Por el caso Next Energy Encarcelan a ejecutivos de Afirme

Redacción

Viernes 27 de marzo del 2026.- La caída de dos piezas clave de Banca Afirme vuelve a colocar bajo reflector uno de los expedientes más opacos y costosos de la política reciente: el fiasco de Next Energy.

Este mediodía, un juez en Aguascalientes vinculó a proceso a los directivos de Banca Afirme identificados como Nabor “N” y David “N” por el delito de fraude. La medida cautelar no dejó margen: les aplicaron la prisión preventiva justificada.

El dato clave desmonta versiones interesadas: la imputación no nace de un expediente local aislado en Aguascalientes. El caso se conecta directamente con el esquema financiero que respaldó el proyecto fallido de la planta fotovoltaica de Next Energy en Baja California.

Aguascalientes funge como sede judicial de la causa penal por razones de competencia y estrategia procesal, pero el origen del presunto fraude apunta al mismo entramado que comprometió recursos públicos bajacalifornianos.

El mecanismo bajo sospecha no resulta menor. Durante la administración estatal, el gobierno comprometió pagos multimillonarios a través de un contrato de Asociación Público-Privada para garantizar energía eléctrica a largo plazo. Banca Afirme apareció como fiduciario y pieza financiera clave en la estructura que aseguraba los flujos de dinero. La planta nunca existió. El dinero sí.

La vinculación a proceso de los banqueros exhibe una línea de investigación que deja de mirar sólo a los políticos y empieza a incomodar a los operadores financieros.

La pregunta ya no se limita a quién autorizó el contrato, sino a quién lo hizo viable; quién lo validó y quién cobró comisiones por sostener una promesa energética que jamás se materializó.

Hace apenas un par de días, el expediente dio otro giro. El exgobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez quedó vinculado a proceso por peculado por alrededor de 12 mil millones de pesos, también por el caso Next Energy.

La acusación sostiene que recursos públicos se comprometieron de forma irregular en favor de un proyecto inviable desde su origen. La central fotovoltaica no pasó del papel.

La coincidencia temporal no parece casual. Por un lado, la ruta política del dinero. Por el otro, la ruta financiera. Ambas convergen en el mismo punto: un contrato que prometía energía limpia y terminó como símbolo de opacidad.

La prisión preventiva justificada contra los directivos de Banca Afirme envía una señal que incomoda al sector financiero. No se trata sólo de revisar firmas en contratos, sino de evaluar el papel activo de las instituciones bancarias en estructuras que pueden facilitar desvíos o fraudes.

El mensaje del juez en Aguascalientes rompe una inercia: los bancos no son espectadores neutrales si administran fideicomisos públicos de alto riesgo.

Queda claro que el caso Next Energy ya no es únicamente un escándalo estatal, pues ya se convirtió en un laboratorio judicial donde se prueba hasta dónde llega la responsabilidad penal en alianzas entre gobierno y sector privado.

La justicia apenas empieza a desenredar la madeja. El tamaño del fraude sugiere que aún faltan nombres.