Diez mil millones para encarcelar sueños

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 25 de octubre 2025- Creo que ya nada puede sorprendernos a estas alturas con este señor de cara color naranja, y es que la administración de míster Trump ha cruzado nuevamente una línea que redefine los límites entre seguridad nacional y persecución migratoria.

Hoy el gobierno estadounidense decidió a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)canalizar 10 mil millones de dólares a través de la Marina para construir una red de centros de detención masiva, y no es solo un proyecto logístico: es una declaración política de guerra interna contra los migrantes.

Y para ponerlo en perspectiva, por vez primera  las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo utilizadas de manera directa para sostener una operación de control migratorio de escala industrial.

La estrategia busca duplicar la capacidad de detención nacional, erigiendo complejos capaces de albergar a 10 mil personas cada uno, distribuidos en estados tan dispares como Luisiana, Georgia, Pensilvania, Indiana, Utah y Kansas.

No son centros de recepción ni albergues humanitarios; son campos de confinamiento temporal diseñados para procesar y expulsar con rapidez a cientos de miles de personas, en su mayoría latinoamericanas.

La maniobra contractual, ejecutada a través del Comando de Sistemas de Suministro de la Marina, representa una burla a las normas federales de transparencia y competencia.

Ahora bien con esto el gobierno ha encontrado en el Departamento de Defensa una “ruta paralela” para adjudicar contratos sin el escrutinio público que normalmente acompañaría una obra civil.

Lo que antes era un mecanismo de construcción expedicionaria para operaciones militares en el extranjero —el contrato WEXMAC— ahora se ha transformado en su versión “2.1: Integridad Territorial de los Estados Unidos”, un eufemismo burocrático para justificar el uso de infraestructura militar en la detención masiva de civiles.

La militarización del control migratorio no solo amplía la capacidad física de detención: redefine la frontera misma. Al introducir al ejército en tareas de custodia civil, la administración Trump rompe un principio fundamental del orden constitucional estadounidense, que separa el ámbito militar del policial.

Convertir la infraestructura bélica en instrumento de represión interna abre una peligrosa puerta hacia la normalización del estado de excepción como política pública.

Las justificaciones son previsibles: urgencia, eficiencia, seguridad nacional. Pero detrás de ese lenguaje tecnocrático se oculta un proyecto profundamente ideológico: restaurar la supremacía blanca como principio de ciudadanía y transformar la migración latinoamericana en una amenaza militar.

Los nuevos centros de detención —carpas, muros de lona, recintos temporales— son la expresión física de un país que elige el encierro sobre la integración, la expulsión sobre el asilo.

Trump y su “zar fronterizo”, Tom Homan, saben que la rapidez es su mejor aliado político. Cada cama nueva representa una historia que no llegará a audiencia, una familia separada, un trabajador deportado sin defensa legal. Y al utilizar a la Marina como vehículo de contratación, la administración logra lo que la ley civil habría demorado o detenido: construir sin preguntas, detener sin testigos, deportar sin dilación.

Lo que está en juego no es solo el destino de los migrantes detenidos, sino el modelo de democracia que Estados Unidos pretende sostener ante el mundo. La frontera ya no se encuentra en el Río Bravo ni en el desierto de Arizona; se ha desplazado al corazón mismo del aparato estatal, donde la línea entre la defensa nacional y la represión social se desvanece a pasos alarmantes.

La pregunta no es cuántos centros más construirá Trump, sino cuánto más podrá militarizar la política migratoria antes de que el país deje de reconocerse como república. Porque cuando los migrantes son tratados como enemigos internos, la democracia misma se convierte en una víctima colateral.

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