Cuando la infancia migrante se convierte en blanco del Estado

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 30 de mayo 2025.- En una esquina silenciosa del aparato de vigilancia estadounidense, mientras los reflectores mediáticos se distraen con amenazas de aranceles y muros, el Estado ha cruzado una línea invisible pero profunda, porque viene registrando el código genético de más de 133,000 niños migrantes, algunos de apenas 4 años, en una base de datos criminal.

Sí, leyó bien. Menores de edad, muchos que aún no saben leer ni atarse los zapatos, ya forman parte del sistema CODIS, una red forense diseñada originalmente para delincuentes sexuales y criminales violentos. ¿Su único “delito”? Ser migrantes.

Esta práctica, revelada recientemente por documentos oficiales y verificada por Wired, representa no solo una violación ética, sino una amenaza estructural a los derechos humanos más elementales. Y en su centro hay una narrativa peligrosa: la infantilización del peligro, la criminalización preventiva de la pobreza y la movilidad humana.

El gobierno estadounidense justifica esta recolección masiva de ADN como una “evaluación del peligro” potencial. Es decir, el aparato de seguridad nacional ya no se contenta con vigilar lo que una persona hizo, sino que ahora pretende anticipar lo que podría hacer. Minority Report ya no es ciencia ficción: es política migratoria.

Pero, ¿qué clase de sociedad necesita registrar el ADN de un niño de cuatro años para sentirse segura?

Lo más alarmante es que ni siquiera los ciudadanos estadounidenses están exentos. Al menos 122 menores clasificados como estadounidenses también fueron incluidos en esta base de datos. ¿Dónde está la línea entre la seguridad y la paranoia? ¿En qué momento la protección de la frontera se convirtió en una vigilancia indiscriminada contra la infancia?

Los argumentos de “discreción operativa” que permiten a agentes de CBP recolectar datos genéticos a menores de 14 años son, en los hechos, una licencia para el abuso. En nombre de la “legalidad”, se pisotea el principio de presunción de inocencia, se ignoran tratados internacionales sobre derechos de la niñez y se amplifica la deshumanización estructural del migrante.

En verdad, no podemos permitir que esto se normalice. Esta política sienta un precedente siniestro: hoy son los niños migrantes quienes ven su información genética utilizada como herramienta de control; mañana, podrían ser cualquier grupo “incómodo” para la maquinaria estatal.

Además, esto ocurre en un país que se autoproclama defensor de la libertad, promotor de la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, la doble moral es escandalosa: mientras predica derechos humanos fuera de sus fronteras, construye un sistema biométrico dentro que convierte la identidad en evidencia y la movilidad en sospecha.

En este contexto, la población mexicana también debe estar alerta. México no sólo es país de tránsito, sino también de origen. Cientos de miles de niños y adolescentes mexicanos en EU, incluidos muchos nacidos allá pero con familias en situación irregular, están potencialmente expuestos a estas prácticas. El silencio diplomático frente a este atropello es tan grave como el hecho en sí.

Porque si a un niño migrante se le trata como potencial criminal antes siquiera de entender el mundo que lo rechaza, no es él quien está en peligro. Somos todos. Como humanidad, como comunidad internacional, como sociedad que dice defender derechos.

Hoy el ADN se usa como evidencia. Mañana, quizás como sentencia. Usted, ¿cómo ve?... Hasta la próxima

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