Redacción
Tijuana.- Ante el incremento en la incidencia del delito de extorsión, que afecta al sector privado e impide la competitividad, crecimiento y desarrollo económico de Baja California, poniendo además en riesgo a la clientela de los establecimientos que lo sufren, la diputada Araceli Geraldo presentó la iniciativa para adicionar la fracción VIII del artículo 224 BIS del Código penal de la entidad.
Con su propuesta, la legisladora plantea endurecer el castigo y “sancionar hasta con una mitad más de la pena, al sujeto activo del delito de extorsión, cuando el sujeto pasivo del delito sea dueño, socio o trabajador de un establecimiento comercial, industrial, de prestación de servicios o centro laboral”.
Geraldo Núñez explicó que tanto los organismos de seguridad como la ciudadanía han notado el incremento en los casos de extorsión durante los últimos años. “Las organizaciones criminales aprovechan la violencia creada por su misma guerra, para vender una supuesta protección a los comerciantes, a clientes, etc., que más que consolar, inquieta por las amenazas de ocasionar daño, físico o material, si no pagan cierto monto”, expuso.
Destacó que el delito transgrede principalmente uno de los bienes jurídicos más importantes de las personas, es decir, su derecho fundamental al patrimonio, pues las víctimas de extorsión son obligadas a realizar un pago o una contraprestación al sujeto activo de la conducta. Por ello, dijo, es necesario fortalecer y robustecer el Código Penal de forma que se establezca una protección especial a la comunidad empresarial bajacaliforniana.
“Nuestro compromiso como legisladores es atender las demandas que nuestros representados manifiestan; por ello, atender los delitos de extorsión, desde las instituciones públicas correspondientes y con el marco normativo adecuado”, afirmó.