Congreso acude a SCJN para evitar indemnizaciones millonarias a magistrados electorales

Redacción

Tijuana, 27 de junio de 2025.- El Congreso bajacaliforniano recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar el pago de indemnizaciones millonarias para magistrados electorales, como establece un decreto sobre condiciones de trabajo para el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, informó el diputado Juan Manuel Molina.

El legislador morenista informó que la Legislatura local presentó una controversia constitucional ante la SCJN, luego de que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechara una impugnación que se presentó previamente, con el argumento de que "no es materia electoral y que precluyó el derecho", según relató Molina García, quien añadió que esta determinación no implica extemporaneidad, como sí ocurrió en un caso anterior, lo cual consideró un dato relevante.

Desde una óptica jurídica, sostuvo que presentar el recurso fue indispensable, pues no intentar un recurso es el peor error que puede cometer cualquier persona, abogada o abogado, y subrayó que esta cadena de impugnación ha permitido avanzar en la clarificación del asunto.

Asimismo, recordó que existe jurisprudencia del propio TEPJF, emitida en 2023, en la que se reconoce la posibilidad de analizar si un funcionario electoral es considerado trabajador y, por ende, si tiene derecho a una indemnización. En ese contexto, interpretó que la resolución reciente podría implicar que los magistrados no son considerados trabajadores formales, sino la parte patronal, lo que los dejaría sin ese derecho.

"El Congreso del Estado ya presentó la controversia constitucional, porque esta decisión toca una esfera de atribuciones exclusiva del Poder Legislativo, como es la autorización del ejercicio de recursos públicos", afirmó.

La demanda fue elaborada por la Consultoría Legislativa y el Departamento Jurídico del Congreso, con base en la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional y las reformas recientes, que permiten a los órganos del Estado impugnar decisiones de otros entes autónomos cuando se invade su competencia o se afecta la legalidad presupuestal.

Juan Manuel Molina también señaló que las y los diputados de la XXV Legislatura han recibido un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía ante la pretensión de entregar indemnizaciones millonarias sin sustento legal ni presupuestal por parte de las magistraturas electorales; "se trata de más de 4 o 5 millones de pesos que se pretendían entregar sin viabilidad presupuestal y sin que el Congreso del Estado autorizara ese gasto", advirtió.