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Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México, 30 de marzo 2026.- Las universidades interculturales en México surgieron a inicios del año 2000 como una política pública orientada a ampliar el acceso a la educación superior en regiones indígenas y marginadas. Actualmente, estas instituciones operan en distintos estados del país con un enfoque que busca integrar saberes comunitarios, preservar lenguas originarias y formar profesionales vinculados con sus territorios. Sin embargo, su desarrollo no ha sido exclusivamente resultado de la acción gubernamental. Pero vayamos más alla, esto no puede entenderse sin el impulso de la diáspora mexicana. Son, en buena medida, resultado de una presión social organizada que ha apostado por la educación como herramienta de dignidad. Reconocer ese papel no es solo un acto de justicia: es una condición necesaria para fortalecer un modelo educativo que, bien desarrollado, puede redefinir el futuro de miles de comunidades en México. #Organizacionesmigrantesmexicanas, principalmente radicadas en Estados Unidos, han desempeñado un papel clave en el impulso y fortalecimiento de estas universidades. A través de clubes de oriundos, federaciones y redes comunitarias, han contribuido con financiamiento, promoción de proyectos educativos y vinculación entre comunidades de origen y espacios académicos. Su participación ha sido constante en foros binacionales, encuentros educativos y esquemas de coinversión como el programa Tres por Uno, donde han apoyado infraestructura, becas y proyectos universitarios en zonas de alta migración. En un país atravesado por la desigualdad territorial, la exclusión histórica de los pueblos originarios y la migración forzada, las universidades interculturales representan uno de los esfuerzos más significativos —aunque todavía insuficientes— por democratizar el acceso al conocimiento. No se trata únicamente de ampliar la cobertura educativa en regiones marginadas, sino de replantear el sentido mismo de la educación superior: reconocer saberes comunitarios, preservar lenguas originarias y formar profesionales comprometidos con su territorio. Eventos binacionales han sido clave en este proceso. Foros educativos organizados por federaciones de migrantes en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Houston han servido para discutir la pertinencia de modelos educativos interculturales, recaudar fondos y establecer vínculos con académicos, rectores y autoridades locales. Encuentros como las convenciones anuales de federaciones zacatecanas o michoacanas en Estados Unidos han incorporado mesas específicas sobre educación superior intercultural, donde se presentan proyectos universitarios, necesidades de infraestructura y programas de becas dirigidos a jóvenes de comunidades expulsoras de migrantes. Asimismo, programas como el “Tres por Uno” —que originalmente canalizaba recursos de migrantes y distintos niveles de gobierno— evidenciaron la capacidad de estas organizaciones para incidir en el desarrollo educativo. Aunque con limitaciones, este mecanismo permitió financiar espacios, equipamiento y proyectos vinculados a universidades interculturales, demostrando que la migración también puede ser un motor de transformación social en las comunidades de origen. Más recientemente, se han realizado encuentros académicos y comunitarios que vinculan directamente a universidades interculturales con organizaciones migrantes. Seminarios, congresos de estudiantes indígenas migrantes y jornadas culturales han fortalecido redes transnacionales y abierto espacios para discutir temas clave como la migración de retorno, la inserción laboral de egresados, la defensa del territorio y la revitalización lingüística. Pero el aporte de las organizaciones migrantes no se limita a lo económico o logístico. Han sido una voz crítica frente a las limitaciones del modelo intercultural institucional: falta de recursos, precarización docente, planes de estudio desconectados de la realidad comunitaria y una tendencia a reducir la interculturalidad a un discurso sin cambios de fondo. Desde el exterior, estas organizaciones han exigido que las universidades interculturales sean espacios de transformación real y no solo instrumentos de contención social. Persisten desafíos importantes. La falta de continuidad en políticas públicas, los recortes presupuestales y la escasa articulación entre instituciones educativas y comunidades migrantes limitan el alcance de estas universidades. Además, el reconocimiento formal de las organizaciones migrantes en la toma de decisiones sigue siendo insuficiente. Sígueme en mis redes sociales:  @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542

Cicuta Jaime Flores Martínez Palabrotas     Lunes 30 de marzo del 2026.- Convencido que “las palabrotas” lo acercan más al pueblo, el sempiterno aspirante a la gubernatura de Baja California Fernando Castro Trenti decidió cambiar su palabrería rebuscada por “un discurso al chile”. Seguro que algún jilguero hipnotizado por el actual diputado federal morenista le sugirió dejar atrás la vetusta narrativa política y usar un lenguaje coloquial que incluye la utilización de majaderías. ¡Un demonio que lanza peladeces! Y aunque a los morenistas los pueden acusar de ignorantes pero no de groseros, el Diablo Castro ya utiliza los insultos para comunicarse con el pueblo. El señor Diablo se inauguró en estos menesteres durante una entrevista televisiva transmitida a mediados de mes en un canal local. Animado por el corte del nuevo programa, Castro Trenti pasó de su lenguaje rollero a palabras insultantes. En la parte que le tocó hablar de la corrupción policiaca, el señor Diablo advirtió que de llegar a la gubernatura dijo que los agentes deben saber que “yo los voy a meter al bote. Mis policías no van a poder transar. El cabrón que se pase de listo se lo va a llevar la chingada”, escupió Castro mientras hacía un gesto que le envidiaría Nicolás Maquiavelo. Si acaso alguien lo ignora, el Diablo Castro Trenti es el enésimo priista disfrazado de morenista que está pegado a la ubre presupuestal. Abandonado ya por su ejército de incondicionales a quienes engañó y traicionó sin pudor, este hombre —en el 2013– compitió como priista por la gubernatura y perdió frente al tristemente célebre panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid. Aunque públicamente refiere que “le robaron la gubernatura”, este hombre de 72 años está obsesionado con el poder y ahora busca con desesperación la candidatura morenista. En la parte inicial de la entrevista aludida, Castro Trenti precisó que su apelativo de “el Diablo” surgió del miedo que le tenían los panistas, aunque no señaló en qué época. Para la mayoría está claro que—al referir el origen de su mote—, su intención es cambiar la percepción social y proyectar una imagen de firmeza y del temor que infunde a sus detractores políticos. El asunto actual es que, en su desesperación por obtener la candidatura, este hombre decidió asumir un lenguaje arrabalero muy lejano a la mayoría de la gente. Debe estar tan desesperado que atendió una sugerencia que pareciera lógica: “para llegar a la gente tienes que hablar su idioma”. El asunto es que el Diablo debe suponer torcidamente que “la gente” son —en su mayoría—carretoneros. Ah En otro momento de la entrevista, el Diablo Castro se auto flageló al asegurar que tanto sufrió en su época de estudiante que debió pasar noches dormido en la banqueta o en algún automóvil abandonado. En realidad, este maligno busca “arrodillar” a la gente y generar compasión. Lo que sí queda claro es que el Diablo atenta contra la memoria de sus padres, quienes (aseguraran los enterados) lucharon a brazo partido para pagarle su estancia en la capital del país. “Honraras a tu padre y a tu madre”, es una frase que —al parecer— al Diablo no le interesa practicar, por el contrario, atenta contra su honra y su memoria. Habrá Karma. Positivo Qué bueno que el gobierno de Baja California impulsa las Convocatorias Culturales 2026 que buscan fortalecer el talento y la creación artística en la entidad. Pareciera que la autoridad tiene claro que fomentar la cultura es una ruta inequívoca para frenar la violencia. En otras palabras, además de fortalecer el talento y fomentar el crecimiento de la creación artística, la cultura es el mejor instrumento para lograr una sociedad sana y productiva. Cicuta News.com        Cicuta.com.mx        X: @cicutabc          Facebook: cicuta          YouTube: jaime cicuta columna           Instagram: jaime flores cicuta           TikTok: cicuta.news

Por Daniel Lee Vargas Derechos en papel, abusos en la realidad Ciudad de México, 29 de marzo 2026.- “Sin derechos, sin defensa” no son consignas exageradas; es la descripción de una realidad que se repite todos los días con nuestros paisanos en los Estados Unidos. Mientras las detenciones sigan operando bajo lógicas discrecionales y mientras el acceso a la justicia siga siendo un privilegio y no una garantía, el migrante continuará atrapado en un sistema que lo expone, lo desgasta y lo silencia. En la Unión Americana, la promesa del Estado de derecho se diluye peligrosamente cuando se trata de migrantes. Lo que en el discurso oficial se presenta como control migratorio, en la práctica se ha convertido en una dinámica de vulnerabilidad permanente donde miles de personas viven —y sobreviven— sin garantías mínimas, sin protección efectiva y, en muchos casos, sin posibilidad real de defenderse. El aparato encabezado por el ICE ha consolidado una lógica donde la detención no siempre responde a la ley, sino a la sospecha, al perfil y, cada vez más, a incentivos que distorsionan el sentido mismo de la justicia. El migrante en Estados Unidos no solo enfrenta el riesgo de ser detenido; enfrenta la incertidumbre total. Puede ser interceptado en su lugar de trabajo, en un aeropuerto, en una cita migratoria o incluso en un tribunal al que acudió buscando regularizar su situación. La línea entre lo legal y lo arbitrario se vuelve difusa cuando las detenciones ocurren sin protocolos claros, cuando el debido proceso se debilita y cuando el miedo sustituye a la certeza jurídica. En ese entorno, tener derechos en papel no significa poder ejercerlos en la realidad. La denuncia de @avelinomeza Avelino Meza, desde #FuerzaMigrante, pone el dedo en la llaga: personas detenidas sin justificación, mujeres embarazadas agredidas, ciudadanos con estatus regular confundidos y arrestados, audiencias legales convertidas en trampas. No se trata de casos aislados, sino de un patrón que evidencia una falla estructural. Cuando el sistema permite que esto ocurra de manera reiterada, deja de ser un error y se convierte en política de facto. A esta realidad se suma un componente aún más inquietante: la externalización de la persecución. La figura de los “cazarrecompensas”, incentivados económicamente por cada migrante detenido, abre la puerta a abusos sistemáticos. Bajo esta lógica, el migrante no es sujeto de derecho, sino objetivo de captura. Se premia la cantidad sobre la legalidad, la rapidez sobre la justicia. Y en ese escenario, el margen para la defensa se reduce a casi nada. Sin embargo, el infierno cotidiano del migrante no termina en la detención, afirma Avelino Meza, Secretario General de la organización binacional. Continúa en la falta de acceso a representación legal, en el desconocimiento de sus derechos, en el miedo a denunciar abusos por temor a represalias. Continúa en la estigmatización, en la narrativa que lo presenta como amenaza, en la presión para “autodeportarse” bajo condiciones que bordean la coerción. Es una violencia menos visible, pero igual de profunda: la de vivir constantemente bajo amenaza. Frente a este panorama, las comunidades migrantes mexicanas en Estados Unidos han construido algo que el propio sistema no ha garantizado: redes de protección. Organizaciones, colectivos y liderazgos comunitarios han asumido el papel de defensa, acompañamiento y denuncia. Son ellos quienes informan sobre derechos, quienes organizan asesorías legales, quienes activan alertas ante redadas y quienes brindan apoyo económico y emocional a las familias afectadas. En barrios, iglesias, centros comunitarios y espacios digitales, estas redes operan como verdaderos sistemas de resistencia. Traducen información, conectan a migrantes con abogados, documentan abusos y generan presión mediática. En muchos casos, son la única línea de defensa real frente a un sistema que, lejos de proteger, persigue. La labor de organizaciones como Fuerza Migrante no solo visibiliza el problema, sino que articula respuestas concretas en medio de la adversidad. Lo que ocurre hoy con los migrantes en Estados Unidos no puede entenderse únicamente como una política migratoria endurecida. Es, en el fondo, una redefinición de quién merece derechos y quién no. Y en esa redefinición, los migrantes han sido colocados en el escalón más bajo, donde la ley llega tarde, mal o simplemente no llega. Sígueme en mis redes sociales:  @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542

Redacción Tijuana, 28 de marzo de 2026.- El reporte sobre personas desaparecidas que presentó el viernes el Gobierno federal minimiza la problemática al no consultar ni incluir la participación de las familias y plataformas civiles de búsqueda, consideraron distintas agrupaciones, que insistieron en reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. El viernes, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó durante la conferencia matutina del Gobierno federal que en México hay alrededor de 132 mil personas desaparecidas, de las que en 36% de los casos se carece de datos suficientes para realizar la búsqueda. Al respecto, diversos grupos de búsqueda como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Nuevo León, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), el Contingente contra las Desapariciones de personas LGBTTTIQ+ y la Unión y Red Nacional de Búsqueda señalaron que la falta de dicha información refleja que las autoridades no han hecho bien su trabajo, al considerar que corresponde al Estado asegurar que en todos los casos existan los datos necesarios, dando seguimiento con las familias de las personas desaparecidas.

Redacción Tijuana, 28 de marzo de 2026.- El Grupo Interinstitucional (GI) encargado de atender el derrame de hidrocarburos que se registró hace cerca de un mes en el Golfo de México ha recolectado más de 700 toneladas del contaminante y reporta playas limpias en los litorales de Campeche, Veracruz y Tabasco. De acuerdo con el GI, integrado por las secretarías de Marina (Semar), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Energía (Sener), así como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en conjunto con autoridades estatales y municipales, "se mantiene el control de la contaminación por hidrocarburos en costas del Golfo de México", donde se han realizado acciones coordinadas de atención, contención y saneamiento. En un comunicado, los organismos informaron que la atención a la contingencia ha incluido "acciones de contención, búsqueda y localización, recolección, limpieza e investigación", realizadas por más de 3 mil elementos, así como 46 buques y embarcaciones, 45 vehículos, siete aeronaves de ala móvil y ala fija, dos drones aéreos, dos drones submarinos y más de mil metros de barreras de contención, "que han permitido atender de manera oportuna las zonas impactadas y avanzar en la recuperación del entorno costero", recolectando más de 700 toneladas de contaminante en las costas, y 40 en altamar para evitar su llegada a las playas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbuam informó que el GI quedará establecido de forma permanente y mantendrá su trabajo en sistemas de alertamiento para atender y dar a conocer "con mayor detalle cuando hay una fuga de este tipo".

Redacción Tijuana, 28 de marzo de 2026.- Otro ciudadano mexicano murió en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que con este tiene registro de 14 connacionales fallecidos bajo custodia de dicha autoridad estadounidense durante la actual administración federal. El deceso, según el consulado de México en San Bernardino, California, ocurrió la noche del miércoles 25 de marzo, en un hospital de Victorville, a donde el hombre, de quien no se ha revelado la identidad, había sido trasladado desde el centro de procesamiento de Adelanto, California. Al igual que en el resto de los casos, la Cancillería activó el protocolo consular para ofrecer asistencia y acompañamiento a la familia del connacional fallecido, mientras por otro lado solicitó al Gobierno de Estados Unidos el expediente médico, así como el esclarecimiento de la causa de muerte. Apenas el pasado miércoles la SRE reportó que desde enero de 2025, cuando Donald Trump asumió la Presidencia estadounidense, se habían registrado 13 muertes de connacionales bajo custodia del ICE, la mayoría en California, estado en el que la cifra de fallecimientos subió a cinco con este último caso.

Redacción Tijuana, 28 de marzo de 2026.- El XXV Ayuntamiento de Tijuana relanzó el "Botón de emergencia", con una actualización que permite fortalecer la seguridad de las y los turistas extranjeros que visiten la ciudad, con el fin de garantizar su tranquilidad y confianza durante su estancia. Acompañado del cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, el presidente municipal Ismael Burgueño explicó que para poner en marcha estos proyectos tecnológicos, la administración municipal creó la Agencia Digital. Además, señaló que con la herramienta tecnológica se ofrece acompañamiento continuo al turista en caso de algún incidente, así como fortalecer la confiabilidad y transparencia en los procesos. "Celebro dar este anuncio, pedirles a los ciudadanos que descarguen la aplicación que es de mucha utilidad, queremos seguir dando tranquilidad. Ahora que viene Semana Santa, se esperan cerca de 60 mil visitantes. Agradezco la confianza del cónsul, porque esto nos permite ser generadores de dicha dinámica como parte de la agenda binacional", indicó el Alcalde. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Alejandro Avilés, detalló que "Botón de emergencia" suma cerca de 60 mil descargas al momento, y su rediseño fue iniciativa de Burgueño Ruiz, en coadyuvancia con otras dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana. Agregó que la herramienta brinda también atención en inglés, está disponible en App Stores de Estados Unidos y México, y tiene enrutamiento de apoyo para el turista extranjero al 9-1-1 y 078.  Además, pone a disposición de los usuarios el Reglamento de Tránsito vigente en inglés e información sobre las principales infracciones y el sistema de consulta de vehículos remolcados, en la pestaña "Prevención y movilidad"; asimismo, tiene apartados como "Asistencia directa" y "Transparencia", que da acceso directo al buzón de quejas y reconocimientos dirigidos a elementos policiales, garantizando la rendición de cuentas. En tanto, el cónsul Christopher Teal destacó la importancia de mantener el enlace y trabajo conjunto con las autoridades municipales, y reconoció que la aplicación "va a dar otra herramienta para los ciudadanos que están aquí en Tijuana y que quizás necesiten algún tipo de ayuda en caso de una emergencia; decidimos lanzarlo justo antes de la Semana Santa, y también de la Copa Mundial en verano. Este es otro ejemplo de la colaboración binacional que tenemos".

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México, 28 de marzo 2026.- La jornada de protestas convocada para este sábado 28 de marzo en Estados Unidos es resultado directo de una articulación sostenida entre organizaciones como Indivisible, 50501 y MoveOn, que han logrado estructurar una movilización sin precedentes con más de tres mil manifestaciones en todo el país. En este escenario, destaca el papel central de las organizaciones migrantes mexicanas, que no solo participan, sino que forman parte activa de una ciudadanía organizada que ha decidido disputar el espacio público frente a las políticas del actual gobierno. Mientras el discurso oficial en Estados Unidos insiste en endurecer fronteras, militarizar la vida pública y normalizar la persecución contra comunidades enteras, una respuesta masiva, organizada y profundamente política emerge desde abajo. El movimiento No Kings no es una simple jornada de protesta: es la expresión más clara de que millones de personas —muchas de ellas migrantes— se niegan a aceptar un modelo de poder que pretende gobernar desde el miedo, la exclusión y la concentración autoritaria. Durante años, las comunidades binacionales han sido reducidas a cifras, remesas o discursos utilitarios. Hoy, en cambio, están operando como sujetos políticos plenos. No Kings también es eso: una plataforma donde los migrantes dejan de ser objeto de políticas y se convierten en actores que las confrontan. Denuncian detenciones sin orden judicial, operativos encubiertos, persecución sistemática. Pero, sobre todo, construyen alternativas organizativas desde la solidaridad, la defensa legal y la acción colectiva. El papel de las organizaciones mexicanas migrantes en esta jornada es particularmente relevante. No solo participan: convocan, articulan, traducen y expanden el movimiento más allá de las fronteras. La presencia de movilizaciones en México —como las previstas en la Ciudad de México y Puerto Vallarta— confirma que la lucha contra el autoritarismo estadounidense también se libra en clave transnacional. Indivisible, en su carácter de “metaorganización” binacional, encarna precisamente esa nueva lógica: redes que no reconocen fronteras cuando se trata de defender derechos. Este fenómeno rompe con una narrativa cómoda para los gobiernos: la de migrantes aislados, vulnerables y políticamente pasivos. Lo que estamos viendo es lo contrario. Comunidades organizadas que, incluso después de haber sido deportadas o desplazadas, mantienen vínculos activos con las luchas en Estados Unidos. Mexicanos en retorno, binacionales y residentes en México no están al margen: están integrándose a una misma jornada de acción que cuestiona directamente el modelo político de Donald Trump. Y aquí es donde el mensaje de fondo adquiere su verdadera dimensión. “En Estados Unidos no hay reyes” no es solo un lema simbólico; es una acusación directa contra una forma de gobernar que, según los organizadores, se acerca peligrosamente a prácticas autoritarias. Cuando el poder se ejerce mediante el miedo, cuando se normalizan las detenciones arbitrarias y cuando se criminaliza la migración como política de Estado, la respuesta no puede ser tibia. Debe ser colectiva, visible y sostenida. Las cifras proyectadas —millones de personas movilizadas— son importantes, pero no son lo esencial. Lo verdaderamente significativo es la estructura social que las hace posibles. Una red de organizaciones, muchas de ellas con fuerte presencia migrante, que han entendido que la defensa de derechos no se delega: se construye. Que la democracia no se reduce al voto: se ejerce en la calle, en comunidad y en resistencia. En este contexto, las organizaciones mexicanas migrantes están marcando una ruta. No solo reaccionan frente a políticas hostiles; están redefiniendo su papel en el escenario político binacional. Son puente, son voz y son fuerza organizativa. Y en esa triple condición, están demostrando que la migración no es sinónimo de debilidad, sino de articulación estratégica. No Kings, en última instancia, es una advertencia. No solo para el gobierno estadounidense, sino también para cualquier sistema que pretenda gobernar de espaldas a su gente. Cuando millones se organizan, cuando las redes cruzan fronteras y cuando los migrantes asumen su lugar como sujetos políticos, el poder deja de ser incuestionable. Sígueme en mis redes sociales:  @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542

Redacción Viernes 27 de marzo del 2026.- La caída de dos piezas clave de Banca Afirme vuelve a colocar bajo reflector uno de los expedientes más opacos y costosos de la política reciente: el fiasco de Next Energy. Este mediodía, un juez en Aguascalientes vinculó a proceso a los directivos de Banca Afirme identificados como Nabor “N” y David “N” por el delito de fraude. La medida cautelar no dejó margen: les aplicaron la prisión preventiva justificada. El dato clave desmonta versiones interesadas: la imputación no nace de un expediente local aislado en Aguascalientes. El caso se conecta directamente con el esquema financiero que respaldó el proyecto fallido de la planta fotovoltaica de Next Energy en Baja California. Aguascalientes funge como sede judicial de la causa penal por razones de competencia y estrategia procesal, pero el origen del presunto fraude apunta al mismo entramado que comprometió recursos públicos bajacalifornianos. El mecanismo bajo sospecha no resulta menor. Durante la administración estatal, el gobierno comprometió pagos multimillonarios a través de un contrato de Asociación Público-Privada para garantizar energía eléctrica a largo plazo. Banca Afirme apareció como fiduciario y pieza financiera clave en la estructura que aseguraba los flujos de dinero. La planta nunca existió. El dinero sí. La vinculación a proceso de los banqueros exhibe una línea de investigación que deja de mirar sólo a los políticos y empieza a incomodar a los operadores financieros. La pregunta ya no se limita a quién autorizó el contrato, sino a quién lo hizo viable; quién lo validó y quién cobró comisiones por sostener una promesa energética que jamás se materializó. Hace apenas un par de días, el expediente dio otro giro. El exgobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez quedó vinculado a proceso por peculado por alrededor de 12 mil millones de pesos, también por el caso Next Energy. La acusación sostiene que recursos públicos se comprometieron de forma irregular en favor de un proyecto inviable desde su origen. La central fotovoltaica no pasó del papel. La coincidencia temporal no parece casual. Por un lado, la ruta política del dinero. Por el otro, la ruta financiera. Ambas convergen en el mismo punto: un contrato que prometía energía limpia y terminó como símbolo de opacidad. La prisión preventiva justificada contra los directivos de Banca Afirme envía una señal que incomoda al sector financiero. No se trata sólo de revisar firmas en contratos, sino de evaluar el papel activo de las instituciones bancarias en estructuras que pueden facilitar desvíos o fraudes. El mensaje del juez en Aguascalientes rompe una inercia: los bancos no son espectadores neutrales si administran fideicomisos públicos de alto riesgo. Queda claro que el caso Next Energy ya no es únicamente un escándalo estatal, pues ya se convirtió en un laboratorio judicial donde se prueba hasta dónde llega la responsabilidad penal en alianzas entre gobierno y sector privado. La justicia apenas empieza a desenredar la madeja. El tamaño del fraude sugiere que aún faltan nombres.

Redacción Tijuana, 27 de marzo de 2026.- Con el fin de medir la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia durante un horario con dinámicas de tráfico distintas, así como activar a las brigadas vespertinas en empresas, comercios y dependencias, este año el Macrosimulacro Estatal de sismo se realizará por primera vez durante la tarde, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC). El ejercicio busca fortalecer la cultura de la prevención y medir la capacidad de respuesta ciudadana en un escenario distinto al habitual, por lo que la CEPC invita a la población, instituciones y sector privado a sumarse al macrosimulacro, que se realizará el lunes 6 de abril a las 14:00 horas. El simulacro tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 7.2, recordando el movimiento telúrico que afectó a la región en 2010 con epicentro en Mexicali. Con la práctica se busca mantener viva la memoria histórica sobre aquel suceso y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de convivir de manera responsable con el entorno geográfico de nuestro estado, ubicado en una zona de alta actividad sísmica. Por su parte, el titular de la CEPC, Salvador Cervantes, resaltó la importancia de modificar la dinámica tradicional del ejercicio, con lo que se pretende "que se activen y evalúen las brigadas de la tarde en empresas, comercios y dependencias. Los sismos no conocen de horarios, por lo que es vital que toda la población, sin importar su turno de trabajo o rutina, esté preparada para actuar". En cuanto a los servicios de emergencia, señaló que la variación en el horario permitirá medir con mayor precisión la capacidad de reacción durante momentos distintos del día, así como ayudar a las familias a identificar rutas seguras y actualizar su plan familiar de protección civil en un contexto diferente. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, instó a la población bajacaliforniana a involucrarse activamente en este ejercicio, destacando que la práctica constante de los protocolos y la asimilación de la prevención son factores determinantes que pueden salvar vidas. Las personas, empresas e instituciones interesadas en registrar sus inmuebles para formalizar su participación, pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://forms.gle/bH44nPJ36MaYS4xj8 , con fecha límite para hacerlo el domingo 5 de abril.

Redacción Tijuana, 27 de marzo de 2026.- Pese a que el llamado matrimonio infantil está prohibido en el país, persisten uniones informales que reproducen condiciones de desigualdad, control y violencia, afectando el desarrollo integral y el proyecto de vida de las víctimas, por lo que el Congreso bajacaliforniano aprobó por unanimidad tipificar la cohabitación forzada, para proteger a menores de edad y personas vulnerables. El dictamen fue presentado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con base en iniciativas propuestas por la Red de Mujeres Unidas por Baja California A.C, la diputada Michel Sánchez y el diputado Jaime Cantón, quienes buscan fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables, visibilizando prácticas que aunque socialmente sean percibidas como “normales” o “tradiciones”, en realidad constituyen actos de violencia o explotación.  Por ello, la reforma incorpora un nuevo capítulo al Código Penal estatal, para establecer sanciones específicas a quienes cometan el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años, o de personas en situación de vulnerabilidad. La ley establece penas de ocho a 15 años de prisión, así como sanciones económicas a quienes incurran en este delito, mismas que se incrementarán en casos donde exista parentesco entre la víctima y el agresor, así como cuando se trate de personas pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas.  La creación de este tipo penal fortalece el principio del interés superior de la niñez y armoniza la legislación local con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.  Asimismo, la reforma permite cerrar vacíos legales, al reconocer que estas prácticas no siempre implican violencia física inmediata, sino que se configuran mediante procesos de manipulación, coerción o presión sostenida en el tiempo.

Redacción Tijuana, 27 de marzo de 2026.- En México hay más de 132 mil 500 personas desaparecidas, de acuerdo con la última actualización del Gobierno federal, en la que también se informa que en 36% de los casos no hay datos suficientes para su búsqueda. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP) , indicó durante la "Mañanera del Pueblo" de este viernes que el registro nacional de desaparecidos tiene reporte de 132 mil 534 personas, de las que 130 mil 728, es decir más de 98%, corresponden a casos de 2006 a la fecha, mientras el resto fueron registrados entre 1952 y 2005. En cuanto a los casos en los que la información es insuficiente para iniciar la búsqueda de las personas, señaló que se trata de 46 mil 742 registros, en los que faltan datos como "nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda". Asimismo, informó que 40 mil 308 de los casos que mantienen el estatus de no localizados tienen registro de alguna actividad administrativa -como matrimonios o altas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)- posterior a su fecha de desaparición, mientras en 43 mil 128 de los casos no hay este tipo de actividad. Finalmente, Figueroa Franco agregó que durante la actual administración federal han sido localizadas 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.