Le llaman “debido proceso”, pero les niegan la fianza
- Cicuta Noticias
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Por Daniel Lee Vargas
Ciudad de México 1 Agosto 2025.- En Estados Unidos la estrategia de disuasión migratoria se ha sostenido en el uso del encierro como castigo. Sin condena, sin juicio previo, sin evaluación real del riesgo de fuga. El migrante detenido en la Unión Americana, -lo sabe usted de sobra-, es tratado con frecuencia como un delincuente, como un criminal.
En este contexto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para detener una medida que prohíbe a los migrantes detenidos solicitar libertad bajo fianza mientras esperan sus procesos legales.
Uno de los focos de la demanda es la Corte de Inmigración de Adelanto, California, conocida por ser uno de los epicentros más represivos del sistema migratorio. Las audiencias negadas de forma sistemática, la imposibilidad de solicitar fianza y el aislamiento prolongado de personas detenidas hacen de Adelanto no solo una corte, sino un experimento en el abandono legal.
Las implicaciones para la comunidad migrante mexicana son especialmente graves. No solo por el volumen de personas afectadas, sino porque muchos de ellos carecen de recursos para defenderse, enfrentan barreras lingüísticas, o han sido víctimas de desinformación y abuso por parte de autoridades migratorias.
Frente a esta realidad, la red de apoyo consular mexicana no siempre responde con eficacia ni con prontitud, dejando en el limbo a cientos de personas que enfrentan procedimientos complejos y prolongados.
Ahora bien, esta demanda de la ACLU no resolverá por sí sola el problema, pero es un acto urgente y necesario. Porque si la política de ICE prospera, Estados Unidos consolidará un modelo aún más agresivo de detención preventiva sin garantías, que se parecerá menos a una democracia liberal y más a un régimen de detención arbitraria institucionalizada.
Pero mire usted, esto no queda como un solo un tema legal. En el fondo, lo que está en juego es el respeto a derechos constitucionales básicos en Estados Unidos —como el debido proceso— frente a una política migratoria cada vez más punitiva y deshumanizante.
Recordemos que la medida fue impulsada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y afecta a miles de personas detenidas en centros de detención migratoria, entre ellas un número importante de connacionales mexicanos.
Para los más de 11 millones de paisanos que viven en Estados Unidos —con y sin documentos— esta política no es ajena.
La defensa consular ha sido errática, y la política exterior mexicana evita confrontar directamente al sistema migratorio estadounidense, incluso cuando viola derechos de sus propios ciudadanos.
Desgraciadamente, la falta de una posición firme por parte de la Cancillería mexicana refleja una debilidad estructural: seguimos tratando el tema migratorio como una cuestión técnica o bilateral, cuando es en realidad una batalla por derechos humanos universales, que debe denunciarse y enfrentarse en todos los foros.
Y aquí este dato que es útil y es para poner en perspectiva: Según la International Detention Coalition, EU es el país con la mayor cantidad de migrantes detenidos en el mundo, con unos 50,000 detenidos por día, más que cualquier otro país. Otros países destacados son Reino Unido, Libia y Grecia.
En su mayoría, estas instalaciones son operadas por corporaciones privadas como CoreCivic o GEO Group, cuyo modelo de negocio depende de mantener las celdas llenas. Y para eso, políticas como la negación sistemática de fianza son funcionales: convertir el encierro migratorio en una industria estable y creciente.
A estas alturas, negar que el sistema migratorio estadounidense es también un sistema carcelario sería ingenuo. Estados Unidos mantiene el mayor número de centros de detención migratoria del mundo y destina miles de millones de dólares anuales a sostener este aparato.
Tan solo en 2024, más de 235 mil mexicanos fueron arrestados por autoridades migratorias en EU, y muchos de ellos enfrentan procesos largos en condiciones carcelarias, sin posibilidad de fianza, sin acceso adecuado a defensa legal y separados de sus familias, y ahora, se le niega incluso la oportunidad de una audiencia ante un juez.
Detrás de cada migrante detenido sin fianza hay una historia humana: familias rotas, vidas detenidas, derechos aplastados. La prisión no puede ser la frontera invisible que divida a quienes merecen justicia de quienes no. Y si lo permitimos, estaremos abriendo las puertas a un tipo de sociedad donde el encierro es política pública y el debido proceso, un privilegio reservado para pocos.
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