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Cicuta Jaime Flores Martínez Link Miércoles 3 septiembre del 2025.- Reconocido públicamente por realizar el asqueroso quehacer de “enlazar” acaudalados narcos con políticos tamaulipecos, el abogado Norberto Barrón Barragán, actual secretario particular del gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya seguramente se carcajea del presidente de Estados Unidos Donald Trump. ¡Pareciera que le muestra el dedo medio! Y es que —recientemente— los diputados tamaulipecos hicieron lo impensable al aceptar debatir una iniciativa que busca “darle fuero” a Barrón. ¡Así será de importante! En días pasados el diputado morenista tamaulipeco Eliphaleth Gómez Lozano presentó esa iniciativa que de ser aprobada “evitaría” cualquier acción judicial contra el secretario particular del gobernador. Algún medio de comunicación neoleonés calificó este asunto como “el implícito reconocimiento” del gobernador Américo Villarreal de tener vínculos con organizaciones criminales. Si acaso alguien lo ignora, su actual secretario particular (Norberto Barrón) fue enquistado en ese puesto por el fallecido Sergio Carmona Angulo (el Rey del Huachicol), ejecutado en noviembre del 2021 en una barbería ubicada en San Pedro Garza García Nuevo León. Norberto Barrón era incondicional de Carmona Angulo y se acordó —con el entonces candidato a gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal— el ubicarlo como “su segundo de abordo” en la administración estatal. Está claro que Américo Villarreal no se podía negar si era Barrón el encargado de llevarle las maletas repletas de billetes que le enviaba Carmona. Además, también le llevaba portafolios repletos de dinero enviados desde la sierra de Sinaloa por narcos de alto nivel, entre ellos el Chapo Isidro. Habrá que recordar que antes de ser candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal se desempeñó como delegado estatal de MORENA en Sinaloa en los tiempos que Rubén Rocha Moya era candidato a la gubernatura. Por esos días se conoció que el delegado Américo Villarreal, el candidato Rocha Moya y el ayudante Norberto Barrón viajaban periódicamente a la sierra sinaloense para recibir del Chapo Isidro incontables maletas con dinero. Luego de referir lo anterior debe quedar claro por qué Américo Villarreal defiende tantísimo a Barrón que en Tamaulipas se riega la versión que “fue el gobernador quien le pidió al diputado Gómez que gestionara el fuero para Barrón”. Sería inaudito que un empleado del gobierno tuviera fuero, que en este caso está reservado para representantes populares, entre ellos legisladores, miembros del Poder Judicial, titulares de organismos autónomos y algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Federal. Habrá que señalar que “algunos directores de organismos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y otros servidores públicos ratificados por el Congreso” también serían susceptibles a tener fuero. Sin embargo, habrá que aclarar que “fuero” no es sinónimo de impunidad, pues de comprobarse que incurrió en un delito, entonces se procederá penalmente contra la persona. Mientras que algunos pudieran pensar que difícilmente el actual gobierno federal buscaría encarcelar a Barrón, aunque se conozca su involucramiento con el narcotráfico, otros observadores pueden suponer que ese fuero lo libraría de la furia de Estados Unidos y no es así. El vecino país sabe que Barrón es el vínculo entre los narcos y los gobernadores Américo Villarreal y Rubén Rocha. Para muchos resultaría absurdo que cobijaran a Barrón con fuero porque aún así lo procesaría la justicia estadounidense. En otras palabras, el fuero le serviría de nada a Barrón si cae en manos de Estados Unidos. Cabe la posibilidad que Barrón, el propio Villarreal y los legisladores tamaulipecos crean que “el fuero” le pueda servir y por eso no se entiende porque Barrón le mostraría “el dedo medio” a Trump, claro, en sentido figurado. Positivo Qué bueno que muchos mexicanos tienen confianza que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplirá cabalmente con el objetivo de fondo que es aplicar justicia franca y expedita. Aunque muchos otros están convencidos que la democracia quedó aplastada al llegar los nuevos ministros. Cicuta News.com        Cicuta.com.mx        Twitter: @cicutabc         Facebook: cicuta          YouTube: jaime cicuta columna          Instagram: jaime flores cicuta

Redacción Tijuana, 2 de septiembre de 2025.- "Hacer un testamento es un acto de responsabilidad y amor hacia quienes más queremos", afirmó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien invitó a la ciudadanía a aprovechar las facilidades que ofrece la iniciativa "Septiembre, mes del testamento", como costos reducidos y asesoría legal, con el fin de brindar certeza jurídica y proteger el patrimonio familiar. La mandataria destacó que hacer un testamento "da tranquilidad, porque al dejar por escrito nuestros deseos protegemos a la familia de costosos conflictos legales que pueden evitarse", mientras por otro lado recordó que el documento no es exclusivo de personas adultas mayores, ya que los imprevistos pueden ocurrir en cualquier momento y es mejor tener todo en orden para no heredar conflictos que podrían prolongarse durante años. Por su parte, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, puntualizó que en Baja California operan 84 notarías y que, mediante un convenio con el Colegio de Notarios, en septiembre se exentará el pago de derechos estatales. Las notarías, explicó Álvarez Cárdenas, también aplicarán un descuento en sus honorarios, lo que, sumado a la exención estatal, permitirá a las familias cuidar su economía al hacer el trámite. Para acceder al beneficio solo se requiere presentar una identificación oficial, cubrir el pago de honorarios de la notaría  de su elección y, si se solicita, acudir con testigos.

Redacción Tijuana, 2 de septiembre de 2025.- Con la advertencia de que se castigará con cárcel a los jueces y magistrados que incurran en actos de corrupción, y que habrá sanciones severas para quienes retarden o resuelvan de forma injusta los casos, esta mañana fue instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). La instancia, creada a partir de la reforma al Poder Judicial de la Federación, quedó conformada por Celia Maya García como presidenta, además de Eva Gyvés, Bernardo Bátiz, Isabel García y Rufino León.  En el acto de instalación estuvieron presentes el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entre otros funcionarios. Durante la ceremonia, la presidenta del nuevo órgano afirmó que la función del tribunal no será un mecanismo de "inquisición" para los juzgadores, incluyendo a los que no estén de acuerdo con la reforma judicial, y que tampoco se trata de una instancia más para revisar las sentencias, sino que vigilará la conducta de las personas impartidoras de justicia, con elementos como la agilidad en los procesos judiciales, el trato al público y los colaboradores, el cumplimiento de los reglamentos, entre otros temas. Por su parte, León Tovar afirmó que el TDJ pretende desterrar "de una vez por todas la idea de que en México solo tienen acceso a la justicia quienes tienen poder o dinero".

Redacción Tijuana, 2 de septiembre de 2025.- El Viaducto Elevado de Tijuana estará abierto en diciembre, reiteró este martes la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la víspera, durante su primer informe de gobierno estableció el plazo para concluir la obra que inició su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. La mandataria señaló que "estamos haciendo todo lo posible, los ingenieros militares, para abrir el viaducto, que ha tenido sus problemas; porque como pasa justo por la aduana (...) se puede trabajar tres horas al día nada más, para no afectar el cruce". Durante su conferencia matutina de hoy, Sheinbaum Pardo anunció además que en el marco de su primer informe visitará "todas las entidades de la República, en tres semanas y media, a hacer un informe particular de la entidad; ahí le vamos a informar a la gente, vamos con los gobernadores". Agregó que la gira de rendición de cuentas iniciará este viernes 5 de septiembre, y que para incluir todos los estados durante el recorrido, visitará en promedio tres entidades por día. En ese contexto, puntualizó que estará en esta frontera donde, resaltó, el Viaducto Elevado es una obra "que ya desde hace rato necesita Tijuana".

Redacción Tijuana, 2 de septiembre de 2025.- Ante el alto índice de accidentes viales mortales en la entidad, donde este tipo de incidentes representa la segunda causa de muerte entre jóvenes de 16 a 24 años, el Congreso del Estado emitió un atento exhorto a los Ayuntamientos, a la Secretaría de Salud del Estado, a la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California y al Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA), para que en coordinación y atendiendo a sus respectivas facultades, implementen cursos teórico-prácticos y escuelas de manejo dirigidas a jóvenes y personas que tramiten por primera vez la licencia de conducir. La propuesta fue presentada por la diputada Michel Sánchez, quien argumentó que en 2022, Baja California ocupó el primer lugar nacional en tasa de muertes por accidentes por cada 100 mil habitantes, según el INEGI. Los accidentes automovilísticos constituyen cerca del 30% de las defunciones de jóvenes en las edades mencionadas, lo que impacta significativamente al sistema de salud pública. La legisladora señaló que existen antecedentes que constatan que dichos cursos se han llevado a cabo con éxito en diversos municipios, implementados por la Secretaría de Salud y en coordinación con el COEPRA. Algunos de estos programas han otorgado descuentos o acceso gratuito a licencias tramitadas por primera vez, lo que ha contribuido a que las y los jóvenes obtengan mejores capacidades y habilidades al volante, además de cumplir con la ley al contar con este documento. El punto de acuerdo aprobado exhorta a las alcaldesas y alcaldes de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, San Quintín y San Felipe, así como al secretario de Hacienda, Marco Moreno, y al de Salud del Estado de Baja California, Adrián Medina, para que, a través del COEPRA y en el marco de sus respectivas competencias, desarrollen e implementen programas de cursos de manejo dirigidos a jóvenes y personas que tramiten su licencia por primera vez, incluyendo descuentos en el pago de las licencias para quienes los acrediten. "Con esta iniciativa, el Poder Legislativo de Baja California reafirma su compromiso con la salud pública, la protección de la juventud y el bienestar social, impulsando una estrategia integral de formación vial para reducir siniestros y salvaguardar vidas", concluyó Sánchez Allende.

Por Víctor M Aviña Alva Tijuana BC 02 de septiembre de 2025.- Cuando hablamos de pantallas, la conversación a menudo se centra en dos grandes contendientes: OLED y LCD. Ambas tecnologías han dominado el mercado durante años, ofreciendo imágenes impresionantes, ya sea con los negros perfectos de las pantallas OLED o con el brillo intenso de las LCD con retroiluminación. Pero la industria de la tecnología de visualización nunca se detiene. En el horizonte, una nueva tecnología promete combinar lo mejor de ambos mundos y, en el futuro, quizás hacerlos obsoletos. Estamos hablando de las pantallas micro-LED. Aunque aún no están en los televisores de la mayoría de los hogares, las pantallas micro-LED ya están causando un gran revuelo por su capacidad para ofrecer un brillo y un color asombrosos sin los problemas de durabilidad de las tecnologías actuales. Hoy vamos a desentrañar qué son estas pantallas, por qué son una alternativa tan superior y si realmente tienen el potencial de reemplazar a las OLED y LCD en el futuro cercano. ¿Qué son las pantallas micro-led? Un paso más allá del led Una pantalla micro-LED está compuesta por millones de diminutos LED microscópicos, que son más pequeños que un cabello humano. A diferencia de las pantallas LCD, que necesitan una luz de fondo, y de las OLED, que usan diodos orgánicos, las micro-LED son autoluminiscentes. Esto significa que cada uno de esos millones de LED es un píxel que se ilumina por sí mismo. Esta simple, pero revolucionaria, diferencia les da una serie de ventajas impresionantes: ●             Brillo y contraste: Los micro-LED son mucho más brillantes que los OLED y los LCD. Al ser autoluminiscentes, pueden lograr niveles de brillo y contraste mucho más altos que las pantallas LCD, sin necesidad de una luz de fondo que pueda causar fugas de luz. ●             Negros perfectos: Al igual que las pantallas OLED, los micro-LED pueden apagar completamente los píxeles individuales, logrando un negro absoluto. Esto ofrece un contraste infinito y una calidad de imagen asombrosa. ●             Durabilidad y sin "quemado": Las pantallas OLED pueden sufrir un problema conocido como "quemado" (burn-in), donde una imagen estática deja una marca permanente. Los micro-LED, al ser diodos inorgánicos, no tienen este problema, lo que los hace ideales para pantallas que muestran información estática por mucho tiempo, como las de los aeropuertos o las de publicidad. ●             Eficiencia energética: Los micro-LED son extremadamente eficientes en el uso de la energía, lo que es crucial para dispositivos portátiles y de realidad aumentada. ¿Cuál es la trampa? Los desafíos de la producción Si las pantallas micro-LED son tan superiores, ¿por qué no las tenemos ya en todos nuestros dispositivos? El principal obstáculo es la fabricación. Para crear una pantalla 4K, se necesitan 25 millones de micro-LED (tres para cada píxel, rojo, verde y azul). Montar estos LED, que son más pequeños que un glóbulo rojo, en un panel, con una precisión del 100%, es una tarea increíblemente difícil. Este proceso, conocido como "transferencia masiva", es lento y costoso, lo que hace que la producción sea muy cara y con un alto índice de errores. Actualmente, las pantallas micro-LED solo son viables para aplicaciones de nicho y de lujo, como los televisores modulares gigantes que cuestan cientos de miles de dólares. A pesar de los desafíos, la investigación en la producción a gran escala está avanzando rápidamente. Empresas como Samsung, Apple y LG están invirtiendo miles de millones en esta tecnología, con la esperanza de miniaturizar aún más los componentes y hacer el proceso de transferencia masiva más eficiente. Se proyecta que el mercado global de pantallas micro-LED alcance los 22.5 mil millones de dólares para el año 2028, con un crecimiento anual compuesto superior al 80%, a medida que la tecnología madure y se vuelva más asequible para su uso en productos de consumo masivo (Fuente: MarketsandMarkets, "Micro-LED Display Market - Global Forecast to 2028", reporte de 2023). Finalizando: Una visión para el futuro Es poco probable que las pantallas micro-LED reemplacen a las LCD y OLED de la noche a la mañana. La tecnología OLED ha avanzado mucho en brillo y durabilidad, mientras que las LCD siguen siendo una opción asequible y brillante. Sin embargo, a medida que la producción de micro-LED se vuelva más eficiente, es inevitable que esta tecnología comience a aparecer en dispositivos de alta gama. El futuro de las pantallas podría ser uno donde la tecnología micro-LED se use para relojes inteligentes, teléfonos y televisores de alta gama, mientras que las tecnologías existentes sigan cubriendo el resto del mercado. Lo que sí es seguro es que la era de las pantallas micro-LED ya ha comenzado, prometiendo una calidad de imagen sin precedentes que podría cambiar la forma en que vemos el mundo digital.

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México 02 de septiembre de 2025.- Recientemente la publicación de un prestigiado medio español (El País) ofreció datos sobre la informalidad laboral en México, y confirma lo que sindicatos, académicos y organismos internacionales vienen advirtiendo desde hace décadas: la precariedad laboral no es una consecuencia coyuntural, sino un rasgo estructural del modelo económico mexicano. Vayamos a los indicadores: El 54.8 % de los trabajadores se desempeña hoy en la informalidad: más de 32.6 millones de personas y carecen de seguridad social, estabilidad contractual y protección sindical. En regiones como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, tres de cada cuatro trabajadores viven del empleo informal. Estas cifras no solo describen un rezago histórico, sino también la incapacidad del Estado para articular políticas regionales que ataquen las raíces de la desigualdad: falta de inversión productiva, rezago educativo y abandono del campo. La informalidad en estas zonas perpetúa un círculo vicioso: bajos ingresos, nulo acceso a derechos y migración forzada, tanto interna como hacia Estados Unidos. El dato de participación laboral es revelador: mientras el 75 % de los hombres forma parte de la fuerza de trabajo, solo el 46 % de las mujeres lo hace. La mayoría se inserta en sectores históricamente invisibilizados y desprotegidos como el servicio doméstico remunerado, que mantiene condiciones cercanas a la servidumbre moderna. A esto se suma la persistencia de la pobreza laboral en 35.1 %, indicador que demuestra que, incluso trabajando, millones de mexicanos no logran adquirir la canasta alimentaria básica. Lo que hay son políticas fragmentadas y soluciones cosméticas. El gobierno federal celebró recientemente la incorporación de dos millones de trabajadores de plataformas digitales al sistema de seguridad social. Aunque este paso es positivo, resulta insuficiente. Se trata de una medida parcial frente a un océano de precariedad: el grueso de la informalidad no proviene del “nuevo empleo digital”, sino de sectores tradicionales —comercio ambulante, agricultura de subsistencia, talleres familiares— donde la acción del Estado ha sido mínima o inexistente. Además, la formalización de los trabajadores de plataformas ha estado marcada por tensiones: las empresas buscan limitar su responsabilidad laboral y las regulaciones llegan tarde frente a un modelo global que muta constantemente. En otras palabras, se resuelve una arista, pero se descuida el núcleo del problema: la ausencia de un pacto social robusto que garantice derechos universales independientemente del tipo de empleo. La dimensión sindical e internacional La informalidad erosiona no solo la vida de los trabajadores, sino también la capacidad de los sindicatos para organizarse. Más de la mitad de la fuerza laboral está fuera del radar sindical, sin derecho a negociación colectiva ni posibilidad de exigir condiciones justas. Esto coloca a México en una posición débil frente a compromisos internacionales, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige avances verificables en materia laboral. En un contexto de reconfiguración del trabajo a escala global —automatización, empleo de plataformas, transición energética—, México enfrenta el riesgo de consolidar una doble economía: una formal, conectada con los mercados globales y protegida por el T-MEC, y otra informal, masiva, que sostendrá la vida cotidiana de millones sin derechos ni futuro. La persistencia de la informalidad en más de la mitad de la población trabajadora no es un problema técnico: es una decisión política. Mientras no exista una estrategia nacional integral que combine inversión productiva, políticas fiscales redistributivas, fortalecimiento sindical y cobertura universal de derechos sociales, la informalidad seguirá siendo la norma. La informalidad laboral no es simplemente una cifra que fluctúa de un año a otro. Es la evidencia de que México no ha construido aún un Estado laboral moderno. La pregunta que debe incomodar al poder político es clara: ¿cómo puede un país que presume estabilidad macroeconómica y tratados comerciales de vanguardia sostenerse sobre una base donde más de la mitad de sus trabajadores carece de derechos fundamentales? Bueno... Así las cosas. Sígueme en mis redes sociales: https://www.facebook.com/daniel.lee.766372/

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México 02 de septiembre 2025.- En México, la migración se nombra, pero no se reconoce en toda su complejidad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho de los migrantes mexicanos en Estados Unidos una metáfora de “héroes y heroínas de la patria”, pero apenas dedica palabras a los miles de extranjeros que buscan refugio, empleo o un proyecto de vida en territorio nacional. Entre tanto, tenemos una Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), debilitada presupuestalmente, opera con páginas web desactualizadas desde 2016, oficinas desplazadas por presiones vecinales y redes sociales que promueven actos de sus funcionarios más que información útil. Ese vacío institucional lo ocupan estafadores que venden turnos, abogados que lucran con la desesperación y cuentas falsas en TikTok que ofrecen “residencias exprés” o “visas canadienses” a cambio de cientos de dólares. El Estado, al no informar, es cómplice pasivo de ese mercado de la desinformación. El efecto no es menor: migrantes sin papeles, solicitudes de refugio acumuladas, tarjetas humanitarias negadas y miles de personas a la deriva en un país que les pide paciencia mientras les deja en manos de la extorsión. El derecho a la información y al debido proceso, establecido en la ley mexicana y en compromisos internacionales, se incumple de manera sistemática. PERO HAY MÁS. El silencio es más que evidente: de 405 veces que pronunció “migración” en conferencias desde octubre de 2024, apenas dos fueron para referirse a “migrantes en México”. El contraste entre la narrativa oficial del “humanismo mexicano” y la realidad en las calles, oficinas migratorias y albergues es de pena ajena. La retórica solidaria se estrella contra estadísticas que exhiben una maquinaria de contención: más de un millón de detenciones en 2024, miles de deportaciones y un aparato burocrático que, lejos de acompañar, desinforma y abre las puertas a la corrupción, al coyotaje y al crimen organizado. México dejó de ser solo país de tránsito: casi la mitad de quienes ingresan de manera irregular ahora lo ven como destino. Sin embargo, el Estado sigue actuando como si se tratara únicamente de un territorio de paso que debe administrar presiones de Washington. La misión, como reconoce Tonatiuh Guillén, excomisionado del INM, se alinea con los intereses estadounidenses: reducir llegadas y permanencia, sin importar el costo humano. Lo más grave no es solo la omisión, sino la estrategia política detrás de ella. La ausencia de migrantes extranjeros en el discurso presidencial no es casual: invisibilizarlos es la forma más eficaz de justificar políticas restrictivas y alineadas con el endurecimiento fronterizo de Trump y Biden. Bajo esa lógica, mientras los mexicanos en Estados Unidos son exaltados como orgullo nacional, los migrantes en México son tratados como un problema que debe administrarse en silencio. México se encuentra en una encrucijada. Si realmente aspira a un liderazgo regional en derechos humanos, no puede limitarse a ser el guardián fronterizo de Washington ni delegar la vida de miles de personas a la corrupción y la desinformación. La contradicción es insostenible: un país que exige dignidad para sus connacionales en el exterior, pero que niega orientación y certeza jurídica a quienes llegan a su territorio. El reto no es menor: construir una política migratoria que reconozca que México ya no es solo un país de emigración, sino también de destino. Eso implica dotar a COMAR e INM de recursos y transparencia, garantizar información clara y accesible, y asumir de frente el debate público. Mientras la migración extranjera siga ausente de la retórica presidencial, seguirá siendo terreno fértil para estafadores, abusos y violaciones de derechos humanos. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse el discurso del “humanismo mexicano” cuando las cifras, los vacíos institucionales y los testimonios en Naucalpan, Tapachula o Monterrey hablan de todo lo contrario? Además, de dotar de más recursos, de más dinero a organismos como la COMAR y el INM, quien garantiza que estos sean ejercidos correctamente y sin corrupción como ha ocurrido de manera descarada en la presente y la pasada administración que, poco o nada les importó la suerte de nuestros paisanos en EU. Sígueme en mis redes sociales: https://www.facebook.com/daniel.lee.766372/

Por Daniel Lee Vargas Ciudad de México 1 Septiembre 2025.- La batalla apenas comienza. Pero por ahora, la justicia ha recordado que los migrantes no son números, sino personas con derechos. Me refiero al fallo de la jueza federal Jia Cobb frente a la llamada deportación exprés, que no solo frena una política de la administración Trump, sino que da un manotazo sobre la mesa en un sistema profundamente restrictivo hacia los migrantes. Pero vayamos al punto: La llamada “deportación acelerada” nació como un mecanismo excepcional, limitado a las fronteras y a recién llegados, pero Donald Trump buscó convertirla en un arma de deportación masiva en el interior del país. Su proyecto consistía en borrar la frontera legal entre quienes acaban de llegar y quienes ya han comenzado a echar raíces en Estados Unidos, reduciendo vidas a simples expedientes administrativos, sin jueces ni audiencias, sin oportunidad de defensa. La jueza Cobb lo dijo con claridad: no se trata de cuestionar la constitucionalidad de la ley, sino de señalar que expandirla sin garantías mínimas equivale a un atropello a derechos fundamentales. En otras palabras, no basta con proclamar una política dura contra la migración irregular; el Estado tiene la obligación de respetar procedimientos justos, incluso para aquellos que el discurso oficial intenta criminalizar. El fallo tiene también una dimensión política ineludible. Trump ha prometido la mayor operación de deportación interna en la historia, con la meta de expulsar a un millón de personas en un año. Más que un plan de “seguridad”, se trata de un proyecto de ingeniería social autoritaria: instalar el miedo como política migratoria, debilitar comunidades enteras y enviar el mensaje de que la vida de millones de trabajadores migrantes es desechable. La defensa que emprendieron organizaciones como Make the Road New York y la ACLU muestra que la resistencia jurídica y social sigue viva. La suspensión de la medida no elimina la amenaza —es casi seguro que la decisión será apelada—, pero abre una grieta en la narrativa de inevitabilidad que Trump busca imponer. Este episodio revela un dilema central: ¿qué tanto puede un gobierno restringir derechos fundamentales bajo el pretexto de aplicar la ley migratoria? La respuesta de la jueza Cobb es contundente: ningún poder ejecutivo puede erigirse por encima del debido proceso. El internacionalismo nos obliga a leer este caso en clave más amplia. Cuando Estados Unidos pretende exportar al mundo la defensa de los “valores democráticos”, debería recordar que la dignidad humana no puede ser selectiva ni instrumental. Las deportaciones aceleradas, sin jueces ni defensa, son un espejo incómodo: revelan la contradicción entre el discurso y la práctica, entre la democracia que se predica y el autoritarismo que se aplica contra los más vulnerables. Sígueme en mis redes sociales: https://www.facebook.com/daniel.lee.766372/

Redacción Tijuana, 1 de septiembre de 2025.- El servicio al pueblo y no intereses económicos o de poder, será lo que guíe a los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó este lunes Hugo Aguilar, quien a partir de hoy será el presidente del tribunal, tras la elección judicial del pasado 1 de junio. El ministro presidente aseguró que será "una corte distinta, una corte diferente a las anteriores", en la que "el pensamiento y el corazón" no serán guiados por "el poder ni el dinero". Las declaraciones de Aguilar Ortiz fueron realizadas durante la ceremonia de consagración de los bastones de mando que se entregarán a los magistrados durante otro acto que se llevará a cabo esta tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, previo a la toma de protesta de los miembros del tribunal ante el Senado, que se realizará esta noche. Además de Aguilar Ortiz, abogado mixteco, la nueva Corte estará integrada por Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes pertenecían al tribunal previo; Sara Herrerías, quien perteneció a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR; Estela Ríos, quien durante años ha estado en puestos de Gobierno y es cercana al expresidente López Obrador; Giovanni Figueroa, cuya trayectora es de carácter académico; Arístides Guerrero, exintegrante del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, e Irving Espinosa, quien fue magistrado anticorrupción en la Ciudad de México.

Redacción Tijuana, 1 de septiembre de 2025.- Por tercera ocasión, el magistrado Alejandro Fragozo fue designado presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Baja California (TSJE), por decisión unánime y al ser el único candidato para el encargo. Durante los primeros minutos de este día, 148 juezas y jueces, y 24 magistradas y magistrados rindieron protesta ante el Congreso bajacaliforniano, en sesión extraordinaria de la Legislatura, y tras las primeras elecciones judiciales, realizadas en junio pasado. Algunos de los juristas se integraron al Poder Judicial por primera ocasión, mientras otros fueron reelectos. Tras el acto de protesta realizado en el Congreso local, las y los magistrados se trasladaron al edificio sede del Poder Judicial, donde instalaron el Pleno y el Consejo de Administración, para el que también se designó titular a Fragozo López. Además se definieron seis salas de Segunda Instancia, de las que tres son penales, dos civiles y una más se especializa en justicia para adolescentes.

Redacción Tijuana, 1 de septiembre de 2025.- La población mexicana en pobreza está en su nivel más bajo en al menos cuatro décadas, afirmó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su primer informe de gobierno, en el que señaló que entre 2018 y 2024 el índice de pobreza disminuyó de 41.9% a 29.5% de la población. "Hoy vengo a rendir cuentas no con palabras vacías, sino con resultados que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente López Obrador, que no solo separó el poder político del poder económico, sino que con un nuevo proyecto de justicia social, sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas", indicó la mandataria. Asimismo, Sheinbaum Pardo destacó las 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes aprobadas en los últimos 12 meses, con las que, aseguró, se resarce "una parte del daño provocado por el periodo neoliberal y [se] fortalecen los derechos sociales, la sustentabilidad, la soberanía, la libertad y la democracia". Entre las reformas constitucionales que nombró, están la del Poder Judicial, con la que a través de elección popular se nombró a ministros, jueces y magistrados; la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa; el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.  Además, la anulación de algunas reformas de 2013 para recuperar a Pemex y la CFE como empresas del pueblo de México; reformas al artículo 28 para permitir servicios de internet públicos de manera directa; cambios constitucionales para promover la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial; la modificación al artículo 28 para garantizar los trenes operados por empresas públicas, y establecer como derechos constitucionales los programas de Bienestar, entre otras.