¿Quién paga la factura?

Columna Horas Extras

Por Daniel Lee Vargas

El laberinto laboral entre la crisis económica y la exigencia sindical

Ciudad de México, 6 de mayo 2025.- México atraviesa un momento delicado en el terreno económico-laboral, donde múltiples tensiones convergen en un escenario de alta incertidumbre.

Por un lado, las expectativas globales de recesión moderada, la desaceleración en el comercio internacional y los cambios en políticas arancelarias—particularmente en Estados Unidos—han generado nerviosismo en sectores estratégicos como el automotriz, electrónico, agrícola e industrial. Empresas exportadoras, especialmente en el norte del país y en corredores industriales del Bajío, han comenzado a detener contrataciones, suspender inversiones y aplicar medidas de contención de costos.

Este panorama ha despertado temores de despidos masivos. Aunque no se ha declarado oficialmente una crisis de empleo, los sindicatos reportan un aumento de consultas sobre procedimientos de liquidación y recortes escalonados.

Pero aún hay mas... La preocupación se intensifica en industrias maquiladoras y manufactureras, donde la estabilidad laboral depende estrechamente de la demanda externa y de factores políticos como el nearshoring o los aranceles fronterizos.

Al mismo tiempo, las empresas enfrentan una creciente presión sindical relacionada con la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Esta obligación legal —establecida en el artículo 123 de la Constitución y regulada por la Ley Federal del Trabajo— se ha convertido en un punto de fricción, sobre todo en este 2025, un año marcado por márgenes de ganancia más bajos y balances financieros apretados.

Sindicatos argumentan que, pese a las condiciones adversas, muchas empresas han trasladado ingresos a subsidiarias o han utilizado mecanismos contables para minimizar sus utilidades reportadas. En contraste, las cámaras empresariales denuncian que el modelo actual del reparto de utilidades no se adapta a los ciclos económicos negativos, y exigen una revisión del marco normativo que permita mayor flexibilidad sin lesionar los derechos laborales.

En este entorno, estimado lector, la confianza entre empleadores y trabajadores se resquebraja, lo cual puede derivar en conflictos laborales y tensiones sociales si no se gestionan con responsabilidad y diálogo. Algunos especialistas advierten que la presión sindical podría intensificarse, no solo por el PTU, sino también por demandas salariales más agresivas, bonos compensatorios y seguridad laboral, ante el miedo a una nueva ola de despidos.

Mientras tanto, el Gobierno Federal camina en la cuerda floja: debe equilibrar su discurso pro-trabajador con el compromiso de mantener condiciones atractivas para la inversión. Cualquier reforma precipitada o mal negociada podría desincentivar el nearshoring, una de las pocas apuestas fuertes del actual modelo económico mexicano.

En resumen, el país enfrenta una tormenta perfecta en materia laboral, donde los fantasmas del desempleo, la presión sindical, las tensiones arancelarias y la desconfianza empresarial convergen. Sin una política laboral estratégica, sólida y negociada con todas las partes, el riesgo no solo es económico: es también social y político.