Atisbo
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Jaime Flores Martínez
Atisbo
Lunes 19 de enero del 2026.- Decidido a controlar a todos los mexicanos, el gobierno de Claudia Sheinbaum echa mano de la llamada “Ley Espía” que es la obligatoriedad de registrar a su nombre la línea telefónica móvil que utiliza.
Y aunque la autoridad descalifica a los opositores que advierten que la intención del gobierno es espiar cada movimiento (en tiempo real) que realiza cada ciudadano, la realidad es que —bajo este esquema— se podrá vigilar cada movimiento, cada llamada, la ubicación de cada persona y con quien se reúne.
Más grave resulta imaginarse que un ciudadano de bien que registró en tiempo y forma su número telefónico, pierde (o le roban) su aparato celular.
En el caso que ese teléfono caiga en manos de delincuentes y que hagan mal uso, entonces el culpable de los delitos cometidos será ese ciudadano de bien.
¡Que no digan que no ocurrirá!
No hay ninguna duda que el Estado mexicano insiste en una vieja obsesión: vigilar a todos para atrapar a unos cuantos.
La llamada Ley Espía, que obliga a cada propietario de un teléfono móvil a registrar su línea a su nombre, “se vende públicamente” como arma contra el delito.
En la práctica funciona como una trampa para el ciudadano común y un regalo para los criminales.
La premisa oficial resulta seductora en el discurso y desastrosa en la realidad:
Si cada línea tiene nombre y apellido, entonces los delincuentes quedarán expuestos.
El problema aparece en cuanto el país real entra en escena. México no es Suiza. Aquí se roban teléfonos en el transporte público, en la calle, en un descuido mínimo. Se pierden equipos, se clonan chips, “el mercado negro de celulares” prospera a plena luz del día.
Muy grave resulta saber que esta ley no prevé ese escenario cotidiano, o lo prevé y no le importa.
El ciudadano de bien registra su línea, cumple con la norma, entrega datos personales y duerme tranquilo, pero un día pierde el teléfono o se lo arrebatan. A partir de ese momento, su nombre queda atado a lo que ocurra con esa línea, que puede resultar en extorsiones, amenazas, fraudes o secuestros virtuales, entre otros.
El catálogo del delito telefónico en México no es corto ni teórico. Todo eso puede salir de un aparato que ya no controla, pero que el Estado aún asocia a su identidad.
La carga de la prueba cambia de manos. El ciudadano debe demostrar que no fue él.
¡Y el delincuente se carcajea!
Ese delincuente disfruta del anonimato operativo que la ley prometía eliminar. La autoridad investiga primero al propietario registrado, no al criminal real.
La presunción de inocencia se diluye frente a un registro administrativo que funciona como sentencia preventiva.
El argumento de la seguridad se vuelve frágil. Las bandas criminales no usan líneas a su nombre desde hace años. Utilizan chips desechables, identidades falsas, teléfonos robados.
La ley no las detiene y solo amplía el archivo estatal de datos personales y multiplica el riesgo para quien, en todo caso, si cumple.
El historial tampoco ayuda. México ya intentó padrones similares y fracasaron. Se filtraron datos. Se vendieron bases completas. No redujeron el delito.
Lo único que creció fue el mercado ilegal de información. Insistir en el mismo modelo no es ingenuidad: es terquedad institucional.
Debe subrayarse que la Ley Espía no ataca la raíz del problema.
Resulta más fácil pedirle al ciudadano su CURP, su identificación y su huella digital que fortalecer ministerios públicos y las policías.
El resultado es un Estado que vigila a quien paga impuestos y obedece la ley, mientras el criminal opera con la ventaja del robo ajeno. Un país donde perder un celular puede costar algo más que el aparato: la tranquilidad, la reputación, la libertad.
La pregunta final incomoda al poder. ¿Quién queda más expuesto con esta ley?
¡El delincuente profesional ya conoce el atajo!
El ciudadano honesto carga el riesgo, pues la seguridad no se construye con padrones masivos ni con sospecha generalizada: se construye con instituciones que funcionen. Todo lo demás es espionaje mal disfrazado.
Ah
El registro obligatorio entró en vigor el 9 de enero, concluirá el último día de junio y debe realizarse en las instalaciones de la empresa de telefonía móvil que presta el servicio.
La advertencia oficial, es decir, “la amenaza” es que suspenderán las líneas telefónicas que no se registren en ese periodo y lanzan otra amenaza: “no habrá prórroga”. Un dato; en México hay unos 158 millones de líneas.
Positivo
Qué bueno que a mediados de este mes, los diputados bajacalifornianos avalaron reformas a la ley de fortalecimiento Municipal para que se regule la venta, almacenamiento y consumo público de bebidas embriagantes en el estado de Baja California.
De esta manera, los gobiernos de cada ciudad se obligan a regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas, en teatros, cines y sitios de espectáculos públicos.
No se trata de prohibir este tipo de medidas, si no respetar en todo sentido, las regulaciones para la venta, almacenamiento y consumo público de bebidas con graduación alcohólica.
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