Trump legaliza el miedo

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 11 de mayo 2025.- Estados Unidos está entrando en una etapa alarmantemente oscura de su historia migratoria. Esta semana, el presidente Donald Trump no solo firmó una orden ejecutiva para lanzar lo que denominó con frialdad "el primer programa de autodeportación", sino que acompañó su amenaza con la confiscación de bienes, la suspensión de salarios, penas de prisión y sanciones económicas para más de 10 millones de personas que considera un "problema" antes que seres humanos.

Este anuncio no es un gesto simbólico. Ya tiene consecuencias tangibles, y la detención de Ras Baraka, alcalde de Newark, lo prueba. Baraka, un demócrata afroamericano que se ha mantenido firme contra la criminalización de los migrantes, fue arrestado por atreverse a protestar frente a un megacentro de detención que el gobierno federal instala en su ciudad. La imagen del alcalde esposado y escoltado por agentes federales no es solo un acto de represión política, es una advertencia escalofriante de lo que se avecina.

¿En qué clase de país se convierte Estados Unidos cuando amenaza a familias trabajadoras con arrebatarles todo si no se “autodeportan”? Este programa, camuflado bajo un lenguaje “voluntario”, es una política de coerción institucionalizada, una versión moderna del destierro forzado. Lo llaman "reserva de vuelo gratis", pero lo que ocultan es la espada de Damocles que cuelga sobre millones de cabezas: sal por las buenas, o lo perderás todo.

Mientras tanto, la hipocresía alcanza niveles grotescos. La administración que endurece el sistema para los migrantes latinos y africanos, ahora se apresta a recibir con honores a refugiados blancos sudafricanos, en una operación especial liderada por Stephen Miller, el arquitecto de las políticas más xenófobas de esta era. ¿Desde cuándo la persecución racial solo merece atención cuando las víctimas son blancas?

Lo que ocurre en Newark no es un hecho aislado, sino la instauración de un modelo autoritario que desmantela las garantías constitucionales, amenaza el debido proceso y convierte la política migratoria en un espectáculo de castigo y exclusión.

Frente a esta distopía en marcha, la resistencia no es solo válida: es urgente. La protesta de Baraka es la voz de muchas ciudades que se niegan a convertirse en cómplices de un sistema que premia la persecución y penaliza la humanidad. No podemos normalizar un país donde el derecho a quedarse es sustituido por un boleto de salida disfrazado de "opción".

Estados Unidos se enfrenta a una disyuntiva moral. O defiende sus principios fundacionales de refugio y justicia, o cede ante una ideología que convierte al migrante en enemigo y al exilio en espectáculo político. Si no se alza la voz hoy, mañana ya no habrá quién la escuche.

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