Las cárceles privadas y la criminalización industrial del migrante"
- Cicuta Noticias
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Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México, 3 agosto 2025.- Para que más que la verdad, mientras Donald Trump presume su “gran y bello” mega plan fiscal como un acto de poderío económico, lo que realmente está inaugurando es una nueva era de encierro masivo y lucrativo.
Bajo el pretexto de "fortalecer la seguridad nacional", su administración ha asignado 45 mil millones de dólares al aparato de detención migratoria más grande y lucrativo en la historia de Estados Unidos. Una cifra que, lejos de invertir en integración o justicia, irá a engrosar los bolsillos de dos gigantes del encarcelamiento privado: GEO Group y CoreCivic.
Estas corporaciones, que manejan más de 150 mil espacios de detención y han sido denunciadas en múltiples ocasiones por abusos, negligencia y violaciones de derechos humanos, están viviendo una auténtica bonanza en Wall Street. No es casual: invirtieron casi 2.8 millones de dólares en la campaña y celebración de investidura de Trump, y ahora cosechan contratos multimillonarios con el sello del ICE.
El ciclo es perverso pero eficaz: financiar al candidato correcto para luego gestionar, sin escrutinio ni transparencia, el encarcelamiento industrial de migrantes pobres, desesperados y criminalizados por el solo hecho de buscar sobrevivir.
Uno de los casos más alarmantes es el centro de detención de Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, donde ya se han denunciado motines por hambre, fugas, hacinamiento y violencia institucional. La administración de estas prisiones, vendida como “asistencia segura” por las empresas, es en realidad una red de negligencia sistemática y lucro con el sufrimiento humano. Mientras los directivos celebran su “expansión estratégica” como si fueran operadores hoteleros, miles de migrantes sobreviven entre rejas, mal alimentados y sin acceso a un debido proceso.
Pero el problema va más allá del cinismo empresarial. Se trata de una decisión política deliberada de transformar la migración en un negocio carcelario, con incentivos claros para encarcelar más, más rápido y por más tiempo. En palabras del CEO de GEO Group, George Zoley, “estamos bien posicionados para ampliar nuestra red de residencias seguras... incluso a millones”. El lenguaje importa: llaman "residencias" a lo que en la práctica son campos de detención con prácticas inhumanas.
¿Cómo llegamos aquí? La migración ha sido despojada de toda dimensión humanitaria o legal, convertida en mercancía carcelaria. No hay mayor rentabilidad en este modelo que la detención prolongada de indocumentados sin cargos criminales formales. Las empresas no sólo obtienen subsidios por cama ocupada, sino también bonificaciones por "eficiencia" y "logística". A cambio, los migrantes pierden años de vida, salud física y mental, y en muchos casos, el acceso a una defensa mínima.
En esta ecuación, el Estado se convierte en cliente y cómplice, y el Congreso, al aprobar este paquete presupuestal sin mayor resistencia, legitima un sistema donde el encarcelamiento es política pública, no medida de último recurso.
¿Dónde queda el derecho internacional? Las convenciones sobre derechos humanos, el Pacto Mundial para la Migración Segura y Ordenada, e incluso las directrices internas del propio ICE, son papel mojado ante los intereses corporativos y el discurso xenófobo de la actual administración. Y mientras tanto, los defensores de derechos humanos, legisladores demócratas como Cory Booker y hasta alcaldes como Ras Baraka, enfrentan arrestos, censura o indiferencia por intentar denunciar lo que ocurre tras los muros de estos centros.
Lo que está en juego no es sólo el destino de cientos de miles de migrantes detenidos, sino el futuro ético de una nación que hoy paga miles de millones para encerrar personas, pero se niega a invertir una fracción de eso en soluciones reales: visas de trabajo, refugio humanitario, reunificación familiar o apoyo a países de origen.
El modelo Trump de detención privada masiva no es seguridad: es negocio, corrupción y barbarie legalizada. Es la consolidación de un sistema en el que el sufrimiento humano cotiza en bolsa.
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