Buscan fortalecer derecho a una vivienda digna y adecuada

Redacción

Tijuana, 7 de octubre de 2026.- El acceso a servicios públicos, seguridad jurídica y habitabilidad son algunos de los elementos que se considerarán entre los criterios para determinar si una vivienda es digna y adecuada, luego de que el Congreso bajacaliforniano aprobara, en sesión ordinaria, reformar la Constitución Política de Baja California para fortalecer el derecho de todas las personas a acceder y disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

La iniciativa que originó la modificación fue presentada por el diputado Jaime Cantón, y posteriormente dictaminada por la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y busca incorporar a la Constitución elementos que definen una vivienda adecuada, como habitabilidad, acceso a servicios públicos, ubicación, seguridad jurídica y pertinencia cultural, en concordancia con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

De acuerdo con el legislador inicialista, la reforma obedece a la necesidad de actualizar el marco constitucional ante los retos que enfrenta Baja California en materia de vivienda, para pasar de un esquema centrado en promover instrumentos a uno que reconozca con mayor claridad las responsabilidades y facultades del Estado para atender esta demanda social.

Como parte del diagnóstico, en el Programa Estatal de Vivienda de Baja California 2022-2027 se reconoce un rezago habitacional del 42%, situación que evidencia la necesidad de generar condiciones para ampliar el acceso a una vivienda adecuada, principalmente para mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.

Con la reforma aprobada, las políticas públicas en la materia deberán considerar de manera prioritaria a las personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a estos grupos de la población; además se establece que el Estado deberá contar con mecanismos para impedir la especulación del suelo y la vivienda cuando ésta afecte el interés público.

El nuevo marco constitucional también reconoce el derecho de toda persona a adquirir una vivienda adecuada, por lo que el Estado y los municipios deberán impulsar instrumentos, políticas públicas y apoyos relacionados con el diseño, inversión, construcción, rehabilitación, conservación, financiamiento y adquisición de vivienda.

Estas acciones contemplan la participación de los sectores privado y social, con el propósito de ampliar las alternativas para atender las necesidades habitacionales de la población y favorecer viviendas ubicadas en zonas con infraestructura, servicios, accesibilidad y condiciones para una movilidad urbana sustentable.