Migrar siendo infancia, el olvido institucional y el refugio civil.

Por Daniel Lee Vargas.

Ciudad de México, 24 de mayo 2025.- En la ruta migratoria que atraviesa México y Centroamérica, los niños, niñas y adolescentes no viajan con sueños: huyen con miedo. Lejos de representar cifras menores, las infancias en movilidad son ya un componente estructural de los flujos migratorios. Y sin embargo, continúan siendo tratadas como apéndices adultos, no como sujetos de derechos.

Frente a la ceguera institucional, son las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, organismos binacionales como Fuerza Migrante, y otras como Red Mexicana son quienes alzan la voz para lo que los Estados aún se niegan a ver.

La reciente propuesta de un mecanismo de protección transnacional impulsada por UNICEF, REDIM y otros actores es más que una iniciativa técnica: es un grito de urgencia. La niñez migrante enfrenta un abanico de violencias —desde la trata y los abusos sexuales, hasta el secuestro con fines de esclavitud laboral— que se agravan por el cruce de vulnerabilidades: género, pobreza, idioma, estatus migratorio.

La respuesta estatal, en cambio, sigue anclada en la visión de contención y sospecha. No se les protege; se les vigila.

Jimena Reynoso, vocera del Grupo de Participación Regional de Niños, Niñas y Adolescentes, lo expresó con claridad: “necesitamos ser escuchados”. Reclaman acceso a salud mental, espacios seguros, documentos de identidad. Requieren ser tratados como personas, no como cargas. Pero para muchos gobiernos de la región, reconocer sus derechos implicaría asumir responsabilidades que prefieren delegar o ignorar.

En este paisaje hostil, las ONGs no sólo acompañan: salvan vidas. Lo hacen diseñando protocolos de atención, construyendo albergues, gestionando redes de cuidado, denunciando abusos y exigiendo justicia. Pero también enfrentan resistencias: burocracias indolentes, recursos insuficientes y una narrativa oficial que minimiza su papel o las acusa de entorpecer el orden.

En México, mientras tanto, el Estado celebra el ingreso récord de remesas, como si fueran un mérito nacional y no el resultado del exilio económico. Más de 63 mil millones de dólares llegaron al país en 2024, pero ni un peso garantiza la seguridad de quienes los envían, y menos aún de sus hijos e hijas. Esa dependencia económica ha generado una peligrosa pasividad: mientras el dinero fluya, las vidas pueden esperar.

La representante de UNICEF en México, Patricia Cornejo García, ha señalado algunos avances —como los esfuerzos por la reunificación familiar—, pero también reconoce que sin una colaboración regional efectiva, los logros serán siempre parciales. No se trata sólo de atender la emergencia, sino de construir un sistema de protección integral, continuo, binacional. La movilidad infantil no terminará; lo que debe terminar es su invisibilidad.

El enfoque de derechos humanos no es una consigna: es una obligación legal y ética. Y si bien las ONGs están haciendo el trabajo que los gobiernos se rehúsan a asumir, no pueden —ni deben— cargar solas con esa responsabilidad. Su labor debe ser respaldada, fortalecida y reconocida como parte estratégica de la política migratoria.

Hoy, cada niño y niña que cruza una frontera es una prueba de fuego para nuestras democracias. Porque lo que está en juego no es solo su destino, sino nuestra capacidad de mirarlos como iguales, con la dignidad que todo ser humano merece. Y si los Estados siguen sordos, serán las organizaciones civiles quienes nos recuerden que migrar no debería ser una condena. Mucho menos para quienes apenas están aprendiendo a nombrar el mundo.

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