La salud en revisión, migrantes mexicanos, las primeras víctimas de la nueva cruzada de Trump

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 1 de noviembre 2025.- Esta vez, el blanco es Medicaid, el programa que sostiene la atención médica de más de 70 millones de personas de bajos ingresos.

Medicaid nació como una expresión mínima de justicia social y para proteger a los más vulnerables. Hoy se usa como arma política contra los mismos trabajadores que sostienen los hospitales, las granjas y los servicios esenciales de Estados Unidos. Lo que comenzó como una revisión administrativa se ha convertido en un proceso de depuración social donde el miedo y la burocracia sustituyen al derecho.

El golpe no es menor. Entre los más afectados se encuentran miles de familias mexicanas, muchas de ellas con hijos nacidos en Estados Unidos, quienes hoy enfrentan el riesgo de perder su cobertura médica por simples omisiones burocráticas o por el miedo a responder notificaciones oficiales.

Según estimaciones de la organización Kaiser Family Foundation, más de 10 millones de personas en EU viven en hogares mixtos —con al menos un integrante sin estatus migratorio regular—, y de ellos, más del 60 % son de origen mexicano. La nueva directriz de Trump convierte a esas familias en objetivo administrativo, aun cuando gran parte de los beneficiarios son ciudadanos estadounidenses

Trump busca capitalizar el resentimiento social con una nueva narrativa: “los migrantes abusan del sistema”. Pero la realidad es otra: sin migrantes —y especialmente sin los millones de mexicanos que trabajan en silencio—, el sistema colapsaría. La salud no puede ser un campo de batalla ideológica ni una frontera más en el cuerpo de quienes mantienen en pie la economía más poderosa del mundo.

Se trata de una maniobra presentada como “auditoría” o “supervisión fiscal”, pero que, en el fondo, responde a una obsesión política: convertir la pobreza en sospecha y la ayuda pública en castigo. Detrás del lenguaje técnico y de las listas enviadas desde Washington a los gobiernos estatales, hay un mensaje inequívoco: el miedo será la nueva política sanitaria.

Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud, dice que se trata de “proteger el dinero de los contribuyentes”. Pero nadie menciona el costo humano de esta “verificación”. Miles de familias podrían perder cobertura médica no por fraude, sino por burocracia: formularios incompletos, plazos imposibles, documentación extraviada. Es la versión moderna del despojo administrativo, un sistema que limpia padrones a costa de borrar personas.

El operativo, además, se realiza con opacidad absoluta. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid no informan cuántos nombres han sido revisados, ni con qué criterios. A esto se suma la irresponsabilidad de funcionarios como Jim O’Neill, quien ha publicado en redes sociales fotografías de supuestos “delincuentes beneficiarios”, sin pruebas ni contexto. Una campaña de linchamiento digital que roza lo xenófobo y pone en riesgo a comunidades enteras.

Trump busca ganar votos sembrando miedo; pero lo que realmente cultiva es una fractura ética: un país que deja de cuidar para empezar a vigilar. Y cuando la salud se mide en documentos y no en derechos, el Estado deja de ser protector y se convierte en verdugo.

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