La caja negra del INE

Contratos desde 2014 y el juego de los deslindes
Por: C.W. Munguía.
Domingo 15 de noviembre del 2026.- En la política mexicana hay escándalos que sirven para exhibir cómo funcionan las instituciones por dentro, más allá de los discursos de horario estelar. Lo que ocurre hoy en el Instituto Nacional Electoral es uno de ellos. La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Consejo General no cerró ninguna crisis; apenas abrió la puerta de un cuarto oscuro donde llevan más de una década moviéndose miles de millones de pesos bajo el mismo esquema.
Las cifras puestas sobre la mesa en las últimas horas obligan a mirar el problema completo. No se trata de un tropiezo administrativo de los últimos meses ni de un pleito aislado entre consejeros. Desde 2014, un mismo grupo de proveedores, encabezado por el empresario Alfredo Hernández Casillas, acumuló contratos por más de dos mil millones de pesos para surtir materiales electorales tanto al INE como a los organismos locales. Dicho en español claro: el negocio atravesó intacto toda la gestión de Lorenzo Córdova y siguió operando sin sobresaltos durante el mandato de Taddei.
Por eso resulta tan revelador el juego de palabras que hoy domina la discusión pública. Desde el gobierno federal se insiste en que la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República revisen esos contratos desde su origen, marcando distancia con la expresidenta del instituto y señalando que el entramado viene de los años del llamado viejo régimen. Al mismo tiempo, la realidad alcanza al círculo cercano: apenas se confirmó la renuncia del hijo de Guadalupe Taddei como secretario particular del gobernador Alfonso Durazo, tras el bloqueo de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
En la banqueta de enfrente el libreto tampoco resiste una revisión seria. Quienes hoy se rasgan las vestiduras y gritan jaculatorias exigiendo cárcel inmediata y denuncian el deterioro del árbitro electoral guardan un silencio cómodo frente a un detalle elemental: esa red de proveedores nació, creció y cobró sus primeros cientos de millones bajo la administración de quienes decían blindar la democracia mexicana. Para ambos bandos, la autonomía del INE parece funcionar como un interruptor: se defiende a muerte cuando conviene a los intereses propios y se cuestiona cuando estallan las facturas.
Al final, el ciudadano de a pie queda atrapado entre dos narrativas que buscan salvar su propia pelleja política. Mientras las cúpulas se avientan el expediente de un sexenio a otro y la Fiscalía sigue sin mostrar resultados concretos, el costo lo paga la credibilidad de la institución encargada de organizar las elecciones. En el INE cambiaron los rostros y cambiaron los discursos, pero la caja de los contratos millonarios demuestra que, en el fondo, las viejas costumbres sobrevivieron a todas las alternancias.










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