La industria de la deportación, cuando la persecución se subcontrata

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 30 de noviembre 2025.- Por más exagerado que parezca, Estados Unidos está ensayando un modelo de persecución de migrantes que combina mercenarismo, outsourcing policial y una economía paralela que se alimenta del miedo. La nueva convocatoria del gobierno de Donald Trump —que busca deportar a un millón de personas por año— confirma que el país más poderoso del mundo está dispuesto a convertir la cacería humana en un negocio privado de alta rentabilidad.

En días recientes, ICE abrió una convocatoria por “necesidad inmediata” para contratar “servicios de rastreo de personas”, con un presupuesto de 180 millones de dólares. El objetivo: localizar 1.5 millones de hogares, fotografiar, documentar, vigilar y reportar. A cada contratista se le asignarán lotes de 50 mil migrantes, como si fueran expedientes comerciales, no vidas humanas.

Y para México, el país con más de 11.6 millones de nacionales viviendo en Estados Unidos, esto es una alerta roja de dimensiones históricas.

De inmediato, las empresas privadas, muchas con antecedentes turbios, empezaron a reclutar personal en LinkedIn ofreciendo 300 dólares por cada “sospechoso” verificado. Ex militares, expolicías o prácticamente cualquiera con dos años en el Ejército califican para participar en esta economía gris. Para ellos, hasta 30 mil dólares en un período piloto de 90 días. Para los migrantes, el precio es el terror.

Esto no es nuevo. Esto es parte del deportation–industrial complex, como lo denomina el Brennan Center for Justice: una red de intereses económicos, políticos y corporativos que convierte la migración en una fuente inacabable de contratos millonarios.

G4S/Allied Universal —la empresa de seguridad privada más grande del planeta, con historial de abusos en Medio Oriente y en cárceles israelíes— ha recibido más de mil millones de dólares en contratos con ICE y CBP entre 2008 y 2023. Su personal ha sido captado participando en detenciones, a pesar de que la ley federal se los prohíbe. Es decir: capturan personas ilegalmente… para entregarlas a una agencia que dice “hacer cumplir la ley”.

Encapuchados, golpizas y persecuciones, así el nuevo rostro de la “seguridad”

Desde enero, miles de videos circulan en redes mostrando hombres encapuchados golpeando, persiguiendo y deteniendo migrantes sin identificación ni autoridad visible. No responden quiénes son. No portan insignias. No muestran órdenes. Solo actúan.

Operan como si fueran una policía paralela, una especie de milicia tercerizada.

Episodios como las detenciones en tribunales de San Francisco —agentes del ICE acompañados por personal de G4S— confirman que la línea entre autoridad y contratista privado está siendo borrada deliberadamente. En 2022, un juez federal prohibió a G4S realizar funciones de arresto tras encadenar ilegalmente a una residente permanente. Aun así, la empresa continúa operando al filo —o más bien fuera— de la ley.

El exdirector del ICE, John Sandweg, advierte:

“La idea de que tengamos grupos privados de cazarrecompensas arrestando migrantes es aterradora y completamente ilegal”.

Pero aterradora no significa improbable: aterradora significa en marcha.

¿A quién están cazando? A los mexicanos: el 60% del blanco migratorio

Para México esta historia no es ajena. Es personal.

De los más de 47 millones de latinos en Estados Unidos, alrededor de 11.6 millones son mexicanos nacidos en nuestro país —la comunidad migrante nacional más grande del planeta.

Y aunque la población mexicana indocumentada ha disminuido desde su punto máximo en 2007, todavía ronda entre 5 y 6 millones de personas. Son el grupo más numeroso entre quienes están más expuestos a deportación, redadas y explotación laboral. Así las cosas...

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