Redacción
Mexicali.- Con 21 votos a favor, el Congreso del Estado nombró a Ricardo Iván Carpio Sánchez como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE); fue elegido en la terna que formó con los abogados Rafael Orozco Vargas y Alejandro López Reyes.
En rondas de 20 minutos, cada uno presentó sus planes de trabajo, experiencia laboral y estrategias a aplicar; luego los diputados les realizaron entrevistas en materia de procuración de justicia, combate a la delincuencia, igualdad procesal: investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, reparación del daño a víctimas, así como coordinación entre instituciones, violencia de género, combate a la corrupción, unidades especializadas, búsqueda de personas y justicia transicional. Iván Carpio Sánchez obtuvo 21 votos de diputados; luego se le expidió el nombramiento correspondiente para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, por el término de seis años, contados a partir del día de su designación. Previamente fue avalado -con 22 votos, 3 en contra y cero abstenciones- el dictamen número 24 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales -que preside el diputado Juan Manuel Molina García- referente a la elegibilidad e idoneidad para ocupar el cargo de Ricardo Iván Carpio Sánchez, Rafael Orozco Vargas y Alejandro López Reyes. El Congreso informó que de conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política del Estado, la Fiscalía General del Estado será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, que tendrá a su cargo, la investigación y persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal. Como parte de la sesión del martes, María Alejandra Basaldúa también rindió protesta como comisionada estatal de Atención Integral a Víctimas; la funcionaria fue designada de manera unánime por el Congreso en la sesión ordinaria del pasado 13 de enero. La Comisión Ejecutiva Estatal es el órgano operativo del Sistema Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica y de gestión, integrante del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, encargada de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos fundamentales cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o por un particular que ejerza funciones públicas.