Propone eliminar cobros de trámites vehiculares a víctimas de robo de auto

Redacción

Tijuana, 31 de julio de 2025.- A fin de evitar revictimizar a quienes sufren el robo de su automóvil, eliminando las cargas administrativas que profundizan la afectación por dicho delito, el diputado Diego Echevarría propuso reformar Ley que regula los Servicios de Control Vehicular, para exentar el pago por la reposición de documentos vehiculares sustraídos junto con el automóvil, tales como tarjeta de circulación, licencia de conducir y placas, así como la baja del padrón vehicular.

El legislador panista plantea adicionar el artículo 5 Bis y modificar el artículo 12 de la Ley que regula los Servicios de Control Vehicular, estableciendo que la aplicación de esta medida estará condicionada a la existencia de una denuncia formal ante la autoridad competente, con el objetivo de garantizar que el Estado no imponga requisitos onerosos que agraven la afectación sufrida por las personas.

"Esta acción legislativa responde al grave problema de robo de vehículos en Baja California, entidad que ocupa el segundo lugar nacional en incidencia de este delito. La afectación no se limita a la pérdida material, sino que se extiende a trámites costosos derivados del robo, como la reposición de documentos sustraídos junto con el vehículo", afirmó Echevarría Ibarra.

De acuerdo con la Ley de Ingresos vigente para el ejercicio fiscal 2025, los trámites en cuestión generan un gasto cercano a los 3 mil pesos, incluyendo montos como 803.59 por reposición de licencia, 375.22 por tarjeta de circulación, mil 392.20 por placas de servicio particular, y 375.22 por baja del padrón vehicular, cobros que de acuerdo con el congresista local son injustos y revictimizantes, pues imponen una carga adicional a personas que ya han sido afectadas por la inseguridad. 

Además, añadió, el impacto presupuestal para el Estado sería mínimo, dado que los derechos fueron pagados previamente en la expedición original de los documentos. "Con esta reforma, se busca reforzar el compromiso institucional de respaldo a las víctimas y evitar que el Estado se convierta en un segundo agresor mediante disposiciones administrativas que resultan onerosas y carentes de sensibilidad", puntualizó.