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EU acusa de nexos con el Cártel de Sinaloa a Rocha Moya, junto a 9 funcionarios más; SRE confirma solicitud de extradición

  • hace 1 hora
  • 2 Min. de lectura

Redacción


Tijuana, 29 de abril de 2026.- El Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, junto a otros ocho funcionarios y exfuncionarios, a quienes acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa "para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos".


A través de un comunicado, el DOJ informó que los cargos que enfrenta Rocha Moya son por conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, así como posesión y conspiración para poseer armas automáticas y dispositivos de destrucción, mismos cargos que enfrenta Gámez Mendívil, y que ameritan penas de al menos 40 años de prisión, con posibiliad de cadena perpetua.


Además de los gobernantes, fueron acusados el senador Enrique Inzunza, quien también fue secretario general de Sinaloa; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el subprocurador de la Fiscalía de Sinaloa Dámaso Castro; Antonio Almanza y Alberto Contreras, exjefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública, y Antonio Dionisio, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, todos con los mismos cargos, mientras Juan Valenzuela, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado de los mismos delitos, enfrenta también cargos por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y uno de sus familiares.


Tras la divulgación del comunicado del DOJ, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que la víspera las autoridades estadounidenses solicitaron la extradición de los 10 funcionarios y exfuncionarios, y que "de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana".

 
 
 

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