El Congreso que abandonó a los trabajadores y el mentiroso Alejandro Martínez Araiza

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 28 de octubre 2025.- La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso mexicano atraviesa una de las etapas más grises y estériles de su historia reciente. Entre la inoperancia institucional y el desdén político, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el órgano que debería ser la voz y defensa de la clase trabajadora se ha convertido en un símbolo de simulación legislativa. 

El rezago de dictámenes y la falta de sesiones efectivas son el retrato fiel de un Congreso sin rumbo laboral. El morenista Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo en la Cámara de Diputados, preside la Comisión de Trabajo que ha pasado de ser un espacio de deliberación obrera a una instancia opaca y paralizada, donde las iniciativas duermen por tiempo indefinido. 

Mientras tanto, en el Senado, la petista Geovanna Bañuelos de la Torre mantiene una conducción igualmente gris y distante. Su papel, lejos de la combatividad sindical que alguna vez la caracterizó, se diluye entre la retórica y la inacción. Ambos frentes legislativos, el de Diputados y el de Senadores, parecen competir no por quién legisla mejor, sino por quién posterga más las discusiones que realmente podrían transformar las condiciones laborales del país. 

No se trata de una simple omisión: es un vacío deliberado de gestión. La reducción de la jornada laboral, la inspección efectiva del trabajo, la regulación de las plataformas digitales y la protección a los subcontratados siguen sin dictamen. Cada sesión suspendida o diferida refuerza el mensaje de siempre: los derechos laborales pueden esperar. 

La inacción legislativa no es neutra; beneficia a quienes lucran con la precariedad. Mientras las y los diputados y senadores se enredan en discursos, millones de trabajadores siguen sin seguridad social, con sueldos de sobrevivencia y sin mecanismos reales de defensa ante el abuso patronal. 

La parálisis no es solo fruto de negligencia, sino de cálculo. Las comisiones laborales del Congreso se han transformado en monedas de cambio político, espacios donde los derechos de la clase trabajadora se negocian según las conveniencias de las cúpulas partidistas. 

Ni  Geovanna Bañuelos de la Torre M ni Manuel de Jesús Baldenebro han ejercido el liderazgo que sus investiduras exigen. La primera, atrapada entre el dogmatismo y la ineficacia; el segundo, entre el confort del poder y la pérdida de legitimidad sindical. Ambos encarnan la desconexión del Congreso con la realidad del trabajo en México, un país donde el salario no alcanza, la informalidad crece y los derechos conquistados se erosionan en silencio. 

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en ambas cámaras, ha renunciado a su papel histórico. Al no legislar, legisla por omisión; al callar, valida los abusos; al demorar, protege los intereses del capital. 

En un país donde el trabajo es la base del bienestar y la desigualdad su mayor herida, esta parálisis legislativa no es una anécdota: es una forma de desprecio político hacia quienes sostienen con esfuerzo lo que otros administran con cinismo. 

PD. Hay que hablar también sobre  Alejandro Martínez Araiza, secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), porque éste se ha convertido en el símbolo de un sindicalismo anacrónico, plagado de falsedades, opacidad y control autoritario.

Sus declaraciones públicas no sólo evidencian un desprecio por la verdad, sino una estrategia deliberada para manipular a la base trabajadora y mantener un poder construido sobre la mentira y la intimidación. Mientras presume representar los intereses obreros, en los hechos actúa como un cacique moderno que confunde la dirección sindical con un feudo personal. 

Las seis contradicciones señaladas por los trabajadores disidentes son más que simples inconsistencias: constituyen un patrón de engaño. Desde su inexistente participación en la revisión del capítulo laboral del T-MEC hasta las cifras infladas de afiliados y centros de trabajo, todo apunta a un intento por aparentar legitimidad ante instancias nacionales e internacionales. A ello se suma su negativa a transparentar el patrimonio sindical, violando lo dispuesto en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, y su falsa narrativa de democracia interna cuando, en realidad, su reelección se consumó sin competencia alguna. 

Lo más grave es que Martínez Araiza usa el nombre del SNAC para encubrir un liderazgo personalista que desvirtúa la función esencial de un sindicato: defender los derechos laborales con transparencia y rendición de cuentas. Mientras él manipula cifras y discursos, los trabajadores enfrentan un vacío de representación real. Urge una depuración interna del SNAC y la intervención de las autoridades laborales para frenar este tipo de prácticas que traicionan el espíritu de la reforma laboral y perpetúan el viejo modelo corporativo que tanto daño ha hecho al sindicalismo mexicano. 

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