Redacción
Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) solicitó a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe) atender la situación de elementos de seguridad y custodia penitenciaria del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa. Dicho personal exigió en una manifestación el pasado 19 de abril mejoras a sus condiciones laborales como incremento salarial y el resguardo de su seguridad al enfrentar situaciones de riesgo durante su labor.
Miguel Mora, titular de la CEDHBC, informó que en el sitio se documentó la carencia de personal de seguridad, vigilancia y custodia penitenciaria, lo que dificulta mantener el orden, y además garantizar y resguardar la integridad física de las personas privadas de la libertad, de quienes laboran en el lugar y de los visitantes. Asimismo se documentó la exigencia de alimentación e instalaciones dignas; la necesidad de adquisición de equipo y material para que el personal cumpla con sus funciones, así como insumos y personal médico y medicamentos suficientes para garantizar el derecho a la protección de la salud, entre otras condiciones que se necesita atender.
Con base en lo anterior se solicitó a la autoridad penitenciaria la adopción de medidas cautelares, entre las que se encuentran la instrucción al personal directivo y administrativo de la Cesispe que se abstenga de tomar represalias contra el personal de seguridad que se manifestó en el exterior del centro, así como el cambio de condiciones laborales. También se solicita realizar un diagnóstico de puntos de seguridad para garantizar el óptimo desempeño de las medidas de seguridad y custodia en el penal.
Además se hace un llamado a contratar personal y adoptar las acciones suficientes para cubrir las necesidades del servicio de seguridad y custodia penitenciaria. De forma simultánea, informó la CEDHBC, se integra un expediente de queja a favor de las personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario de Tijuana, a raíz de los reclamos que han hecho respecto a la falta de atención médica, disminución y demora en la entrega de alimentos, y amenazas e intimidaciones que han recibido por parte del personal del penal.