Castigar a quienes sostienen a dos naciones

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 17 de mayo 2025.- Mientras en Estados Unidos algunos congresistas hacen campaña con el eslogan de la “seguridad económica”, su receta legislativa ataca directamente a quienes más aportan sin pedir nada a cambio: los migrantes.

La reciente propuesta aprobada por la Cámara de Representantes para imponer un impuesto del 5% a las remesas es no solo una agresión fiscal, sino una afrenta moral, económica y humanitaria que amenaza a más de 40 millones de personas, en su mayoría mexicanos.

Las remesas no son lujos. Son comida en la mesa, medicinas para los abuelos, uniformes escolares, techos nuevos, esperanza pura enviada desde el esfuerzo. Gravar con impuestos estos envíos es castigar la pobreza con cinismo. Se pretende ponerle precio a la solidaridad, cargarle impuestos al amor familiar y someter a la comunidad migrante a una doble tributación disfrazada de política pública.

¿Con qué argumento puede un legislador justificar que un trabajador migrante, que ya tributa en Estados Unidos, deba pagar un impuesto adicional por enviar dinero a su madre en Michoacán o a sus hijos en Oaxaca? Esta medida no grava el capital especulativo ni las ganancias de Wall Street; grava la dignidad del jornalero, del obrero, del empleado de limpieza, de la niñera, del cocinero. Es un acto regresivo, discriminatorio y profundamente injusto.

El impacto de esta propuesta sería devastador. En 2024, México recibió más de 64 mil millones de dólares en remesas, el equivalente a más del 4% del PIB nacional. Gran parte de estos recursos llegan a comunidades donde el Estado apenas logra incidir. Son los migrantes quienes, desde el exterior, sostienen una parte significativa de la economía nacional. Si se reduce ese flujo, se atenta contra el bienestar de millones y se podrían acelerar las causas estructurales que provocan la migración: pobreza, desigualdad y falta de oportunidades.

Además, expertos advierten que esta medida podría empujar a los migrantes hacia canales informales e inseguros para el envío de dinero, con mayor exposición al fraude, a la extorsión y al crimen organizado. En vez de generar orden, la política genera caos. En vez de control, incentiva la evasión. ¿Es esto lo que buscan los legisladores?

Ante este escenario, la respuesta del Gobierno de México ha sido, lamentablemente, tibia e insuficiente. La presidenta Claudia Sheinbaum, si bien ha calificado la medida de “anticonstitucional”, no ha articulado una posición pública con la contundencia y la urgencia que la situación exige. Los migrantes no necesitan diplomacia templada ni frases para el registro. Necesitan defensa activa, presión internacional y una estrategia binacional robusta. Si la propuesta avanza en el Congreso estadounidense, podría entrar en vigor en 2026. Hay tiempo para actuar. Háganlo, es lo menos y mínimo que puede hacer el gobierno, que se jacta de auto-definirse como humanista.

El gobierno mexicano debe levantar la voz con la misma fuerza con que los migrantes sostienen la economía nacional. Debe convocar a los consulados, a las organizaciones civiles, a las bancadas aliadas en el Congreso estadounidense y a la comunidad internacional. Este no es un diferendo técnico. Es un atentado económico contra millones de familias que no puede resolverse en silencio ni entre oficinas.

A los aliados en el Congreso estadounidense, a los activistas, organizaciones pro derechos de los migrantes y a la diáspora misma: la resistencia es legítima y necesaria. Este impuesto es más que un número. Es una línea roja. Una que no puede cruzarse sin consecuencias sociales, económicas y políticas de largo alcance.

Hoy, más que nunca, debemos alzar la voz por quienes sostienen desde la distancia a dos países con su trabajo, su amor y su dinero. Porque castigar al migrante es castigar el corazón mismo de nuestras naciones.

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