El voto migrante ya no admite simulaciones

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 4 Enero 2026.- En 2024, apenas 22 mil mexicanos residentes en el extranjero lograron emitir su voto, una cifra marginal frente a los más de 40 millones de connacionales que viven fuera del país y que evidencia las severas limitaciones del modelo de participación electoral vigente. A más de un siglo de que la Constitución de 1917 reconociera el derecho al sufragio universal, el ejercicio del voto desde el exterior continúa marcado por obstáculos administrativos, requisitos restrictivos y una cobertura consular insuficiente.

El bajo nivel de participación electoral reavivó las críticas de organizaciones y líderes migrantes, quienes denunciaron que el Estado mexicano mantiene un bloqueo de facto al voto pleno de la diáspora. Señalaron que los avances han sido lentos y excluyentes, y advirtieron que no aceptarán que se mantenga un esquema que, en la práctica, sigue tratando a millones de mexicanos en el exterior como ciudadanos de segunda.

El reclamo de las y los mexicanos en el exterior no es nuevo, pero hoy es más urgente, más legítimo y más incómodo para el poder que nunca.

Recientemente en Estados Unidos y en México, se realizaron foros que concluyeron en la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Gobernación, y ahí se dejó claro un punto ineludible: los avances “a cuenta gotas” ya no son aceptables. Los más de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos —y millones más en otras latitudes— no piden concesiones, piden lo que la Constitución les reconoce desde hace 108 años: sufragio pleno, universal y efectivo.

La evidencia es contundente. Tras dos décadas de permitir el voto en el exterior bajo esquemas restrictivos, engorrosos y excluyentes, el resultado es vergonzoso: en 2024 apenas 22 mil mexicanos votaron desde fuera del país. No es desinterés, es obstaculización institucional. No es apatía, es diseño deliberado para limitar la participación. El mensaje implícito ha sido claro: pueden enviar remesas, pero no decidir el rumbo de la nación.

La deuda histórica es inocultable. Como lo señalaron líderes migrantes en los foros, ni el sistema esclavista en Estados Unidos ni el bloqueo a Cuba han durado tanto como la negación del voto pleno a los migrantes mexicanos. La comparación no es retórica: es una denuncia de fondo sobre la calidad democrática del Estado mexicano.

Hoy, el escenario político ha cambiado. Morena, que durante décadas exigió desde la oposición inclusión, coherencia y democracia real, gobierna con mayoría legislativa y respaldo popular. Esa condición elimina cualquier pretexto. Ahora no hay a quién culpar. Si la reforma electoral que se anuncia para este 2026 no garantiza el voto migrante pleno —presidencial, estatal, municipal y legislativo— quedará demostrado que el problema nunca fue técnico, sino político.

Las demandas son claras y razonables: votar por la Presidencia, gubernaturas, congresos locales y alcaldías; contar con representación propia en el Congreso; eliminar candados absurdos como la exigencia exclusiva de la credencial de elector; habilitar pasaporte y matrícula consular; permitir el voto postal, electrónico y anticipado; y fortalecer los consulados como espacios de derechos, no como oficinas distantes y elitistas. Nada de esto es radical. Todo es democrático.

Quienes advierten que, con derechos plenos, los migrantes podrían inclinar elecciones, en realidad confiesan el fondo del problema: el miedo a una ciudadanía activa, informada y políticamente decisiva. Durante años, el PAN y el PRI se opusieron al voto migrante por cálculo electoral. Hoy, ese argumento se recicla en silencios, dilaciones y promesas vagas. Cambian los colores, pero el riesgo de simulación persiste.

Por eso, el llamado de los dirigentes migrantes a hacer causa común —más allá de filias partidistas— es clave. El voto migrante no es una bandera de Morena, ni de la oposición: es una prueba de Estado. También es una línea roja frente a los discursos antipatrióticos de quienes, desde el conservadurismo más extremo, incluso celebran agresiones externas contra México. No hay contradicción más grave que invocar soberanía mientras se niega ciudadanía a millones de mexicanos.

La reforma electoral que se avecina no puede ser cosmética. No puede limitarse a ajustes administrativos ni a nuevos “modelos ideales” sin efectos reales. Debe ser de gran calado, vinculante y verificable, con plazos claros y obligaciones precisas para las autoridades electorales y consulares. Todo lo demás será continuidad del desprecio.

Los migrantes no son mexicanos de segunda. Son trabajadores, familias, contribuyentes, actores económicos y políticos que sostienen comunidades enteras dentro y fuera del país. Si el discurso del “humanismo mexicano” quiere ser algo más que consigna, este es el momento de probarlo. Así la

Después de 108 años, la paciencia se agotó. La historia ya tomó nota. Ahora le toca al Congreso y al Ejecutivo decidir si estarán del lado de la democracia o del archivo de las simulaciones. El voto migrante no puede esperar otro sexenio. Ni otro siglo.

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