Redacción
Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió cuatro recomendaciones, dirigidas a autoridades estatales y municipales de Tijuana y Ensenada, informó Álvaro Ochoa, ombudsperson en la Entidad.
La primera recomendación, 01/2024, fue dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE), por la vulneración de los derechos a la libertad e integridad personal por la detención ilegal y tortura perjuicio de una víctima en Mexicali, durante hechos ocurridos el 16 de julio de 2008, cuando V fue privado de la libertad por elementos de la Policía Ministerial y Municipal, y, posteriormente, agentes ministeriales ejercieron violencia física y psicológica hasta que firmó una declaración ministerial en la que se le imputaba el delito de delincuencia organizada.
El 14 de junio de 2018, la víctima interpuso una queja ante la CEDHBC y el 8 de julio de 2020 el Poder Judicial de la Federación ordenó su inmediata libertad.
Por otro lado, la Recomendación 02/2024 fue dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, derivada de la tortura ejercida en contra de una víctima por parte de dos agentes municipales que en noviembre de 2023 tenían retenida a una persona, cuando uno de ellos le disparó en 21 ocasiones con una pistola de aire comprimido, ocho de ellas en la cabeza.
Ochoa Orduño añadió que la Recomendación 03/2024 está dirigida al Ayuntamiento de Tijuana, específicamente a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, por la vulneración del derecho a la vida con relación al derecho a la ciudad en perjuicio de ocho víctimas. Dicha investigación se llevó a cabo a partir de tres expedientes que están relacionados con las vulneraciones a las buenas prácticas de la administración pública, por omisiones adscritas a la Dirección de Administración Urbana y a la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal de Tijuana.
En cuanto a la Recomendación 04/2024, explicó que se dirige al Ayuntamiento de Ensenada, específicamente a su Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y a la Dirección de Bienestar Social, por hechos en los que se vulneró el derecho a la legalidad y seguridad jurídica con relación al derecho a la vida, la integridad personal y la salud de tres víctimas, privados de la libertad en las instalaciones de las estancias preventivas de la DSPM.