En “The Lifestyle”, unos 340 trabajadores, rehenes de una clausura que desafía a la justicia

Columna Horas Extras

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 11 de noviembre del 2026.- Los restaurantes generan 370 empleos directos y más de 900 indirectos, entre proveedores, familias de los trabajadores y repartidores

¿Quién responde por los trabajadores que se quedan sin empleo cuando una autoridad convierte la clausura de negocios en un instrumento de presión? ¿Quién paga los salarios perdidos y el sustento de las familias que dependen de esos establecimientos?

Lo ocurrido nuevamente en la Plaza Distrito Pedregal “The Lifestyle”, en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, rebasa por mucho una disputa entre autoridades y empresarias. Es un caso que exhibe la vulnerabilidad del empleo frente a los abusos del poder y plantea una pregunta incómoda: ¿puede un funcionario disponer de la fuente de trabajo de decenas de personas como si fuera patrimonio personal?  Y hacer de extorsiones sistemáticas parte de un ejercicio abusivo.

El 5 de noviembre, un actuario del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México retiró los sellos de clausura que mantenían cerrada la plaza. Sin embargo, menos de 24 horas después, personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), acompañado por funcionarios de la alcaldía, colocó nuevamente ocho sellos de suspensión de actividades. Según denunciaron los representantes de la plaza, lo hizo sin entregar orden de visita, acta de verificación ni documentación que acreditara legalmente la nueva clausura.

La gravedad no está solamente en la actuación administrativa denunciada, sino en el desprecio que representaría ignorar una resolución judicial. Si una autoridad puede retirar hoy los sellos que un tribunal ordenó quitar y volver a cerrar mañana sin acreditar legalmente sus motivos, entonces ¿para qué sirven los tribunales y de qué sirve el Estado de Derecho?

Pero hay otra víctima de esta confrontación que no puede quedar fuera de la discusión: la clase trabajadora.

Cada día que esos establecimientos permanecen cerrados significa ingresos interrumpidos, salarios comprometidos, empleos en riesgo y familias que pierden su sustento. Los trabajadores no participaron en el conflicto, no decidieron los procedimientos administrativos ni tienen por qué convertirse en rehenes de una disputa entre empresarios y autoridades. Sin embargo, son quienes terminan pagando una factura que no les corresponde.

Detrás de cada cortina cerrada hay personas que necesitan cobrar para comer, pagar una renta, sostener a sus hijos y cumplir con sus obligaciones. Para ellas, una clausura no es un expediente administrativo: es la incertidumbre de no saber cuándo volverán a trabajar ni cómo resolverán los gastos de la semana.

Las propietarias, Laura Carrasco y su madre, sostienen que las acciones de la alcaldía constituyen un acto de violencia de género y represalia por haberse negado a presuntas exigencias de extorsión. También denuncian hostigamiento, incumplimiento de medidas de protección y actuaciones al margen de la legalidad. Son señalamientos graves que deben investigarse y esclarecerse, pero que no pueden despacharse con indiferencia institucional.

El alcalde Javier López Casarín tiene una responsabilidad política ineludible de explicar por qué se produjo una nueva suspensión de actividades después de la intervención del Tribunal de Justicia Administrativa. No basta con guardar silencio ni esconderse detrás de los funcionarios que ejecutan los operativos. La autoridad debe acreditar la legalidad de sus decisiones y responder por sus consecuencias.

La inversión privada necesita reglas claras, pero los trabajadores necesitan algo todavía más elemental: la certeza de que no perderán su empleo por decisiones arbitrarias de quienes deberían garantizar el cumplimiento de la ley.

La Ciudad de México no puede presumir defensa del empleo, derechos de las mujeres y justicia social mientras se permite que una controversia administrativa termine paralizando fuentes de trabajo y comprometiendo el ingreso de familias enteras.

Si existen irregularidades, que se investiguen; si hay responsabilidades, que se sancionen. Pero ninguna autoridad tiene derecho a utilizar el poder público para asfixiar negocios ni a convertir a sus trabajadores en daños colaterales de una confrontación política o administrativa.

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