Un año de Trump y la consolidación de la mayor máquina de deportación en la historia de Estados Unidos

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 16 Enero 2026.- A punto de cumplir su primer año de gestión, el presidente Donald Trump ha dejado una huella profunda —y preocupante— en la política pública estadounidense. Pocas administraciones, en tan corto tiempo, han ejecutado transformaciones tan abruptas y de alto impacto, particularmente en materia migratoria. Para México y, sobre todo, para los más de 11 millones de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, este año ha marcado un punto de inflexión.

Por primera vez en la historia reciente, la migración no es solo un tema recurrente del discurso político, sino el eje central de la acción gubernamental. Sin embargo, lejos de una visión integral o humanitaria, el enfoque ha sido uno solo: control, persecución y deportación.

$120 mil millones para perseguir migrantes

El dato es contundente: el Congreso estadounidense aprobó más de 120 mil millones de dólares para un periodo de cuatro años destinados a reforzar las agencias encargadas del control migratorio. Nunca antes ICE, la Patrulla Fronteriza (CBP) y otras dependencias habían contado con un presupuesto de esta magnitud.

Estos recursos permiten:

Incrementar miles de plazas de agentes migratorios.

Adquirir flotas aéreas para deportaciones masivas.

Construir y ampliar centros de detención.

Desarrollar bases de datos interconectadas con información fiscal, laboral y de seguridad social.

Para los migrantes mexicanos, esto significa una vigilancia permanente, incluso en espacios que antes se consideraban relativamente seguros: lugares de trabajo, trámites administrativos, hospitales o escuelas.

La frontera se mueve al interior

Ante la reducción de cruces en la frontera sur, la Patrulla Fronteriza ha comenzado a operar dentro del territorio estadounidense, apoyando directamente a ICE en operativos urbanos. Esto ha diluido las fronteras institucionales y ha normalizado la presencia de fuerzas federales migratorias en ciudades con alta población mexicana como Los Ángeles, Houston, Chicago, Phoenix o Nueva York.

Al mismo tiempo, USCIS, la agencia encargada de visas y procesos migratorios, ha endurecido sus prácticas:

Revisión de redes sociales de solicitantes.

Búsqueda activa de presuntos fraudes.

Revocación de visas por antecedentes menores o actividades consideradas “contrarias a los intereses del gobierno”.

Para miles de mexicanos con visas de trabajo, estudio o procesos en trámite, esto ha generado incertidumbre jurídica y temor constante.

Diplomacia y Fuerzas Armadas al servicio de la deportación

El endurecimiento no se limita al ámbito interno. El Departamento de Estado ha priorizado el control migratorio como eje de su política exterior, firmando acuerdos con más de 20 países para la recepción de migrantes deportados a terceros países, incluido México, que sigue funcionando como territorio de contención.

Por su parte, el Departamento de Defensa ha colaborado con:

Aviones militares para deportaciones.

Efectivos desplegados en frontera.

Apoyo logístico a operativos internos.

La migración, en los hechos, ha sido militarizada.

El poder de los datos: la pieza clave del sistema

Uno de los elementos más delicados —y menos visibles— es el acceso de ICE a bases de datos fiscales, laborales y del sistema de seguridad social. Esta interconexión permite identificar quién trabaja, quién paga impuestos y quién carece de estatus legal.

A largo plazo, esta inteligencia de datos podría convertirse en el corazón de la máquina de deportación, permitiendo localizar comunidades enteras de migrantes mexicanos que durante años han contribuido a la economía estadounidense sin reconocimiento legal.

Policías locales como brazo ejecutor

Dado que ICE cuenta con un número limitado de agentes, la cooperación con policías estatales y locales se ha vuelto estratégica. Programas de colaboración han reactivado detenciones migratorias por infracciones menores: una luz trasera rota, una parada de tránsito, una llamada de rutina.

Para los migrantes mexicanos, esto implica que cualquier contacto con la autoridad puede convertirse en una antesala de la deportación.

¿Una máquina sostenible?

Aunque las deportaciones todavía no alcanzan cifras récord, los números muestran una tendencia al alza. En 2026, los efectos de esta infraestructura comenzarán a sentirse con mayor fuerza. Aun si solo se logra identificar a una fracción de los más de 14 millones de personas indocumentadas, el impacto humano y social será enorme.

Las encuestas ya reflejan un cambio de percepción: mientras al inicio de la administración la mayoría de los deportados tenía antecedentes criminales, hoy menos de un tercio los presenta. La deportación de trabajadores, padres de familia y personas sin historial delictivo comienza a generar escepticismo social.

Trump, político pragmático y atento a su base electoral, enfrenta un dilema:

¿Mantener intacta la máquina de deportación que él mismo impulsó, o imponerle límites antes de que el costo político y humano se vuelva insostenible?

Para millones de migrantes mexicanos, la respuesta no es abstracta: de ella depende su permanencia, su estabilidad familiar y su derecho a una vida digna en el país que ayudaron a construir.

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