Tormenta política de nombre Ariadna

Jaime Flores Martínez

Miércoles 28 de Octubre del 2026.- La dirigente nacional de MORENA Ariadna Montiel Reyes enfrenta una tormenta política que ya no puede esconderse.

Y —es que— lun este momento Montiel aparece en medio de 2 controversias que —aunque distintas—colocan bajo escrutinio a la cúpula del partido.

Por un lado el escándalo de los contratos electorales vinculados con empresas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas, personaje cercano a la recién renunciada presidenta del INE, Guadalupe Taddei y por otro, el señalamiento periodístico sobre una supuesta reunión de Montiel con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aquí habrá que poner orden en el expediente pues hasta ahora no existe evidencia pública que permita afirmar que Montiel haya entregado un contrato a una empresa de Hernández Casillas.

El contrato que en las últimas horas generó señalamientos corresponde a Comercializadora JVLY, compañía ligada a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.

Se sabe que el Instituto Electoral del Estado de Puebla le otorgó en 2024 un contrato por 129.7 millones de pesos para producir urnas, mamparas y paquetería electoral.

En ese momento, la presidenta del organismo era Blanca Yassahara Cruz García, quien desde ayer martes encabeza de manera provisional el INE tras la salida de Taddei.

Sin duda este dato resulta particularmente incómodo porque las empresas relacionadas con Hernández Casillas acumularon, de acuerdo con contratos difundidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 49 contratos por mil 450 millones 443 mil 771 pesos entre 2018 y 2025. La empresa Cajas Graf concentra más de 656 millones y Corporativo ZEG más de 123 millones de pesos.

Y es aquí dmfe donde aparece la señora Taddei pues durante su administración en el INE se cuestionaron contratos, nombramientos y se ventilaron ya posibles conflictos de interés alrededor de empresas vinculadas con Hernández Casillas.

Uno de los casos más controvertidos fue una adjudicación directa de aproximadamente 197 millones de pesos para materiales de la elección judicial de 2025, después de que una licitación quedó desierta.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene investigaciones sobre posibles irregularidades.

El Órgano Interno de Control del INE reportó 16 investigaciones abiertas durante 2025 y 2026, 11 relacionadas con contrataciones públicas, con 15 funcionarios o exfuncionarios, ocho particulares y 18 empresas bajo revisión.

Eso no significa culpabilidad, pero sí demuestra que el asunto dejó de ser un simple pleito de columnistas.

Taddei terminó por presentar su renuncia el domingo pasado, en medio de este escándalo.

La agencia informativa Reuters reportó que la ASF investigaba posibles conflictos de interés y desvío de recursos relacionados con contratos del INE.

En momentos que parecía que el incendio podía reducirse a los contratos del INE, apareció otro cerillo: Ariadna Montiel.

El periodista Héctor de Mauleón publicó hace 2 días (el 26 de octubre)que fuentes de seguridad consultadas por él, Montiel habría sostenido a principios de 2024 una reunión en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de “El Chapo”.

La versión resulta explosiva porque el supuesto encuentro habría tenido como propósito negociar apoyos electorales para candidatos de Morena a cambio de permitir el control territorial de grupos criminales en una zona de Chihuahua y Sinaloa.

Claro que Montiel negó los señalamientos y afirmó que nunca ha tenido relación “ni se ha reunido” con personas dedicadas a actividades delictivas.

De Mauleón, por su parte, sostuvo su dicho y afirmó que esa información procede de un supuesto reporte de inteligencia federal.

Justo aquí aparece un dato que impide convertir una acusación en sentencia: el Gabinete de Seguridad del gobierno federal negó que exista información oficial que confirme la existencia o autenticidad del supuesto reporte de inteligencia citado por De Mauleón.

También rechazó que alguna de las instituciones de seguridad haya confirmado la presunta reunión o los supuestos acuerdos electorales.

Por tanto, la reunión no puede presentarse como un hecho probado.

Lo que sí existe es una disputa pública

Ya se refirió que un periodista que sostiene su versión, la dirigente partidista la rechaza y un Gobierno federal que niega contar con información oficial que la confirme.

Y mientras ese expediente busca pruebas, el otro —el de los contratos— ya tiene números, empresas, documentos contractuales y auditorías.

Ese es precisamente el problema para Morena.

Si la respuesta oficial consiste en descalificar todo como “golpeteo político”, entonces corre el riesgo de meter en la misma bolsa asuntos que requieren tratamientos distintos.

Una cosa es una acusación periodística todavía no acreditada y otra muy diferente son contratos que aparecen en registros oficiales y que ya provocaron investigaciones de órganos fiscalizadores.

El caso de Montiel exige, por ello, menos propaganda y más documentos.