Medio millón de vidas en el limbo

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 13 de mayo 2025.- Que les digo... Hoy más que nunca, el sistema judicial estadounidense enfrenta una prueba de fuego. ¿Pesa más la ley o el capricho presidencial? ¿Tiene valor el principio de protección humanitaria, o será arrastrado por una maquinaria que reduce a las personas migrantes a votos y estadísticas?

Y me refiero a esto: Una vez más, la política migratoria de Estados Unidos se convierte en una vitrina de cinismo y cálculo electoral. Esta vez, la administración de Donald Trump —aferrada a una visión punitiva del fenómeno migratorio— ha solicitado a la Corte Suprema que le autorice desmantelar un programa que hoy representa la diferencia entre la vida y la expulsión para más de medio millón de personas.

La petición de emergencia busca eliminar el permiso humanitario ("parole") que protege a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. El crimen de estas personas: haber creído en las reglas que el mismo gobierno estadounidense impuso hace apenas dos años.

Pero hay más, si la Corte Suprema valida que el Ejecutivo puede revocar en bloque un permiso migratorio legal ya otorgado, eso sienta un precedente peligroso.

Cualquier futura medida que beneficie a mexicanos —como un DACA ampliado, permisos laborales, o nuevos programas temporales— podría quedar igual de expuesta a ser anulada sin análisis individual.

Trump y su equipo han usado históricamente a los migrantes mexicanos como chivo expiatorio. La ofensiva actual contra el parole es parte del mismo discurso: migración = caos = amenaza. Aunque el blanco actual son cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, el mensaje xenófobo siempre termina arrastrando a los mexicanos en la narrativa electoral.

Lo que el gobierno de Trump presenta como una “reinterpretación” legal es, en realidad, una vendetta ideológica. El permiso humanitario fue una válvula legal creada por la administración Biden para canalizar el ingreso ordenado de solicitantes de asilo. Lejos de fomentar la migración irregular, este programa estableció filtros estrictos: antecedentes penales limpios, un patrocinador en EE.UU., vacunas completas. En otras palabras, una migración documentada, responsable y en línea con los principios humanitarios. ¿No es eso lo que las políticas migratorias deberían perseguir?

Pero el trumpismo no gobierna con lógica jurídica ni humanismo. Gobierna con una calculadora electoral en la mano y una retórica de miedo en los labios. Trump y sus asesores no están interesados en el orden ni la legalidad. Les interesa desmontar todo lo que tenga el sello de la administración anterior, aunque en el proceso arrasen con la dignidad y estabilidad de cientos de miles de personas.

La jueza federal Indira Talwani lo expresó con claridad: no se puede cancelar en masa un programa legal sin una revisión caso por caso. Hacerlo —añadió— “socava el Estado de derecho”. Pero en la visión de Trump, el Estado de derecho solo sirve cuando se pliega a sus objetivos.

Su administración, lejos de respetar el fallo judicial, ha respondido presionando políticamente a la Corte Suprema —esperando que su mayoría conservadora imponga un revés que podría expulsar a decenas de miles de personas que han construido una vida en Estados Unidos bajo el amparo de la ley.

El argumento de Trump es endeble y alarmante: que el programa de parole interfiere con sus facultades ejecutivas para “reducir la presencia de indocumentados”. Pero aquí no estamos hablando de personas que cruzaron sin autorización, sino de quienes fueron admitidos por un mecanismo creado por el mismo gobierno federal. Si esto se revoca de forma masiva, ¿qué confianza podrá tener el mundo en los compromisos del gobierno estadounidense? ¿Qué valor tendrá la palabra legal del país que dice ser el faro de la democracia?

Más allá del derecho, está la humanidad. Terminar el parole sin justificación individual es condenar al exilio, al desempleo, a la ruptura familiar, a la clandestinidad. No se trata de números, sino de rostros. Rostros que han huido de dictaduras, pobreza extrema y violencia. Gente que ha confiado en el sistema. Cancelarles el estatus legal ahora no es aplicar la ley. Es traicionarla.

Sería bueno que la Corte Suprema recuerde que detrás de cada expediente hay un ser humano. Y que ningún país que se jacte de ser libre puede construir su grandeza sobre el abandono legal de los más vulnerables.

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