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Redacción Tijuana, 20 de julio de 2026.- La empresa Ingemar, la empresa del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, es responsable de "huachicol" fiscal a través de los dos mecanismos en que se puede ejecutar, afirmó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la conferencia matutina de hoy, la mandataria insistió en que la investigación que derivó en la aprehensión y posterior imposición de prisión preventiva para el también exlegislador, se ha trabajado durante un año y se continúa indagando los hechos, para determinar cuántas veces habían importado combustible de forma irregular, "y también a dónde lo venden". Asimismo, Sheinbaum Pardo explicó que el llamado "huachicol" fiscal implica la importación de una cantidad mayor de combustible a la declarada para pagar menos impuestos, o bien, introducir combustible afirmando que se trata de otro producto, para evitar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En ambos casos, agregó, "tiene que haber acuerdo con los agentes aduanales porque son a través de los cuales se da el permiso", y apuntó que Ingemar "importaba de las dos maneras, con las dos irregularidades: reportando menos o reportando que traía otro producto que no era combustible". El exgobernador, junto a su socio en la empresa, Ricardo Thompson, y seis personas más, presuntamente relacionadas con el delito de delincuencia organizada y contrabando, recibieron el domingo la medida de prisión preventiva, por lo que Ruffo Appel fue trasladado desde ayer al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México 20 de julio de 2026.- Hay tragedias que, por su repetición, corren el riesgo de convertirse en rutina. Es el peligro más perverso de las cifras: anestesiar la conciencia colectiva hasta volver aceptable lo que jamás debería serlo. Pero detrás de cada migrante muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) hay una historia interrumpida, una familia devastada y una deuda moral que ninguna estadística puede saldar. Desde 2018, al menos 27 personas mexicanas han perdido la vida en circunstancias vinculadas con el sistema migratorio estadounidense. Lo verdaderamente alarmante es que la situación se ha agravado de manera dramática durante 2025: diecisiete connacionales han muerto en apenas unos meses, catorce dentro de centros de detención y tres más durante operativos migratorios. No son números fríos ni daños colaterales inevitables de una política pública. Son vidas humanas truncadas en un sistema que, cada vez con mayor frecuencia, parece haber sustituido la protección de los derechos fundamentales por la lógica del castigo y la persecución. La discusión de fondo va mucho más allá de las cifras. Lo que estas muertes exhiben es el endurecimiento de una política migratoria que, en nombre de la seguridad nacional, ha normalizado la detención prolongada, la militarización de las fronteras y la criminalización de quienes buscan una oportunidad para sobrevivir. La retórica política que presenta a los migrantes como una amenaza ha terminado por construir un ambiente donde la violencia institucional encuentra terreno fértil para reproducirse. Resulta profundamente contradictorio que miles de trabajadores mexicanos sean indispensables para la agricultura, la construcción, los servicios, el transporte y el cuidado de millones de familias estadounidenses, mientras las mismas estructuras gubernamentales que se benefician de su trabajo los colocan en condiciones de vulnerabilidad extrema. Estados Unidos depende de la fuerza laboral migrante, pero una parte de su aparato político insiste en tratarla como un problema que debe contenerse a cualquier costo. Ningún documento migratorio define el valor de una vida. La dignidad humana no puede quedar suspendida en una celda ni condicionada por un trámite administrativo. Ninguna deportación pendiente, ninguna irregularidad migratoria y ninguna frontera justifican el abuso, la negligencia médica, el uso excesivo de la fuerza o la muerte bajo custodia del Estado. Las #OrganizacionesMigranteMexicanas han comenzado a levantar la voz frente a esta realidad. Diversos colectivos, entre ellos @FuerzaMigrante , la Red Jesuita con Migrantes y agrupaciones comunitarias establecidas en California, Texas, Illinois y Nueva York, han exigido investigaciones independientes, transparencia en los protocolos de detención y el fortalecimiento inmediato de la protección consular. Han insistido, además, en que las personas migrantes no pueden seguir siendo reducidas a expedientes administrativos ni utilizadas como piezas de una estrategia electoral basada en el miedo. Su reclamo no es menor. Durante décadas, las comunidades mexicanas en el exterior han sostenido sectores enteros de la economía estadounidense y, al mismo tiempo, han contribuido decisivamente al desarrollo de México mediante remesas, inversiones comunitarias y redes familiares que mantienen unido el tejido social de miles de municipios. Sin embargo, cuando uno de ellos muere en una estación migratoria, el reconocimiento económico desaparece y emerge una dolorosa realidad: para muchos gobiernos, los migrantes son indispensables para producir riqueza, pero prescindibles cuando se trata de garantizarles derechos. En ese contexto, la reciente reunión del embajador de México en Estados Unidos, Roberto Velasco Álvarez, con autoridades del ICE representa una acción necesaria, aunque insuficiente. El gobierno mexicano tiene la obligación de exigir respuestas claras sobre cada fallecimiento, garantizar el acceso inmediato a la asistencia consular, acompañar jurídicamente a las familias y demandar investigaciones imparciales y transparentes. Pero la diplomacia, por sí sola, no basta. La relación bilateral entre México y Estados Unidos no puede limitarse al intercambio comercial, a las negociaciones energéticas o a los acuerdos de seguridad mientras decenas de mexicanos continúan muriendo bajo custodia. Sígueme en mis redes sociales: @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542

Por Víctor M Aviña Alva Tijuana BC 20 de julio del 2026.- Seguramente cuando piensas en el campo y la agricultura, imaginas amplios valles verdes, tractores bajo el sol y horizontes interminables lejos del ruido de las grandes metrópolis. Durante siglos, la producción de nuestros alimentos ha funcionado bajo esa misma lógica de espacio y distancia, lo que implica transportar frutas y verduras a lo largo de cientos de kilómetros antes de que lleguen a la mesa de tu hogar. Sin embargo, la sobrepoblación y la falta de tierras fértiles están obligando a las ciudades a replantearse la manera en que se alimentan. La tecnología ha hecho posible una idea que antes parecía reservada para películas de ciencia ficción: Convertir los edificios y rascacielos del centro urbano en enormes campos de cultivo verticales. En este artículo, platicaremos de forma muy cercana sobre cómo la agricultura urbana en rascacielos está revolucionando la producción de alimentos, ofreciéndote comida fresca, limpia y producida a solo unos minutos de tu casa. Granjas verticales e inteligencia artificial: Cómo los edificios producen alimento Para que logres visualizar esta transformación, imagina entrar a un edificio de veinte pisos donde no hay oficinas ni departamentos, sino hileras infinitas de lechugas, fresas y tomates creciendo en torres iluminadas por luces led de alta eficiencia. Funcionamiento: En estos entornos totalmente controlados, las plantas no necesitan tierra para prosperar, sino que utilizan sistemas de hidroponía o aeroponía que pulverizan agua enriquecida con minerales directamente en las raíces. Sensores de inteligencia artificial monitorean constantemente la temperatura, la humedad y la iluminación, asegurando que cada cultivo reciba la dosis exacta de nutrientes que necesita en cada segundo de su desarrollo. Lo más fascinante de este método es su capacidad para independizarse del clima exterior. Protección: Como todo ocurre dentro de un ambiente sellado y automatizado, las tormentas, las sequías o las plagas no afectan la producción, lo que permite cosechar los doce meses del año de forma ininterrumpida. Además, este sistema elimina la necesidad de usar pesticidas químicos y reduce el uso de agua en hasta un noventa y cinco por ciento en comparación con el campo tradicional, regalándote alimentos mucho más frescos y amigables con el medio ambiente. El impacto de la siembra vertical: Cifras de una ciudad sustentable Si te genera curiosidad saber qué tan rápido se está expandiendo esta tendencia en las grandes capitales del mundo, las estadísticas económicas confirman que la agricultura vertical se perfila como una industria gigantesca. De acuerdo con el reporte de la consultora internacional Grand View Research (2025), se calcula que el mercado mundial de agricultura vertical alcanzará una valoración de 25,000 millones de dólares para el año 2030: Este crecimiento acelerado está impulsado por la necesidad urgente de alimentar a poblaciones urbanas cada vez más densas sin destruir los ecosistemas naturales (Grand View Research, 2025). Por otra parte, los beneficios ecológicos y logísticos de esta tecnología son abrumadores y fáciles de entender. Según datos estadísticos publicados por la plataforma Statista (2026), cultivar alimentos dentro de rascacielos urbanos reduce las emisiones de carbono asociadas al transporte de comida en un 70% en comparación con la distribución agrícola convencional: Esto evita miles de viajes en camión cada día (Statista, 2026). Asimismo, una investigación de la Food and Agriculture Organization (2025) destaca que un solo acre de granja vertical en un edificio puede producir el equivalente a 10 acres de campo abierto, probando que la innovación espacial es la clave para la seguridad alimentaria del futuro (FAO, 2025). Finalizando En conclusión, el futuro de la agricultura urbana con tecnología nos demuestra que la innovación puede devolverle la naturaleza y la autosuficiencia a las ciudades de concreto. Al integrar rascacielos inteligentes, luz led y robótica para cultivar alimentos a unos cuantos pasos de tu hogar, construimos un modelo mucho más justo, ecológico y sostenible para todos. Es verdaderamente inspirador saber que las grandes metrópolis del mañana no solo serán centros de tecnología y finanzas, sino también pulmones verdes capaces de nutrir a sus habitantes sin dañar al planeta. La transformación más valiosa siempre será aquella que protege nuestro bienestar esencial, recordándote que el futuro de la alimentación no está en buscar más tierra a lo lejos, sino en mirar hacia arriba y sembrar en las alturas.

Cicuta Jaime Flores Martínez Pito Lunes 20 de julio del 2026.-Evidenciada su incapacidad como fiscal general de Justicia de Baja California, está claro que a la señora María Elena Andrade “le vale verdura” que las críticas sobre ella se multipliquen. ¡Al cabo que su amiga la gobernadora la defiende! Por lo visto, ni siquiera fue capaz de asesorar a la gobernadora Marina del Pilar en el escándalo de las grabaciones atribuidas al exgobernador Jaime Bonilla Valdez. Y es que —seguramente— a doña María Elena le importa un pito someterse al desgaste de su cargo. La señora Andrade suplió en agosto del 2023 al tristemente célebre Ricardo Carpio Sánchez y desde entonces se ha dedicado a asistir al salón de belleza, aunque ahí no han hecho mucho. En lugar de poner orden en la dependencia, esta mujer habilita argumentos de justificación. Por ejemplo, la mañana del pasado 24 de junio la señora Andrade buscó lavarse las manos en un asunto que evidencia la podredumbre de la dependencia a su cargo. En esa ocasión, la fiscal Andrade refirió que solicitará al Poder Judicial que revise la actuación de la juez de control Karla Violeta Fierro, quien otorgó la libertad condicional a un sujeto ubicado como el responsable de asesinar a su pareja. La juez Fierro dejó en libertad a un veracruzano identificado como Gustavo, quien fue señalado por su pareja Eréndira Bojórquez de agredirla. A pesar de lo sólido de las acusaciones la impartidora de justicia solamente le impuso medidas cautelares y lo dejó en libertad en abril pasado. El escándalo reventó al conocerse la tragedia, pues la joven Eréndira fue estrangulada en su domicilio al Oriente de Mexicali. Aunque todo apunta que el responsable del feminicidio es Gustavo, la autoridad se ha limitado a señalar que está prófugo. Y mientras la sociedad padece altísimos niveles de inseguridad, doña María Elena duerme serena porque la resguardan decena y media de escoltas oficiales y medio centenar de “no oficiales”. Pleito Los ciudadanos comunes intercambian miradas de desconcierto al observar el pleito entre la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila y el exgobernador Jaime Bonilla. No saben a quién creerle. Cada una de las partes ofrece sus argumentos y responsabiliza al de enfrente y sus consideraciones están sustentadas. Así pues, mucha gente es presa del desconcierto. Positivo Qué bueno que —para bien del mundo— concluyó sin incidentes mayores el Campeonato Mundial de Futbol. Y es que hubo quien predijo que ocurrirían eventos terribles durante el desarrollo del evento, especialmente por el conflicto existente entre Estados Unidos e Irán. Qué bueno que tampoco en México se registraron eventos lamentables. La expectativa inicial es que integrantes de la CNTE boicotearían el desarrollo del evento. Y aunque el deceso de tres mexicanos se registró durante los festejos, en términos generales el saldo es positivo. ¡Hasta dentro de 4 años! Cicuta News.com Cicuta.com.mx Twitter: @cicutabc Facebook: cicuta YouTube: jaime cicuta columna Instagram: jaime flores cicuta TikTok: cicuta.news

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México 19 Julio 2026.- La discusión sobre la Diputación Migrante no se limita a una reforma legislativa ni a una disputa técnica sobre normas electorales. Lo que está en juego es mucho más profundo: la voluntad política del Estado mexicano para reconocer que la nación no termina en la línea fronteriza y que millones de connacionales en el extranjero tienen derecho no solo a ser escuchados, sino también a participar activamente en las decisiones que afectan su presente y su futuro. Por mucho tiempo, México ha sostenido una relación contradictoria con su diáspora. Por un lado, el discurso oficial reivindica el esfuerzo de quienes cruzaron la frontera, celebra sus contribuciones económicas y exalta el vínculo afectivo que mantienen con sus comunidades de origen. Por otro, cuando llega el momento de abrir espacios reales de decisión y compartir el poder político, aparecen las reservas, las ambigüedades jurídicas y las resistencias institucionales. El Estado mexicano ha encontrado en los migrantes una fuente permanente de legitimidad económica y moral, pero no necesariamente un interlocutor político con capacidad efectiva de incidencia. Año tras año, las remesas sostienen la economía de miles de familias, fortalecen el consumo interno y funcionan como un salvavidas para regiones enteras donde el desarrollo sigue siendo insuficiente. Sin embargo, el reconocimiento a quienes sostienen buena parte del tejido social del país rara vez se traduce en mecanismos sólidos de representación política. Por eso, el debate sobre la Diputación Migrante trasciende cualquier modificación legal específica. La pregunta de fondo es si la clase política mexicana está dispuesta a asumir una realidad que hace tiempo dejó de ser simbólica: México también se construye en Los Ángeles, Chicago, Houston, Nueva York y en cientos de ciudades donde millones de connacionales trabajan, forman familias y mantienen vivo su compromiso con la nación. Lo preocupante es que, detrás de conceptos aparentemente incuestionables como “fortalecimiento institucional”, “certeza jurídica” o “modernización democrática”, podría esconderse una representación más débil y vulnerable. El riesgo es que, en nombre del orden normativo, se perpetúe la incertidumbre; que bajo el discurso de la inclusión sobreviva la vieja tentación de convertir a los migrantes en protagonistas del relato nacional, pero no del ejercicio del poder. Las #OrganizacionesMigrantes han sido contundentes en este punto: los derechos conquistados tras décadas de lucha no pueden depender de interpretaciones ambiguas ni de la voluntad política del gobierno en turno. La experiencia les ha enseñado que toda conquista democrática que carece de garantías legales firmes está expuesta al retroceso. Y ése es precisamente el núcleo del debate actual. La inclusión auténtica no se mide por el número de veces que la palabra “migrante” aparece en una iniciativa de ley ni por los homenajes que se multiplican cada vez que se habla del aporte económico de la diáspora. Se mide por la capacidad real que tienen millones de mexicanos en el exterior para influir en las decisiones públicas, participar en la definición de políticas y defender sus intereses dentro de las instituciones del Estado. Durante décadas, la narrativa política ha exaltado el sacrificio de quienes abandonaron su tierra para buscar oportunidades lejos de casa. Se les reconoce como héroes, como embajadores culturales y como pilares de la economía nacional. Pero existe una diferencia sustancial entre el reconocimiento y el poder. El primero puede expresarse en discursos y ceremonias; el segundo exige reformas profundas, voluntad política y el compromiso de compartir espacios de decisión. La clase política mexicana enfrenta una prueba de congruencia histórica. No basta con agradecer las remesas ni celebrar la fortaleza de la comunidad migrante. Tampoco es suficiente invocar la unidad nacional mientras se mantienen estructuras que limitan la participación efectiva de quienes viven fuera del país. Reconocer plenamente a la diáspora implica aceptar que la ciudadanía no se extingue al cruzar una frontera y que los derechos políticos no pueden quedar condicionados por la distancia geográfica. México presume, con razón, la grandeza de su comunidad migrante. Sin embargo, esa narrativa pierde legitimidad cuando no se acompaña de mecanismos de representación robustos, permanentes y protegidos por la ley. La democracia no puede considerarse completa mientras millones de mexicanos continúen ocupando un lugar secundario en las decisiones que moldean el futuro nacional. Para organizaciones binacionales como @FuerzaMigrante Después de décadas de movilización y de lucha, la comunidad migrante ya no reclama homenajes ni reconocimientos simbólicos. Exige algo mucho más elemental y mucho más trascendente: garantías jurídicas, representación efectiva y poder político. Sígueme en mis redes sociales: @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542

Redacción Tijuana, 18 de julio de 2026.- El presidente municipal Abdiel Gutiérrez firmó, junto al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California (SUTSPEMIDBC), José Gutiérrez, las Condiciones Generales de Trabajo 2026. En un acto que tuvo el fin de formalizar los acuerdos que rigen la relación laboral entre el XXV Ayuntamiento y la organización sindical, ambas partes refrendaron su disposición de mantener una relación institucional basada en el diálogo, el respeto y la colaboración, y garantizar la certeza laboral de las y los trabajadores municipales sindicalizados. Durante el encuentro, el Alcalde destacó que cuando el diálogo se desarrolla con respeto, apertura y voluntad, es posible construir acuerdos que beneficien a todas y todos: “Reconozco la disposición del secretario general del SUTSPEMIDBC, por mantener una comunicación permanente con la administración municipal para atender las inquietudes y necesidades de las y los trabajadores basificados”, apuntó, y agradeció su labor a las y los integrantes del sindicato, así como de las dependencias involucradas en este proceso. Por su parte, el secretario de Gobierno Municipal, Ramón Vázquez, agregó que el acuerdo refleja la voluntad y el entendimiento entre el Municipio y el Sindicato, privilegiando siempre el respeto y la comunicación como base para la construcción de acuerdos. En tanto, Gutiérrez Peredia agradeció la disposición mostrada por el Gobierno municipal para concretar este acuerdo en beneficio de las y los trabajadores se desempeñan en sus distintas áreas. Asimismo, resaltó que la buena relación entre el Ayuntamiento y el organismo permitirá impulsar proyectos conjuntos en beneficio de la base trabajadora, fortaleciendo una dinámica de respeto y trabajo coordinado.

Redacción Tijuana, 18 de julio de 2026.- Los servicios gratuitos de mastografía para detectar oportunamente el cáncer de mama están disponibles durante todo el año en Baja California, y no únicamente en octubre, recordó el secretario de Salud, Adrián Medina, quien invitó a las mujeres del Estado a aprovechar la oportunidad. El titular de la Secretaría de Salud de la entidad detalló que durante 2025 se realizaron 14 mil 76 mastografías gratuitas, y en lo que va del 2026 ya se han efectuado 2 mil 45 estudios, lo que refleja el compromiso de las instituciones de salud con la prevención y el cuidado de la mujer. "El cáncer de mama puede ser curable si se detecta a tiempo; por ello, se invita a la población femenina a realizar acciones preventivas de manera constante y acudir a revisión médica sin esperar a presentar molestias", instó, y recordó que entre las recomendaciones para procurar la salud, se cuenta que a partir de los 20 años, las mujeres practiquen la autoexploración mamaria una vez al mes. Desde los 25 años, deben acudir anualmente a su unidad de salud para solicitar el examen clínico mamario. Asimismo, entre los 40 y 69 años de edad, se sugiere realizarse una mastografía cada dos años, en caso de no contar con antecedentes familiares de la enfermedad. Entre los signos de alarma se encuentran secreción anormal por el pezón, cambios en la piel con apariencia de "cáscara de naranja", hundimientos, asimetría en las mamas, crecimiento visible de venas, enrojecimiento o sensación de ardor. Ante cualquiera de estos síntomas, es importante acudir de inmediato a revisión médica. También existen factores de riesgo como tener más de 40 años, obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol o tabaco, inicio temprano de la menstruación, menopausia tardía, no haber tenido embarazos o haber tenido el primero después de los 30 años. El servicio de mastografía se ofrece en los Hospitales Generales de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, así como en los Hospitales Materno Infantil de Mexicali y Tijuana. Además, se cuenta con un mastógrafo móvil en Vicente Guerrero y las Caravanas de Salud acercan este servicio a comunidades vulnerables del estado. Las citas para mastografía, así como mayor información, pueden requerirse en Mexicali a través del número 686 554 3138 y 686 554 5144, o vía WhatsApp en el número 686 164 2274. En Tijuana, está disponible el número 664 688 3804 ext. 2149 y 2150. En Ensenada puede llamar al 646 17867 30 o al 646 178 0988 y en Vicente Guerrero al 616 166 3956 ext. 6107.

Jaime Flores Martínez Sábado 18 de julio del 2026.- La detención del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel por presunto tráfico ilegal de combustibles y delincuencia organizada, abrió la puerta a toda clase de especulaciones. La más llamativa de estas comenzó a circular hoy sábado donde se refiere una presunta relación de negocios entre Ruffo y Carlis Torres Torres, exesposo de la actual gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda. Sin embargo, hasta el momento nadie ha presentado una sola prueba. Ni la Fiscalía General de la República, ni el Registro Público de Comercio, ni los documentos judiciales difundidos hasta este momento ubican a Carlos Torres Torres dentro de la investigación que derivó en la captura del exmandatario bajacaliforniano. La carpeta conocida públicamente gira alrededor de la empresa INGEMAR y de una presunta red de contrabando de combustibles. En política, los rumores suelen viajar más rápido que los expedientes. Basta un mensaje en redes sociales para construir culpables por asociación. La lógica resulta sencilla: si dos personajes pertenecen al mismo ecosistema político o empresarial, entonces alguien concluye que también comparten responsabilidades penales y —en todo caso— esa conclusión carece de sustento jurídico. Aún con esto, eso no significa que las preguntas sobren. Si acaso existió algún vínculo comercial entre Ruffo y Carlos Torres, entonces deberá acreditarse con actas constitutivas, participaciones accionarias, contratos o documentos oficiales. En caso de no existir esos elementos, la versión permanecerá en el terreno de la especulación. La detención de Ruffo representa, por sí sola, uno de los episodios políticos más relevantes del año. El primer gobernador de oposición en la historia moderna de México enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y contrabando de combustible dentro de una investigación que, según el gobierno federal, comenzó hace más de un año y contempla nuevas órdenes de aprehensión.

Redacción Tijuana, 18 de julio de 2026.- Con la recolección de más de 52 toneladas de basura pesada, y acciones como poda de árboles y aplicación de pintura en paredes de espacios públicos, la más reciente jornada del programa "Tijuana: Ciudad limpia" benefició a más de 8 mil 500 personas de tres delegaciones. Las acciones efectuadas el viernes incluyeron el retiro de 5 toneladas de basura y escombro, la poda de 18 árboles y palmeras, así como el pintado de 350 metros cuadrados de paredes, en las inmediaciones del Parque El Mirador, en la colonia Natura, de la delegación La Presa Este, impactando positivamente a más de 3 mil 500 personas. Por otra parte, en la calle Montes de Oca, de la colonia Villa Fontana, en la delegación La Presa Abelardo L. Rodríguez, se recolectaron más de 45 toneladas de basura, acciones que mejoraron las condiciones de la zona en beneficio de más de 3 mil habitantes. Posteriormente, en la avenida Paseo del Guaycura, de la delegación Cerro Colorado, se rehabilitaron 2 mil 800 metros cuadrados; además, se realizó la poda de 20 árboles y palmeras, y se retiraron 2 toneladas de basura, fortaleciendo el cuidado de las áreas verdes y beneficiando a 2 mil personas. Las actividades fueron supervisadas por el delegado de La Presa Este, Joaquín Sandoval Chávez; la encargada de despacho de La Presa Abelardo L. Rodríguez, María Rocío González López; la delegada de Cerro Colorado, Rosa García Zamarripa; así como por personal de Obras Públicas, Sindicatura Procuradora y ciudadanía beneficiada. El XXV Ayuntamiento de Tijuana invita a la ciudadanía a sumarse al cuidado de su entorno, evitando arrojar basura en la vía pública y participando en la construcción de una ciudad más limpia y segura para todas y todos.

Redacción Tijuana, 18 de julio de 2026.- México ya comunicó por la vía diplomática a Estados Unidos sus preocupaciones en torno a los 18 connacionales muertos bajo custodia o en operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), afirmó la embajada mexicana en el vecino país el viernes, luego de que el Departamento de Estado (DOS) informó que devolvió a México una carta de "cese y desistimiento" relacionada con el asunto. Ayer, el DOS anunció que Michael Kozak, titular de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, devolvió a México una carta que envió a inicios de la semana a la empresa privada encargada del centro de detención del ICE en Adelanto, California, donde han fallecido cuatro mexicanos durante el mandato de Donald Trump. La oficina estadounidense resaltó que los agentes de su gobierno han actuado en territorio soberano, y recomendó al Gobierno mexicano "comunicar sus preocupaciones por las vías diplomáticas, como es habitual". En respuesta, la embajada mexicana publicó un comunicado en el que indica que "tomó nota" de la devolución del documento, y asegura que su emisión se apega a "la función de protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que ambos países son parte, y con pleno respeto a las leyes, autoridades e instituciones de Estados Unidos", al exhortar en él a la empresa que opera el centro de detención a "apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo". Asimismo, la oficina diplomática mexicana asegura que el asunto que motivó la comunicación ha quedado "formalmente planteado por la vía diplomática", durante las reuniones que su titular, Roberto Lazzeri, sostuvo durante la semana pasada con representantes del DOS, del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México, 18 Julio 2026.- En México, la clase política ha aprendido a hablar de las personas migrantes con un lenguaje cuidadosamente construido. Reconocimiento, inclusión, justicia democrática y participación son palabras que aparecen una y otra vez en discursos, iniciativas y ceremonias oficiales. Sin embargo, cuando llega el momento de traducir esas promesas en espacios reales de poder, las coincidencias terminan y las contradicciones comienzan. La iniciativa presentada por el diputado Juan Estuardo Rubio Gualito para adicionar un artículo 20 Bis al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México es un ejemplo revelador de esa paradoja. El legislador sostiene que la reforma busca fortalecer la Diputación Migrante y brindar mayor certeza jurídica a la representación política de los capitalinos que viven en el extranjero. Sobre el papel, el objetivo parece incuestionable: reconocer a millones de mexicanos que mantienen un vínculo permanente con su país y cuya contribución económica, social y cultural resulta indispensable. Pero detrás de ese discurso institucional surge una pregunta inevitable: ¿cómo puede hablarse de fortalecimiento cuando las propias organizaciones migrantes advierten que las reformas electorales recientes han abierto espacios para debilitar la figura que supuestamente se pretende proteger? Ésa es la contradicción central de la propuesta. Durante años, organizaciones binacionales como Fuerza Migrante y diversos colectivos de mexicanos en el exterior han insistido en que el problema nunca ha sido la falta de reconocimiento simbólico. El Estado mexicano reconoce a los migrantes cada vez que presume el volumen histórico de las remesas; los reconoce cuando celebra su aporte al desarrollo nacional y cuando los presenta como un ejemplo de esfuerzo y resiliencia. Lo que sigue sin reconocer plenamente es su derecho a participar en las decisiones políticas que afectan el presente y el futuro del país. La iniciativa del diputado Rubio Gualito pone el acento en la “certeza jurídica”, pero precisamente ahí aparece una de sus mayores debilidades. Para las organizaciones migrantes, la experiencia reciente demuestra que las reformas electorales, tanto locales como federales, han dejado abiertas interpretaciones ambiguas sobre el alcance, la permanencia y el funcionamiento de la Diputación Migrante. La incertidumbre no desaparece por el simple hecho de incorporar un nuevo artículo a la ley. La certeza jurídica solo existe cuando las normas establecen garantías explícitas, mecanismos de protección y criterios inequívocos que impidan cualquier retroceso. Y eso es justamente lo que hoy preocupa a quienes han luchado durante décadas por conquistar espacios de representación política. Porque la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿qué garantías concretas ofrece esta reforma para asegurar que la Diputación Migrante no quede sujeta a futuras interpretaciones políticas o partidistas? ¿Dónde están los candados legales que protejan su permanencia? ¿Cómo se garantizará que quienes ocupen ese espacio representen auténticamente a las comunidades mexicanas en el exterior y no únicamente a los intereses de las estructuras partidistas? Hasta ahora, las respuestas no son claras. El choque entre la iniciativa y las demandas de las organizaciones migrantes no se encuentra en el reconocimiento de la importancia de la diáspora; en ese punto prácticamente todos coinciden. La diferencia radica en la profundidad de ese reconocimiento. Mientras el discurso oficial habla de inclusión y justicia democrática, las comunidades migrantes exigen algo mucho más concreto: una representación robusta, vinculante y blindada jurídicamente. No se trata de una exigencia menor. Millones de mexicanos que viven fuera del país sostienen economías enteras mediante el envío de remesas, impulsan proyectos comunitarios, mantienen vivas las tradiciones y continúan participando activamente en la vida pública de sus lugares de origen. Paradójicamente, quienes contribuyen de manera decisiva al desarrollo nacional siguen enfrentando obstáculos para ejercer plenamente sus derechos políticos. Reducir el debate a la existencia de una diputación equivale a ignorar la verdadera dimensión del problema. Lo que está en juego es el reconocimiento de la comunidad migrante como un actor político de pleno derecho y no como una figura simbólica útil para el discurso institucional. Sígueme en mis redes sociales: @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542

Redacción Tijuana, 17 de julio de 2026.- Con el fin de fortalecer los principios de transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas y participación ciudadana en el ámbito municipal, mediante la apertura efectiva de las sesiones de Cabildo y la difusión anticipada de los asuntos que serán discutidos en las mismas, la diputada Teresita Ruiz propuso modificar el artículo 5 de la Ley del Régimen Municipal de Baja California. La representante del Distrito VI resaltó que aunque actualmente las sesiones son públicas, existe dificultad para que la ciudadanía tenga acceso efectivo a la información discutida y aprobada por sus representantes, lo que limita la supervisión social y reduce la posibilidad de una participación informada, situación que consideró que debe corregirse para garantizar un gobierno municipal más cercano y accesible. "La ciudadanía merece saber qué se discute, cómo se vota y qué decisiones se toman en el Cabildo; la publicidad formal no basta si la información no llega de manera clara y oportuna", aseveró Ruiz Mendoza, cuya iniciativa plantea que las sesiones de Cabildo se transmitan en vivo y que los registros audiovisuales se conserven como parte de la memoria institucional, permitiendo una supervisión permanente de la actuación de regidores, síndicos y presidentes municipales. Asimismo, la legisladora propone que los asuntos a tratar se publiquen con anticipación, evitando que decisiones de relevancia pública se adopten sin el debido conocimiento de la población, con lo que se fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones y se avanzará hacia un gobierno más abierto, transparente y cercano a la sociedad.