Cuando la defensa de un niño migrante se convierte en un problema de contrato

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 21 Agosto 2026.- Hay decisiones de gobierno que pueden discutirse desde la política, otras desde la eficiencia administrativa y algunas más desde el presupuesto. Pero cuando una decisión afecta directamente el derecho de un niño a defenderse frente a una posible deportación, el debate deja de ser meramente administrativo: entra de lleno en el terreno de la ética, la justicia y los derechos humanos.

Ese es precisamente el problema que plantea la decisión de la administración de Donald Trump de cancelar el contrato con Acacia Center for Justice, organización que durante años coordinó una amplia red de abogados encargados de representar legalmente a menores migrantes no acompañados.

La terminación del contrato, ocurrida el 31 de julio, dejó en riesgo la continuidad de la defensa de niños que enfrentan procesos migratorios y que, en muchos casos, llegan a Estados Unidos después de haber sufrido trata, abuso sexual, violencia, abandono o negligencia.

El dato que debería provocar mayor preocupación es que la respuesta del gobierno no parece limitarse a sustituir a un proveedor por otro. Lo que está en juego es la naturaleza misma de la representación legal. El Departamento de Defensa ha buscado abogados militares en activo, retirados o próximos a jubilarse para asumir esta tarea, mientras la Oficina de Reasentamiento de Refugiados sostiene que busca aprovechar su experiencia jurídica para continuar prestando un servicio público.

Aquí aparece una pregunta incómoda, pero indispensable: ¿puede un abogado que forma parte del aparato gubernamental representar con plena independencia a un menor que enfrenta a ese mismo gobierno en un procedimiento de deportación?

No basta con afirmar que se trata de abogados experimentados. La defensa de un niño migrante no es solamente una cuestión de conocimiento jurídico. Requiere especialización en derecho migratorio, experiencia con menores, comprensión de situaciones de trauma y, sobre todo, independencia profesional para anteponer el interés superior del niño a cualquier otra consideración.

Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para la Justicia de los Inmigrantes, expresó justamente esa preocupación al cuestionar la ética de que un abogado del Gobierno represente a menores frente a otra rama del propio Gobierno.

Y hay razones para tomar esa advertencia con absoluta seriedad.

Acacia no era simplemente una organización que administraba recursos. Supervisaba una red de más de 800 abogados pertenecientes a unos 100 proveedores de servicios legales, encargados de representar a los menores ante tribunales migratorios y de ayudarlos en solicitudes de protección, incluida la destinada a víctimas de trata.

Desmantelar una estructura de esa dimensión no es equivalente a cambiar el nombre que aparece en un contrato. Significa alterar una red especializada que conocía los casos, los procedimientos y, en muchos casos, las historias personales de los niños.

Todavía más preocupante resulta el conflicto relacionado con la información confidencial. Acacia rechazó un contrato provisional porque, según denunció, la Administración pretendía que los proveedores entregaran información confidencial de sus clientes que podría ser utilizada para deportar a los mismos menores que tenían la obligación profesional de proteger.

Si esta acusación es correcta, estamos ante algo mucho más grave que una disputa contractual. La confidencialidad entre abogado y cliente no puede convertirse en moneda de cambio para ejecutar una política migratoria.

Los números también obligan a mirar el problema más allá de los casos individuales. Según datos citados en la información, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados compartió más de 460 mil pistas con ICE sobre menores no acompañados, sus patrocinadores y otros integrantes de sus hogares; Reuters reportó que las autoridades migratorias habían detenido a más de 12 mil personas sobre las que la ORR había proporcionado información desde enero de 2025.

En ese contexto, la representación legal independiente adquiere una importancia todavía mayor.

Porque estos no son expedientes impersonales. Son niños.

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