El cuerpo como documento, cuando la migración se convierte en vigilancia biológica

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 5 de noviembre 2025.- Por más de dos décadas, la política migratoria estadounidense ha transitado del control fronterizo físico a un modelo de control tecnológico. Pero hoy el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone que se autorice la recopilación masiva de ADN y datos biométricos de migrantes sin límite de edad.

Seamos más claros. La tentación de extender este tipo de vigilancia no se limita a Estados Unidos. En México, la propuesta de instaurar una CURP biométrica sigue la misma lógica de control: centralizar huellas, iris y rasgos faciales de toda la población bajo el argumento de “modernizar la identificación ciudadana”.

Empero, al igual que la iniciativa del DHS, no existe una justificación proporcional ni garantías suficientes de protección de datos. Se presenta como una herramienta de eficiencia administrativa, cuando en realidad abre la puerta a una vigilancia estatal sin precedentes sobre los propios ciudadanos, sin distinción entre quienes buscan cruzar fronteras y quienes simplemente ejercen su derecho a existir dentro de ellas.

Estados Unidos, en este caso cruza un umbral mucho más profundo: el de la intimidad biológica. Ya no se trata de verificar una identidad; se trata de convertir el cuerpo en una extensión permanente del expediente migratorio.

La medida, impulsada por el gobierno de Donald Trump, pretende recabar material genético, imágenes faciales, oculares, datos de voz y firmas manuscritas de toda persona que solicite beneficios migratorios o sea susceptible de deportación, sin importar si es un recién nacido, un adolescente o un adulto mayor.

Bajo el argumento de “fortalecer la seguridad nacional y prevenir el fraude”, el DHS propone eliminar los límites de edad que hasta ahora protegían a menores de 14 años y mayores de 79. Es decir, ningún cuerpo quedaría fuera del registro estatal.

La narrativa oficial es conocida: proteger al país de amenazas, evitar la trata de personas y detectar fraudes en solicitudes de asilo o reunificación familiar. Lo que en apariencia parece una política técnica de control, en realidad profundiza la arquitectura de vigilancia que reduce la condición migrante a una categoría de sospecha permanente. El ADN, que en medicina es sinónimo de vida, se transforma aquí en un instrumento de control político.

Morgan Baile funcionario del DHS, explicó que esta medida “eliminaría los límites de edad y ampliaría la recolección biométrica”. Sin embargo, más allá de su alcance operativo, el cambio marca una mutación ética y jurídica: al incorporar el ADN como dato obligatorio, el Estado se arroga la potestad de acceder al código genético de millones de personas, algo que ni siquiera se exige a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. En otras palabras, se institucionaliza una desigualdad biológica por estatus migratorio.

Desde una perspectiva internacionalista, este tipo de medidas sitúa a los migrantes —especialmente a los latinoamericanos— en el papel de población experimental para tecnologías de vigilancia masiva.

Las experiencias previas con el reconocimiento facial en aeropuertos o con la aplicación Mobile Fortify de ICE, denunciada por el senador demócrata Ed Markey, ya demostraron los riesgos de un uso indiscriminado de estas herramientas. Ahora, con el ADN en juego, el riesgo se multiplica: se abre la puerta a la construcción de bases genéticas poblacionales, útiles no solo para control migratorio, sino potencialmente para fines policiales o comerciales.

El proyecto no distingue entre solicitantes de asilo, trabajadores temporales, estudiantes o personas con residencia permanente. Todos quedarían bajo un sistema que permitiría exigir muestras biológicas de forma continua, incluso después de haber obtenido un beneficio migratorio. El mensaje es claro: la ciudadanía se convierte en el único salvoconducto para escapar del registro permanente.

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