Eliminación del Acuerdo Flores: La infancia migrante como rehén político

Por Daniel Lee

Ciudad de México 30 Julio 2025.- Mientras Donald Trump afina su retórica electoral con promesas de mano dura contra la migración, una de sus más peligrosas propuestas ha reaparecido: la eliminación del Acuerdo Flores. Este pacto legal, firmado en 1997 tras años de litigios por abusos contra menores en custodia.

Representaba una de las pocas garantías que protegen a los niños migrantes en Estados Unidos frente al aparato de detención del Estado. Desmantelarlo sería condenar a miles de menores a una pesadilla institucionalizada.

El Acuerdo Flores no es un privilegio: es un mínimo. Establece que los niños no deben ser detenidos por más de 20 días, que deben estar en instalaciones adecuadas y que el gobierno debe hacer esfuerzos para su pronta liberación, preferentemente con familiares. Es, en esencia, un dique legal frente a una maquinaria migratoria que históricamente ha operado bajo lógicas punitivas, raciales y utilitarias.

Trump quiere derribar ese dique. Bajo el pretexto de “recuperar el control” de la frontera, su administración ya intentó eliminar este acuerdo en 2019. Ahora, en campaña, reanima la propuesta con mayor brutalidad simbólica: acabar con una protección infantil en nombre de la seguridad nacional.

¿Qué implicaría eliminar Flores? Permitirá detener a menores de edad por tiempo indefinido, en centros donde no aplican estándares mínimos de salubridad ni supervisión independiente. Niños retenidos durante meses o años sin representación legal, sin escuelas, sin atención médica, sin futuro. El mensaje es claro: usar el sufrimiento infantil como disuasión migratoria.

Y mire usted estimado lector, este enfoque no es ingenuo, es cínico. Forma parte de una arquitectura institucional de castigo que ha convertido al niño migrante en enemigo. Y detrás del discurso del orden, lo que se esconde es una industria millonaria de centros de detención, muchos operados por corporaciones privadas con historial de negligencia, abusos e incluso muertes bajo custodia.

Las organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos han alzado la voz: desmantelar Flores es institucionalizar el encierro de la niñez, normalizar el encierro de la inocencia. No se trata de política migratoria, se trata de humanidad.

Desde una mirada internacionalista, resulta alarmante que Estados Unidos —país que gusta presentarse como defensor global de la infancia y la libertad— se disponga a demoler sus propios estándares en la frontera. No solo violaría compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (que, paradójicamente, EE.UU. nunca ha ratificado), sino que consolidaría una política exterior basada en la exclusión y el castigo de los más vulnerables.

Lo que está en juego no es solo el Acuerdo Flores. Es la definición misma de civilización frente al rostro del migrante. Es el derecho de un niño a no ser tratado como criminal por el hecho de huir de la violencia, la pobreza o el abandono.

El debate no debería ser si Trump lo logra. El verdadero debate es si el mundo lo permite. Así las cosas...

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