Propone multas de hasta 820 mil pesos a universidades privadas que obstaculicen titulación

Redacción

Tijuana, 23 de octubre de 2026.- Multas de más de 820 mil pesos podrían imponerse a instituciones educativas privadas que obstaculicen la obtención de títulos profesionales, de ser aprobada en el Congreso bajacaliforniano la iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal que propuso la diputada Teresa Méndez, para sancionar la omisión del trámite y los condicionamientos de pago no autorizados. 

La legisladora expuso que en Baja California existen alrededor de 60 instituciones privadas de educación superior que cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), y añadió que hay casos en los que las escuelas o universidades se han negado a tramitar los títulos profesionales de sus egresados, situación que ha llevado a algunas personas a recurrir a la vía judicial para obtenerlos. 

“Quienes concluyen una carrera y cumplen con los requisitos académicos deben contar con la posibilidad de obtener su título profesional, sin enfrentar obstáculos injustificados por parte de la institución educativa. La titulación es una etapa fundamental para acreditar su preparación y continuar con su desarrollo profesional”, indicó Méndez Vélez. 

Bajo esa premisa la reforma contempla modificar la fracción XXVI del artículo 126 de la Ley de Educación estatal para sancionar la omisión del trámite de certificados, constancias, diplomas o títulos de quienes hayan concluido sus estudios, así como el condicionamiento de estos documentos al pago de contraprestaciones no autorizadas en los planes y programas correspondientes. 

Como sustento jurídico, la inicialista retomó el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoce que las universidades privadas pueden equipararse a una autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omiten tramitar o entregar un título profesional a una persona egresada que cumple los requisitos aplicables. 

Las sanciones económicas previstas en la legislación van de mil a 7 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a multas de 117 mil a 821 mil pesos, conforme al valor vigente en este año. 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología para su análisis y trámite legislativo.