Crece la indignación de trabajadores en la Consejería capitalina

Columna Horas Extras

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 4 de noviembre 2025.- En la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (CEJUR), la justicia se exige hacia afuera, pero se niega hacia adentro. Lo que antes eran murmullos de pasillo se transformó en una marcha inédita: trabajadores hartos de los abusos, la vigilancia y los salarios de miseria salieron a denunciar lo que el discurso oficial pretende maquillar con comunicados y promesas para 2026.

Desde que Eréndira Cruzvillegas Fuentes asumió el cargo como titular, la CEJUR parece haber adoptado una cultura de control más propia de un cuartel que de una institución que debe defender derechos. Cámaras en cada pasillo, listas revisadas, horarios cruzados y conversaciones monitoreadas. Un modelo de gestión cerrado, que desconfía de su propio personal, como si el enemigo estuviera dentro. El resultado: un ambiente laboral asfixiante, sin diálogo, sin empatía y sin respuesta a las necesidades mínimas.

La primera marcha interna fue apenas una advertencia. En Notarías, Registro Civil, Defensoría Pública y Justicia Cívica, los trabajadores comparten la misma frustración: salarios que no alcanzan los ocho mil pesos mensuales, jornadas extendidas sin pago, descuentos arbitrarios y equipos obsoletos. Mientras tanto, desde las oficinas de la dirección financiera se filtran comunicados con tono triunfalista que hablan de “incrementos y modernización”, cuando la realidad es de precariedad y desconfianza.

La crisis laboral tiene nombres y responsables. Eréndira Cruzvillegas Fuentes, que dirige sin escuchar; el secretario de Gobierno, César Cravioto, que ignora los llamados a dialogar; y la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, que hasta hoy ha mantenido silencio frente a las peticiones reiteradas de su propio personal. Ninguno parece entender que no se puede exigir justicia social mientras se pisotean los derechos laborales de quienes sostienen las instituciones.

Lo más grave es que la actual administración repite el mismo patrón de desprecio que se gestó desde la era de Claudia Sheinbaum, cuando las amenazas veladas —“allá afuera hay muchos que quieren su puesto”— eran parte del léxico cotidiano. Hoy, esa cultura de miedo y desgaste se perpetúa, disfrazada de tecnocracia, eficiencia y “modernización incluyente”.

Los trabajadores no piden privilegios, exigen dignidad. No exigen bonos políticos ni medallas institucionales, piden salarios justos, estabilidad, respeto. Y si algo ha quedado claro con su marcha es que ya no están dispuestos a callar. En una oficina donde se habla de leyes y derechos, la justicia laboral se ha vuelto el expediente más olvidado.

El conflicto en la Consejería Jurídica no es un asunto interno, es un espejo de lo que ocurre en la administración pública de la capital: burocracia deshumanizada, líderes que administran el miedo y un modelo de gestión que prefiere cámaras y controles antes que mesas de diálogo. Si la CEJUR no corrige el rumbo, su nombre quedará marcado no por defender la legalidad, sino por traicionar la justicia dentro de sus propias paredes.

P.D.

La crisis de la CEJUR no es un hecho aislado. En el fondo, forma parte de un deterioro más amplio del respeto al trabajo público en México. Basta mirar lo que sigue ocurriendo con la extinta agencia Notimex, símbolo de la descomposición laboral institucionalizada.

Aunque el gobierno decretó su desaparición, el proceso de liquidación sigue estancado: no se ha pagado la seguridad social de cientos de trabajadores, no hay claridad sobre los fondos para cubrir las liquidaciones pendientes y, mientras tanto, la administración intenta vender el edificio que alguna vez perteneció a Morena para financiar la salida.

El conflicto se ha tornado aún más turbio: algunos colaboradores cercanos a Sanjuana Martínez, la exdirectora, reclaman liquidaciones que legalmente no les corresponden, mientras los trabajadores legítimos —los que sostuvieron la operación de la agencia hasta el final— siguen esperando justicia.

Notimex se convirtió en el espejo roto del sindicalismo público mexicano: promesas de transformación que terminaron en despidos, propaganda y abandono. Su extinción no resolvió el conflicto; solo lo silenció temporalmente, dejando tras de sí una deuda moral y laboral que ningún decreto podrá borrar.

Porque cuando un Estado se da el lujo de liquidar instituciones sin liquidar a sus trabajadores, lo que desaparece no es una agencia: es la credibilidad de todo un modelo de justicia laboral.