Urgen a Congreso de la Unión a evaluar sanciones más severas para menores de edad que cometan delitos de alto impacto

Redacción

Tijuana, 21 de agosto de 2026.- Ante el incremento en la participación de menores de edad en delitos de alto impacto en la entidad, fenómeno al que se refirió como preocupante y desmesurado, la diputada Norma Peñaloza exhortó "al Congreso de la Unión para que impulse un proceso de revisión legislativa integral que permita valorar la necesidad de fortalecer el marco jurídico vigente, frente a los nuevos desafíos que plantea la criminalidad de alto impacto".

La legisladora indicó que esta problemática menoscaba cada día más la paz de los ciudadanos en Baja California, por lo que presentó un punto de acuerdo para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, el Congreso de la Unión realice las acciones necesarias para dar celeridad al debate de las iniciativas en la materia. 

Con ello, busca que se contemplen sanciones proporcionales a la gravedad de la conducta delictiva cometida por la persona adolescente, cuando esta represente una grave afectación a las víctimas y sus familias y constituya un delito de alto impacto. 

"Somos conscientes del arduo trabajo legislativo que han realizado las diputaciones en materia de justicia penal para adolescentes, a través de la presentación de diversas reformas constitucionales o extensas discusiones para modificar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes [...] y sabemos que existe un amplio debate ante la naturaleza del tema, sin embargo, resulta imposible negar la latente necesidad de acciones que brinden seguridad y transformen el panorama jurídico actual, para transitar a un nuevo modelo que responda a la realidad delictiva", afirmó.

Por tales motivos, Peñaloza Escobedo propuso que la XXV Legislatura del Congreso de Baja California exhorte al Congreso de la Unión, a través de su presidenta, Kenia López, para que en el ámbito de sus facultades gire las instrucciones necesarias, con el fin de que se realice el análisis legislativo correspondiente.

En su caso, promueva las reformas necesarias a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás ordenamientos aplicables, para fortalecer la respuesta institucional frente a los delitos de alto impacto cometidos por personas adolescentes, garantizando los principios constitucionales y el derecho internacional convencional. 

La propuesta fue aprobada por mayoría del Pleno, para ser remitida por la Legislatura local al Congreso de la Unión.