Fronteras abiertas en el discurso, cerradas en la realidad

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 10 de mayo 2026.- La migración dejó de ser, hace tiempo, un fenómeno periférico para convertirse en una de las tensiones centrales del siglo XXI. En Nueva York, durante el segundo Foro Internacional de Examen de la Migración de la ONU, más de 150 países —entre ellos México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Brasil, Colombia, Japón, Marruecos y Filipinas— reafirmaron su adhesión al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Sin embargo, detrás de los discursos diplomáticos y las declaraciones de cooperación, persiste una contradicción incómoda: el mundo reconoce la necesidad de proteger a las personas migrantes, pero continúa levantando fronteras cada vez más hostiles.

La llamada “Declaración de Progreso” insiste en prioridades indispensables: garantizar derechos laborales, fortalecer rutas migratorias legales, proteger vidas humanas y reconocer la identidad jurídica de millones de personas desplazadas. El problema no es el diagnóstico; el problema es la voluntad política. Mientras los gobiernos firman compromisos multilaterales en la sede de la ONU, en las fronteras de Estados Unidos, Europa o el norte de África siguen multiplicándose las detenciones arbitrarias, las deportaciones masivas y las muertes de migrantes convertidos en estadísticas.

México ocupa un lugar particularmente complejo en esta discusión. Ya no es solamente un país de origen de migrantes, sino también de tránsito y destino. Las caravanas provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela o Haití muestran que el desplazamiento humano ya no responde únicamente a la pobreza: ahora intervienen el cambio climático, la violencia criminal, las crisis políticas y la desigualdad global. Frente a ello, la respuesta internacional continúa siendo reactiva y no estructural.

Informes nacionales y compromisos financieros presentados en el Foro revelan una mayor participación gubernamental, pero también exhibe otra realidad: el sistema internacional sigue administrando la migración como una emergencia permanente, no como una transformación histórica inevitable. Se invierte más en vigilancia fronteriza que en integración laboral; más en muros que en políticas de regularización. El discurso humanitario convive con intereses económicos y electorales que convierten al migrante en un símbolo de miedo útil para muchos gobiernos.

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, afirmó que ningún Estado puede gestionar la migración por sí solo. Tiene razón. La migración contemporánea desborda las capacidades nacionales porque es consecuencia directa de un modelo global profundamente desigual. Los países industrializados necesitan mano de obra migrante para sostener sectores enteros de su economía, pero al mismo tiempo criminalizan a quienes llegan buscando exactamente esas oportunidades.

El reto hacia el próximo Foro de 2030 no consiste únicamente en firmar más acuerdos o aumentar fondos multilaterales. El verdadero desafío será abandonar la hipocresía política que presenta la migración como amenaza mientras el propio sistema económico mundial la produce y la necesita. Si los gobiernos quieren hablar realmente de “migración segura, ordenada y regular”, tendrán que empezar por reconocer algo elemental: migrar no debería ser un acto de supervivencia desesperada, sino un derecho humano ejercido con dignidad. Así las cosas

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