Alerta paisano con esos malditos estafadores

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 05 de septiembre de 2025.- Para acercar un plato de comida a sus familias, mejorar, en lo posible la vida de esos seres queridos, no importa lo que tengan que pasar, ellos pueden estar entre el filo de la esperanza y la estafa.

La historia de Roberta, migrante varada en Tijuana, desnuda un fenómeno que se ha vuelto una constante en México. La red de estafadores que usó el nombre de Asylum Access para ofrecer visas falsas hacia Canadá no solo muestra el ingenio perverso de los defraudadores, sino también la ausencia de una política migratoria integral que proteja no solo a nuestros y a las personas en tránsito que, igualmente buscar pasar al otro lado en busca de oportunidades laborales.

Pero vayamos mas allá. El fraude no ocurre en el vacío. La llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca en enero de 2025 y el endurecimiento de su agenda anti migrante han trastocado los planes de miles de personas que esperaban su cita de asilo mediante la aplicación CBP One.

Ante la incertidumbre, comenzaron a proliferar ofertas engañosas que prometen soluciones inmediatas. México, como país receptor y de tránsito, se convirtió en un mercado fértil para las redes de estafadores que operan con conocimiento detallado de la desesperación migrante.

Lo que resulta más inquietante es que los estafadores parecían tener acceso a datos personales de las personas migrantes.

La sospecha de que registros sensibles, incluso de instituciones mexicanas como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), puedan ser filtrados o mal administrados abre la puerta a un debate sobre la seguridad de la información y la corresponsabilidad del Estado.

¿Cómo explicar que una migrante que había realizado trámites oficiales reciba una llamada personalizada con ofertas fraudulentas?

El caso de Tijuana también refleja una paradoja: mientras el discurso oficial presume una “gestión humanitaria” de la migración, en el terreno, los vacíos institucionales permiten la proliferación de negocios ilegales que comercian con la esperanza de quienes huyen de la violencia, la pobreza o el cambio climático. Ni el Instituto Nacional de Migración (INM), ni la Secretaría de Gobernación, ni las fiscalías estatales han articulado un sistema efectivo de prevención y persecución de este tipo de fraudes.

México ha asumido un papel ambivalente: por un lado, funge como muro de contención de las políticas estadounidenses; por otro, carece de los mecanismos de protección y acompañamiento que deberían blindar a quienes se encuentran atrapados en ciudades fronterizas o de tránsito como Monterrey. En este escenario, organizaciones civiles como Asylum Access cumplen un papel crucial, pero se ven vulneradas al ser suplantadas por redes criminales que explotan su credibilidad.

Lo que está en juego no es solo la pérdida económica de quienes caen en la trampa. Es la erosión de la confianza en las pocas instancias que ofrecen acompañamiento real, es la reproducción del miedo y la precariedad, y es la consolidación de México como tierra fértil para la estafa migratoria.

Roberta tuvo la fortuna de verificar la información y descubrir el engaño. Otros no corren la misma suerte. El fraude migratorio, en cualquiera de sus modalidades, debe dejar de ser visto como un asunto marginal y pasar a ser considerado una violación grave de derechos humanos que amerita respuesta coordinada entre autoridades, sociedad civil y organismos internacionales. De lo contrario, seguiremos presenciando cómo la esperanza de miles de migrantes se convierte en moneda de cambio para redes sin escrúpulos que operan a la vista de todos.

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