Cuando la economía de EU se queda sin manos

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 24 de octubre 2025.- La nueva ola de deportaciones masivas emprendidas por Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca, ya sacudió los cimientos económicos y morales de Estados Unidos. No se trata solo de un retorno al discurso antiinmigrante más agresivo, sino de una implosión interna: empresarios, legisladores y hasta sectores republicanos moderados empiezan a admitir que el país no puede sostenerse sin los mismos trabajadores a los que el gobierno actual persigue, criminaliza y expulsa.

Lo que comenzó como una cruzada ideológica —“recuperar los empleos americanos”, “cerrar las fronteras”— se ha convertido en una bomba de tiempo para la economía. Hoy existen ocho millones de empleos vacantes en todo el país, según los propios empresarios, debido al colapso de la mano de obra migrante.

Esa carencia está empujando los precios al alza y afectando el suministro de productos básicos, desde alimentos hasta materiales de construcción. En otras palabras, la deportación masiva se ha convertido en una forma de autoboicot económico.

Por eso más de cien empresarios viajaron esta semana a Washington para exigir una solución urgente. Representan a sectores como la agricultura, la construcción, la hotelería o la salud, y forman parte de la coalición bipartidista ABIC, que reúne a más de 1,700 líderes empresariales en 17 estados. Su mensaje al Congreso es claro: sin vías legales para los trabajadores migrantes, la economía estadounidense simplemente no puede sostenerse.

Bajo el título “Asegurar la mano de obra de EE.UU.”, la misión empresarial busca presionar por la aprobación de la llamada Ley de la Dignidad. Sin embargo, el nombre es una sinrazón cruel. La iniciativa —presentada por la republicana María Elvira Salazar y la demócrata Verónica Escobar— elimina cualquier posibilidad de ciudadanía y ofrece a cambio un estatus temporal de “residencia digna”: una multa de 7,000 dólares, siete años de vigilancia salarial y la cesión obligatoria del 1% del salario al gobierno. No es un camino a la integración, sino a la subordinación legalizada.

En realidad, esta ley no dignifica: institucionaliza la precariedad. Busca regularizar la necesidad económica, no reconocer la humanidad de los migrantes.

Washington intenta resolver un problema estructural —la dependencia del trabajo indocumentado— con una solución contable. Se legaliza la explotación sin asumir la responsabilidad moral de otorgar derechos plenos.

El resultado ya es tangible: obras detenidas, cultivos sin cosechar, cadenas de suministro interrumpidas y precios que siguen subiendo. Las industrias más afectadas —agro, construcción, envasado de alimentos— dependen mayoritariamente de trabajadores migrantes. Su ausencia revela una verdad incómoda: sin migrantes, Estados Unidos se paraliza.

Lo más inquietante es que incluso voces demócratas, como la del senador Rubén Gallego, han comenzado a replicar el discurso restrictivo de la derecha, apostando por reforzar el control fronterizo antes que por una reforma integral. En ambos partidos se impone la misma lógica electoral: aparentar firmeza frente al migrante, aunque el costo sea la parálisis económica.

En este contexto, los empresarios claman por visas, los políticos por votos y los migrantes por sobrevivir. El sueño americano, una vez más, descansa sobre los hombros de quienes no tienen papeles. Lo que está en juego no es solo la fuerza laboral de un país, sino su coherencia moral: una nación que se proclama como tierra de oportunidades, pero que hoy, por decisión propia, se queda sin manos para construir su propio futuro. Así las cosas...

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