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El Congreso Hispano desafía el poder sin rostro del ICE

  • Foto del escritor: Cicuta Noticias
    Cicuta Noticias
  • hace 6 horas
  • 2 Min. de lectura

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Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 4 de noviembre 2025.- En Estados Unidos, la frontera ya no se mide sólo por kilómetros de muro o drones sobre el desierto. Hoy la frontera se ha trasladado al interior de las ciudades: a las avenidas de Los Ángeles, a los barrios latinos de Washington, a los parques y estacionamientos donde una patrulla puede irrumpir sin aviso.

Así lo denuncia la nueva campaña lanzada por el Caucus Hispano del Congreso (conformado por legisladores latinos en el Congreso) y la Federación Hispana, que exige transparencia y rendición de cuentas al gobierno de Donald Trump, en medio de una ofensiva migratoria que recuerda más a una guerra interna que a una política pública.

El operativo del miedo avanza con respaldo presupuestal y sin supervisión. En tan solo cuatro meses, el Congreso aprobó 170 mil millones de dólares adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia cuya expansión parece diseñada no para proteger, sino para castigar.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se ha convertido en un poder casi autónomo, capaz de operar sin contrapeso y de actuar con impunidad en nombre de la “seguridad nacional”. Lo que antes eran redadas ahora son incursiones militarizadas; lo que antes eran detenciones, hoy se asemeja a un sistema de persecución permanente.

No es casualidad que los principales blancos de esta política sean los mexicanos y centroamericanos: el núcleo laboral que sostiene buena parte de la economía estadounidense, desde los campos agrícolas hasta la construcción y los servicios.

Cada redada en un taller o un restaurante no solo arranca a una persona de su familia, sino que golpea la base productiva del país. Lo los mismos trabajadores que levantan la economía son tratados como amenaza pública.

Frente a esta ofensiva, la campaña del CHC busca restablecer la supervisión del Congreso y reformar al ICE, para que el debido proceso y los derechos humanos dejen de ser papel mojado.

Las propuestas son tan razonables como urgentes: revisar protocolos policiales, garantizar transparencia en el uso de recursos y equilibrar seguridad con justicia.

Sin embargo, lo verdaderamente trascendente no está solo en la letra de las reformas, sino en el cambio de narrativa que plantea: que los migrantes —y especialmente los mexicanos— dejen de ser vistos como sospechosos y sean reconocidos como parte esencial de la nación que ayudaron a construir.

El congresista Adriano Espaillat, presidente del CHC, lo definió sin rodeos: “Esto ya parece una guerra urbana”. Y lo es, pero no solo en términos físicos. Es una guerra simbólica, donde se disputa el sentido mismo de pertenencia. Los mexicanos en Estados Unidos no son invasores ni cifras en un expediente; son ciudadanos de facto, trabajadores invisibles, contribuyentes que pagan impuestos y sostienen comunidades enteras.

Su resistencia y organización política representan, hoy más que nunca, una forma de contrapeso democrático frente a un Estado que se ha desbordado.

La batalla por la rendición de cuentas no se libra solo en los pasillos del Congreso, sino en cada hogar donde una familia migrante decide no esconderse, en cada protesta donde se exige humanidad frente a la maquinaria del miedo. Y en ese frente, los mexicanos siguen siendo la primera línea: no solo de trabajadores, sino de dignidad. Así las cosas...

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