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  • Foto del escritorCicuta News

Avanza consulta sobre educación entre personas con discapacidad

Redacción

Tijuana.- Argumentando que no se puede “hablar de leyes justas y humanas, cuando no han sido escuchados los principales actores de las reformas", se realizó una consulta entre personas con discapacidad en la Secundaria No. 25 de Tijuana, con vistas a reformar la ley de educación en el Estado. La diputada Gloria Miramontes Plantillas, presidenta de la Comisión por los Derechos de los Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Niñez, agradeció la cooperación de las personas que participaron para legitimar las reformas que buscan una educación inclusiva.


Agregó que se marca un precedente con estas mesas de trabajo, que permitirán desarrollar las preguntas detonadoras que a su vez darán paso hacia una reforma inclusiva, justa, sensible, empática y sobre todo humana. En el presídium del acto protocolario de inicio, estuvieron también las diputadas Dunnia Murillo, presidenta de la Mesa de Trabajo para la realización de la Consultas de Personas con Discapacidad y Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California; Evelyn Sánchez y Julia González, así como Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California.


Por su parte, la legisladora Murillo López recordó que el plazo para entregar el resultado de la consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el próximo 23 de febrero, “y será entonces cuando ustedes (los participantes) lo verán plasmado en papel, y podrán decir que lo que estará escrito fueron parte de su ideas y necesidades que vinieron hoy a Tijuana a presentar a sus moderadores y las personas que los acompañaron en estas Mesas de Trabajo”.


En la consulta se contó con el apoyo del intérprete en lengua de señas Alan Anaya, así como con la participación de docentes, madres y padres de familia, tutores, representantes de asociaciones civiles, autoridades del DIF Estatal y de la Secretaría de Inclusión. Además, personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y del Instituto Estatal Electoral, ambos de Baja California, quienes fungieron como observadores y garantes del proceso de esta consulta.

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