Vidrios rotos, derechos quebrados

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 20 de mayo 2025.- Los vidrios rotos de un automóvil pueden parecer un daño menor para quienes observan desde la distancia. Pero cuando el estruendo es provocado por agentes migratorios estadounidenses que ingresan a propiedades privadas para sacar a fuerza a nuestros paisanos, ese estruendo se convierte en símbolo de algo mucho más profundo: la fractura del respeto por los derechos humanos, y la vergonzosa indiferencia institucional ante una crisis que nos alcanza a todos.

Y vayamos a los hechos: Desde San Antonio, Texas, la activista Lolita Aviña Gómez ha encendido una alarma que no puede ser ignorada. Lo que ocurre con los migrantes guanajuatenses en Estados Unidos no es nuevo, pero sí ha adquirido un cariz más agresivo, más violento, más sistemático, señala.

Ya no se trata únicamente de retenes o detenciones aleatorias. Ahora hay patrullajes dirigidos, redadas que esperan el momento en que haya más personas reunidas para maximizar los arrestos, y entradas forzadas a domicilios sin orden judicial. La maquinaria migratoria opera como si no hubiera ley que la contuviera ni derechos que respetar.

Y mientras nuestros connacionales enfrentan este escenario de hostigamiento y miedo, en Guanajuato, el gobierno estatal apenas si articula una respuesta. La Subsecretaría de Atención al Migrante sobrevive con un presupuesto raquítico que, según Aviña, apenas alcanza para pagar sueldos. Mientras tanto, el programa “Mineros de Plata” –si bien noble en su intención de apoyar el reencuentro familiar– absorbe la mayor parte de los recursos, dejando en la sombra a miles de guanajuatenses que luchan por sobrevivir en un entorno hostil del otro lado de la frontera.

La demanda de elevar esa Subsecretaría a rango de Secretaría no es un capricho burocrático. Es una exigencia legítima de representatividad, presupuesto y capacidad operativa para atender una realidad que ya desborda las buenas intenciones. No se puede seguir improvisando frente a una crisis estructural. ¿De qué sirve tener una oficina para migrantes si no se le dota del músculo político y financiero para protegerlos? ¿Qué mensaje se envía cuando se destina más dinero a eventos simbólicos que a defensa legal, acompañamiento psicosocial o redes de protección consular?

Mientras los vehículos migratorios patrullan los vecindarios y rompen ventanas, lo que realmente se está quebrando es el pacto de protección que un Estado debe garantizar a sus ciudadanos, estén donde estén. No basta con la retórica del orgullo migrante en ferias o informes de gobierno. Hoy, el verdadero patriotismo se mide en la capacidad de proteger a quienes están siendo perseguidos.

En este contexto, vale la pena subrayar que Amnistía Internacional ha documentado múltiples casos en los que los migrantes detenidos carecen de representación legal adecuada, son incomunicados por días o enfrentan procesos acelerados sin posibilidad real de defensa. Estas prácticas no solo vulneran el debido proceso, sino que contradicen principios fundamentales del derecho internacional humanitario.

El impacto se multiplica cuando observamos la situación de quienes son deportados. El Centro Prodh ha advertido que muchos migrantes son retornados a regiones de México asoladas por la violencia o el desempleo, sin redes de apoyo ni condiciones para reinsertarse. Las consecuencias son dramáticas: familias rotas, menores detenidos y comunidades enteras sumidas en el miedo constante a la persecución.

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