La burbuja también tiene juzgado

Por C.W. Munguía

Domingo 27 de septiembre 2026.- Al cierre de 2025, según el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México 97 mil 277 personas estaban presas sin sentencia, 42.2 por ciento de toda la población penitenciaria del país.

Para agosto de este año, otro conteo, del colectivo "No Más Presos Inocentes", dejo saber que habían 102 mil.

La mitad de quienes no tienen sentencia está ahí por una figura llamada prisión preventiva oficiosa automática, sin que ningún juez evalúe su caso particular, solo porque el delito que se les imputa aparece en un catálogo.

Ese catálogo, en 2008, tenía seis delitos. Hoy tiene veintidós. Nadie decidió esto de un solo golpe, se fue ampliando, reforma tras reforma, hasta que la excepción se volvió la manera normal de encarcelar sin condenar.

La Suprema Corte tiene sobre su escritorio, desde hace tres años, la pregunta de si esta figura es siquiera constitucional. La ha pospuesto, sesión tras sesión, hasta dejarla, otra vez, para el año que entra. Una corte internacional ya condenó al Estado mexicano por el uso abusivo de esta misma figura. México no ha acatado esa condena. Al contrario: siguió ampliando el catálogo después de recibirla.

Escribo esto sin acusar a nadie de nada; quiero ser preciso en ese punto, porque el tema que sigue exige la misma cautela. El viernes pasado, un juez federal otorgó prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia moderna de Baja California, quien enfrenta un proceso por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, cargos que, hasta hoy, son eso: cargos, no sentencia. La presunción de inocencia le corresponde exactamente igual que a cualquier otro procesado, y nada de lo que sigue pretende opinar sobre su culpabilidad o inocencia, algo que solo un juez, al final del proceso, puede determinar.

Lo que sí se puede observar, sin tocar el fondo del caso, es lo que hizo posible que su proceso se resuelva en resguardo domiciliario después de poco más de dos meses de reclusión: un Comité Plural de 44 integrantes, exfuncionarios, académicos, activistas, encabezado por su propia hija, haciendo campaña nacional e internacional por su liberación.

Abogados con trayectoria en firmas reconocidas presentando amparo tras amparo. Cobertura constante en medios nacionales. Una misa pública por su salud, en una capilla de Tijuana, con la asistencia de militantes de su partido. El juez citó su edad, 74 años y sus necesidades médicas documentadas como motivo de la resolución. Son motivos legítimos, contemplados en la ley para cualquier persona en su situación.

La pregunta que me interesa no es si Ruffo merecía ese beneficio. Es si cualquiera en su misma condición de edad y salud, sin comité, sin abogados de ese calibre, sin cobertura nacional, habría conseguido lo mismo con la misma velocidad. El colectivo que documenté arriba tiene, entre sus casos, el de dos personas que pasaron casi dos décadas en prisión preventiva sin sentencia por delitos muchísimo menos graves que los que se le imputan a Ruffo, hasta que su caso escaló a una corte internacional, y ahí, veinte años después, fueron absueltas.

La ley, en el papel, es la misma para las 102 mil personas sin sentencia que para el exgobernador. La diferencia no está escrita en ningún código. Está en quién tiene un comité de 44 personas dispuesto a movilizarse por ti, y quién tiene solo el turno de una audiencia que se pospone año tras año, sin que a nadie en particular le urja resolverla.

No escribo esto para negarle a Ruffo el derecho a defenderse con todos los recursos legales disponibles — es exactamente lo que cualquier persona debería poder hacer. Escribo esto porque la burbuja de la que ya hablé en esta columna, la que aísla a ciertos apellidos de la fricción con la realidad que vive el resto, no termina en la política. Tiene su propio juzgado, su propio expediente, y su propia sala de espera, donde unos aguardan con comité y misa, y otros, sencillamente, aguardan.