaime cicuta columna        Instagram: jaime flores cicuta         TikTok: cicuta.news

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México, 18 Enero 2026.- Las recientes detenciones de refugiados en Estados Unidos no son un hecho aislado ni una anomalía administrativa. Son una advertencia directa. Decenas de personas —principalmente refugiados somalíes, incluidos niños— fueron arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota y trasladadas a centros de detención en Texas, pese a haber ingresado legalmente al país y no contar con antecedentes criminales. Las detenciones se producen tras el lanzamiento de la llamada Operación Parris en Minnesota, enfocada en más de 5,600 refugiados que aún no han obtenido la residencia permanente. Aunque las autoridades anunciaron “nuevas revisiones de antecedentes”, nunca informaron que estas revisiones implicarían arrestos y traslados a centros de detención. El caso, revelado por The New York Times, marca un punto de quiebre en la política migratoria estadounidense. Y aunque las primeras víctimas visibles no son mexicanas, el impacto real recae sobre la comunidad mexicana en Estados Unidos, la más numerosa, la más vulnerable y la más expuesta a este nuevo enfoque punitivo. Para millones de migrantes mexicanos, este precedente es alarmante: si el refugio deja de ser un piso mínimo de protección, todas las demás figuras migratorias quedan en riesgo. Desde una perspectiva migratoria internacional, el mensaje es contundente: Estados Unidos está dispuesto a detener incluso a refugiados, la categoría migratoria con mayor nivel de protección jurídica dentro de su propio sistema. Los refugiados detenidos ya habían superado exhaustivos controles de seguridad antes de ser admitidos bajo el Programa de Refugiados de 1980. Su “falta” no fue un delito, sino no haber tramitado a tiempo la residencia permanente, un proceso que suele retrasarse por costos, saturación del sistema y falta de asesoría legal. Históricamente, no contar con la green card dentro del plazo legal no implicaba arresto ni deportación. Hoy, esa lógica ha cambiado. Bajo las nuevas directrices impulsadas por la administración de Donald Trump, una omisión administrativa comienza a tratarse como una falta deportable. Para la comunidad mexicana esto tiene consecuencias directas: Personas con procesos migratorios pendientes por años. Familias mixtas con integrantes en situación irregular. Trabajadores agrícolas, de la construcción y de servicios sin acceso a abogados. Migrantes que viven en constante espera por citas, resoluciones o renovaciones. El mensaje ya no es “regulariza tu estatus”, sino “si no lo hiciste a tiempo, te detenemos”. Aunque México no cuenta actualmente con TPS, la decisión normaliza la eliminación de protecciones humanitarias por razones políticas, algo que en el pasado ya ha afectado a otros países y que podría repetirse. Organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos advierten que el daño no se limita a quienes fueron detenidos. El efecto real es comunitario: miedo, retraimiento y desconfianza. Ese impacto ya es visible en comunidades mexicanas: Personas que cancelan citas migratorias por temor a ser detenidas. Migrantes que abandonan trámites por miedo a exponerse. Familias que evitan hospitales, escuelas o tribunales. Mayor informalidad, aislamiento y vulnerabilidad laboral. Desde la política pública, esto tiene un nombre claro: gobernar mediante el miedo. Un reto directo para México Para México, el mensaje es inequívoco. Estas medidas no son solo un asunto interno estadounidense: tienen impacto directo en millones de connacionales y en la estabilidad de comunidades binacionales. Si Estados Unidos está dispuesto a detener refugiados legales y desmantelar protecciones históricas, la comunidad mexicana seguirá siendo el objetivo central del endurecimiento migratorio. Lo ocurrido en Minnesota no es una excepción. Es un ensayo general. Hoy son refugiados somalíes. Mañana pueden ser solicitantes de asilo. Después, beneficiarios de permisos temporales. Y, como ha ocurrido históricamente, los migrantes mexicanos estarán en la primera línea de impacto. La nueva política migratoria estadounidense ya no castiga delitos: castiga retrasos, pobreza y falta de asesoría legal. Y eso, para millones de mexicanos en Estados Unidos, es una amenaza real, inmediata y creciente. Así las cosas. Hasta la próxima. Sígueme en mis redes sociales: https://www.facebook.com/daniel.lee.766372/