EU abre la puerta a la ciudadanía revocable

Por Daniel Lee Vargas

Trump acelera la desnaturalización como nueva arma migratoria

Ciudad de México, 20 Diciembre 2025.- La Administración Trump alista un nuevo giro a su política migratoria, y esta vez también es muy drástico: despojar de su ciudadanía a personas ya naturalizadas, una medida que marca una nueva fase de endurecimiento institucional y simbólico contra la migración, incluso aquella que ya había sido “regularizada” bajo la ley.

De acuerdo con una guía interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), obtenida por The New York Times, las oficinas de campo deberán remitir entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes a partir del año fiscal 2026. De concretarse, el objetivo implicaría una escalada sin precedentes en la era moderna, multiplicando por diez —en un solo mes— el promedio anual de casos presentados entre 2017 y 2025.

Para dimensionar el cambio: en casi ocho años, el Departamento de Justicia había impulsado poco más de 120 casos de desnaturalización en total. Ahora, la administración republicana busca convertir una figura jurídica excepcional en una política sistemática, con cuotas mensuales y metas administrativas.

Formalmente, la ley federal permite la desnaturalización únicamente cuando se comprueba fraude durante el proceso de obtención de la ciudadanía u otras circunstancias muy limitadas. Sin embargo, expertos y exfuncionarios advierten que el enfoque del gobierno de Trump desborda el marco técnico y se inscribe en una lógica política de disuasión, castigo y miedo.

“Imponer objetivos numéricos arbitrarios corre el riesgo de politizar la revocación de la ciudadanía”, alertó Sarah Pierce, exfuncionaria de USCIS.

 “Convertir una herramienta rara y grave en un instrumento de uso masivo alimenta la incertidumbre de millones de estadounidenses naturalizados”, acusó.

El temor central es que, bajo la presión de cumplir cuotas, errores administrativos menores o inconsistencias antiguas —comunes en procesos migratorios largos y complejos— sean reinterpretados como fraude deliberado. El mensaje implícito es contundente: la ciudadanía ya no es un derecho adquirido, sino una condición revocable.

La directriz sobre desnaturalización no es un hecho aislado. Llega en un contexto en el que Trump ha cerrado o restringido todas las rutas de protección y regularización migratoria: bloqueos al asilo en la frontera sur, suspensión de solicitudes dentro del país y prohibiciones de entrada a viajeros de países africanos y de Medio Oriente.

Lo novedoso es que la ofensiva ya no se limita a migrantes indocumentados o solicitantes de asilo. Ahora alcanza a ciudadanos estadounidenses naturalizados, unos 26 millones de personas, muchas de ellas provenientes de México, India, Filipinas, República Dominicana y Vietnam, según datos oficiales.

Desde el gobierno, el discurso se ampara en la “integridad del sistema”. Matthew J. Tragesser, portavoz de USCIS, aseguró que se perseguirá a quienes “mintieron o se representaron falsamente” durante la naturalización. El Departamento de Justicia fue más lejos: incluyó como objetivos prioritarios no sólo el fraude migratorio, sino supuestos vínculos con pandillas, cárteles, delitos financieros y crímenes violentos, ampliando peligrosamente el margen de interpretación.

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